Rubalcaba propone una brigada antifraude

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, intenta mantener la iniciativa en la lucha contra la corrupción. Hace dos semanas hizo una propuesta de pacto a todos los partidos, incluso antes de que estallara el caso Bárcenas, y este domingo dio un paso más con la presentación en Bilbao de cuatro medidas concretas de reformas legales para hacer frente a la corrupción.

Las medidas propuestas por el líder socialista se refieren al control previo de la actuación de las Administraciones, al cumplimiento de las condenas, a la financiación de los partidos y a la investigación de los supuestos delitos cometidos. Sería necesario modificar, al menos, el Código Penal, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la de Enjuiciamiento Criminal y la de Financiación de Partidos. Rubalcaba se anticipa así a las medidas concretas que tiene previsto presentar el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el debate sobre el estado de la nación del día 20 y también a las de regeneración que preparan los socialistas para su conferencia política de octubre.

El PSOE propone la creación de una Oficina Anticorrupción compuesta por “inspectores del máximo nivel” con la misión de controlar las Administraciones públicas, con inspecciones sin previo aviso y para disuadir a quienes estén dispuestos a delinquir. Para ello, las comunidades autónomas y los Ayuntamientos deben sumarse mediante convenios que permitirían a estos inspectores controlar con carácter previo los contratos o adjudicaciones que se hagan.

“Prevenir la corrupción es poner más controles para que los que quieran corromperse tengan miedo de que les puedan pillar”, dijo gráficamente el líder de la oposición. Rubalcaba hizo un paralelismo entre la oficina antifraude y las unidades de asuntos internos que vigilan en el seno de los cuerpos de policía, dibujando una brigada de “hombres de negro” que por sorpresa y aleatoriamente trabajen en el control de las actividades en las Administraciones públicas.

La segunda medida tiene que ver con la jurisdicción para la investigación y enjuiciamiento de estos casos, que serían atribuidos a la Audiencia Nacional. Ahora, con el final del terrorismo, la Audiencia ha perdido carga de trabajo y solo tiene competencia para casos de corrupción en delitos muy concretos y cuando afecten a distintas comunidades.

Por ejemplo, el caso Gürtel y sus ramificaciones se investigan en distintos sumarios en la Audiencia, en el Tribunal Superior de Madrid y en el de Valencia. Con la propuesta del PSOE, una investigación como esta se unificaría en un juzgado central de la Audiencia. Ocurriría lo mismo con el caso Urdangarin que ahora se investiga en un juzgado de Palma de Mallorca y se juzgará en Baleares. El objetivo es acabar con la dispersión de los sumarios por delitos relacionados con la corrupción en distintos juzgados, para agilizar las investigaciones y unificar los criterios.

Se evitaría también que la proximidad entre los jueces y los políticos implicados diera apariencia de parcialidad. Por ejemplo, se habló en su momento de la estrecha relación entre Francisco Camps y el entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia de Valencia que debía investigarle y juzgarle, como consecuencia de su necesaria actividad institucional.

La siguiente medida desarrollada por Rubalcaba tiene que ver con el castigo a los corruptores. El secretario general del PSOE concretó que las empresas implicadas en casos de corrupción deben tener cerrado el camino a las contrataciones con la Administración hasta que los directivos condenados cumplan las condenas impuestas por la justicia. “Hay que castigar al que se corrompe y al que corrompe”, concluyó. Se trataría de profundizar en la extensión de la responsabilidad de las personas físicas a las personas jurídicas, en la línea de la última reforma del Código Penal que llevó a cabo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La idea es que la condena a los directivos de esas empresas lleve aparejada la condena de inhabilitación o prohibición para contratar con la Administración para la compañía.

Según explicó, “todo supuesto de corrupción en el ámbito político y administrativo exige la concurrencia de una empresa que persigue un trato de favor en cualquier concurso público o adjudicación pública y está dispuesta, para ello, a ofrecer a un responsable público o a un empleado público compensaciones económicas (regalos, donaciones, comisiones…) siempre que le proporcione el contrato, la concesión, la subvención, la ayuda o la operación urbanística buscada”.

El líder socialista añadió que “se trata de una medida destinada a desalentar a las empresas tentadas de estos comportamientos ante el riesgo de que se vean expulsadas del ámbito de las contrataciones públicas en todo el territorio nacional y respecto de todas las Administraciones: General del Estado, Autonómicas y Locales”.

Por último, Rubalcaba quiere acabar con las donaciones de las empresas a partidos políticos. “Ni privado, ni público, ni transparente, ni no transparente, que las empresas se dediquen a los suyo y no pongan un euro a los partidos”, añadió.

Ahora están prohibidas las donaciones anónimas y no pueden dar dinero a los partidos las empresas que tienen relaciones con las administraciones públicas. Ni siquiera pueden hacerlo a fundaciones vinculadas a los partidos, según la reforma de 2012, y el líder socialista propone extender la prohibición a todas las empresas, sin distinción. Solo podrían donar dinero a los partidos los particulares y siempre identificados de forma pública. En este momento, más del 80% de la financiación de los partidos procede de dinero público. Con la medida propuesta por Rubalcaba sería prácticamente pública toda la financiación de los partidos.

Rubalcaba aprovechó para exponer las medidas su intervención en la clausura del VII Congreso del PSE-EE en Bilbao, en el que fue reelegido Patxi López para su cuarto mandato como secretario general.