El Gobierno pone en marcha el recurso contra la declaración soberanista

Nuevo capítulo en la crisis soberanista. El informe de la Abogacía del Estado solicitado por el Gobierno cree que la declaración aprobada por el Parlamento de Cataluña es inconstitucional. Así lo ha dado a conocer la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, tras el Consejo de Ministros. Ahora, el Ejecutivo pedirá un informe al Consejo de Estado, preceptivo y no vinculante, para decidir si recurre o no el texto ante el Tribunal Constitucional. Santamaría ha advertido que no ligará la decisión del Gobierno al dictamen del órgano consultor. En el informe de la Abogacía, calificado como "muy determinante" por la número dos del Gobierno, se considera que la declaración soberanista vulnera, entre otros preceptos, la "indisoluble unidad de la nación española".

El presidente de la Generalitat, Artur Mas (CiU), no ha tardado en contestar al Ejecutivo: “Les tenemos que recordar que los países tienen derecho a decidir su futuro colectivo y contra eso no hay normas ni leyes”. Según el president, "se trata de un tema de voluntad de la gente y de derechos, unos derechos que todo el mundo tendría que proteger". El portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, ha acusado al Ejecutivo de Rajoy de querer "atentar" contra la expresión democrática y las instituciones catalanas tras conocer el anuncio de la vicepresidenta de Gobierno. "No vemos ningún indicio [de inconstituionalidad], sino solo la voluntad política injustificable de impedir la expresión democrática del pueblo, realizada de acuerdo con el marco legal y con las instituciones", ha asegurado.

Sáenz de Santamaría ha indicado que la Abogacía del Estado ha fundamentado "muy rigurosamente" que la declaración catalana sí es recurrible. La vicepresidenta del Gobierno ha venido a indicar que la declaración del Parlament no es viable. Ha defendido que la única nación que reconoce la Constitución, calificándola además como "indivisible", es la española. También ha apuntado que todos los poderes públicos deben someterse al ordenamiento jurídico. La declaración "produce efectos jurídicos extra al inducir hacia un fin claramente inconstitucional", según ha expresado Santamaría.

Además de atacar "la indisoluble unidad de la nación española" proclamada en el artículo 2 de la Constitución, el texto soberanista vulneraría los artículos 1.2, 9 y 168. En el artículo 1.2 se fija que "la soberanía nacional reside en el pueblo español"; en el 9 se subraya que "los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución" y el 168 recoge el procedimiento para efectuar una reforma agravada de la Constitución. La reforma agravada se lleva a cabo cuando quiere modificarse el Título Preliminar (artículos 1 a 9), los derechos fundamentales y libertades públicas o la Corona.

En el primer pleno de la legislatura, el Parlament de Cataluña aprobó una declaración en la que proclama al pueblo catalán como "sujeto político y jurídico soberano” y reclamó la celebración de una consulta para decidir su futuro político. El texto fue secundado por 85 diputados de CiU, ERC e Iniciativa y la CUP, mientras que 41 diputados del PSC, PP y Ciutadans votaron en contra. Dos diputados de la CUP se abstuvieron para mostrar sus reticencias al texto y otros dos del PP no acudieron a la votación por enfermedad.

El Gobierno de Mariano Rajoy ha mostrado reticencias a la hora de anunciar un recurso al texto. El Tribunal Constitucional ya anuló distintos apartados del Estatuto de autonomía aprobado durante el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Aquel fallo eliminaba cualquier efecto jurídico de la denominación de Cataluña como "nación". Ahora, en la declaración que aprobó el Parlament tras las elecciones del 25 de octubre donde la Cámara mostró una amplia mayoría nacionalista, se proclamaba al pueblo catalán como "sujeto político y jurídico soberano”

El propio Rajoy expresó que el pronunciamiento revestía “cero efectos jurídicos” porque no es más que una declaración. Aun así, el Ejecutivo ha querido cubrirse las espaldas y pedir un informe a la Abogacía del Estado. En un principio, para conocer las consecuencias jurídicas de un hipotético recurso de inconstitucionalidad, pero, como ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, la Abogacía también ha entrado a valorar la constitucionalidad de la declaración.