Seis vocales del PP en el Poder Judicial proponen que haya consejos autonómicos

El pleno del Consejo General del Poder Judicial  ha aprobado, con 15 votos a favor, cinco en contra y una abstención, un texto que defiende que carece de encaje constitucional el anteproyecto de ley que reforma la estructura y funcionamiento del propio Consejo. El texto finalmente aprobado propone al Gobierno, además, la creación de consejos judiciales de ámbito autonómico.

La creación de estos miniconsejos fue avalada por una parte de los vocales propuestos por el PSOE, los dos de CiU y PNV, y, curiosamente también, por seis de los nueve consejeros propuestos por el PP y adscritos todos ellos, salvo uno, a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Estos vocales conservadores (Manuel Almenar, Pío Aguirre, Gemma Gallego, Miguel Collado, Antonio Monserrat y Claro José Fernández Carnicero, éste último no pertenece a la AMP) señalaron que en los próximos días harán un escrito explicando que, aunque han aprobado el citado texto, en realidad no apoyan la creación de lo miniconsejos. Tal  contradicción se explica en el hecho de que el texto que considera inconstitucional el anteproyecto del Gobierno no habría salido adelante si ellos no lo hubiesen votado el añadido de los consejos judiciales autonómicos, propuesto por los consejeros Carles Cruz y Ramón Camps. En contra del texto votaron el vicepresidente Fernando de Rosa y el vocal Antonio Dorado (considerados ambos próximos al ministro Alberto Ruiz Gallardón), la portavoz Gabriela Bravo y los vocales José Manuel Gómez Benítez y Almudena Lastra. Se abstuvo la conservadora Concepción Espejel.

El pleno del Consejo avaló, pues, con las citadas matizaciones, el informe que emitió hace siete días su Comisión de Estudios y que considera inconstitucional el anteproyecto de Ruiz Gallardón, puesto que implica una reducción sustancial del número de vocales con dedicación exclusiva (es decir, dejar los 21 actuales en seis o siete, más el presidente), entre otro cambios de gran calado en el funcionamiento y estructura del Poder Judicial. La Comisión de Estudios del Consejo, por unanimidad, se mostró muy crítica con la reforma de Ruiz Gallardón al entender que supone, entre otras tachas, una subordinación del Poder Judicial al Ejecutivo.

El informe del Consejo no es vinculante para el Gobierno. Este es el segundo anteproyecto legal del Gobierno cuya constitucionalidad cuestiona el Consejo, que también rechazó, en un anterior pleno, determinados aspectos de la reforma del Código Penal. Por ejemplo, la prisión permanente revisables y la libertad vigilada tras el cumplimiento de determinadas condenas por delitos muy graves.

El pleno del Consejo rechazó al inicio de su sesión (con dos votos en contra en uno de los casos y cuatro y dos abstenciones en el otro) los dos textos alternativos que sí apoyaban la constitucionalidad de la citada reforma del Consejo. Uno de esos textos pertenece al vicepresidente de la institución, Fernando de Rosa, y al vocal Antonio Dorado. El otro, al vocal José Manuel Gómez Benítez, que dispuso de la adhesión al mismo de la portavoz, Gabriela Bravo.

El texto suscrito por el vicepresidente De Rosa y por el vocal Dorado sostiene la constitucionalidad de la reforma y consideran que el Gobierno tiene potestad para modificar el modelo de estructura y funcionamiento del Poder Judicial sin que ello implique vulnerar la Constitución ni incida en la independencia de los jueces. En términos parecidos era el texto de Gómez Benítez.

De Rosa y Dorado consideran que la reforma respeta los límites constitucionales y señalan en su texto alternativo que el Ejecutivo puede reformar el Consejo de acuerdo “con la línea política que en cada momento decida”, y que entre las facultades del Poder Judicial no está la de “suplantar la voluntad proveniente de otro poder del Estado, utilizando para ello la potestad que se le confiere para informar los anteproyectos”.