La fiscalía citará a 15 empresarios anotados como donantes del PP
Bárcenas, Trías y Lapuerta testifican hoy en Anticorrupción sobre las cuentas
La Fiscalía Anticorrupción realiza ya preparativos, tras recibir la autorización de la Fiscalía General del Estado, para citar y tomar declaración a la quincena de empresarios que figuran en los apuntes contables manuscritos atribuidos al extesorero del PP Luis Bárcenas. Un listado en el que se detallan donativos superiores a cinco millones de euros entre los años 1990 y 2008. La mayoría de esas aportaciones, de empresas constructoras, superarían los límites legales en aquel periodo. Las empresas mencionadas han negado esos ingresos. La fiscalía se prepara para dar ese paso tras reclamar toda la documentación solicitada ya a la Agencia Tributaria, dependiente del Ministerio de Hacienda, y al Tribunal de Cuentas sobre la contabilidad del PP.
Tras conocer las últimas informaciones sobre los papeles de Bárcenas publicadas en EL PAÍS, el objetivo de la fiscalía es abrir una causa específica en la Audiencia Nacional, distinta a la existente sobre la presunta financiación del PP que ya se sigue desde hace años en Gürtel. Sobre todo para agilizar los trámites. La meta sería resolver todas las pesquisas previas antes de esta próxima Semana Santa, para determinar si se abre o se archiva esa causa.
Pero, por ahora, en las diligencias informativas abiertas por la Fiscalía Anticorrupción el 24 de enero, el planteamiento es más simple: existe un listado de empresarios que figuran en los manuscritos de Bárcenas y que aportan sumas que nunca podrían ser declaradas oficialmente porque, en su mayoría, superaban el tope que un donante podía permitirse y, por otro lado, no podían realizar tales entregas, ya que tenían contratos públicos con la Administración, y la ley de financiación de partidos prohíbe ese supuesto.
La presunta conducta ilegal en la que se quiere concentrar la fiscalía con estas pesquisas es en si hubo donaciones de las empresas a cambio de contratos públicos, porque abriría otro abanico penal: con presuntos delitos de cohecho, prevaricación y malversación y tráfico de influencias. Aunque la investigación, impulsada por el fiscal del Estado, Eduardo Torres Dulce, y el fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, también aprovechará para constatar si hubo vulneración de la ley de partidos o un supuesto delito fiscal por pagos en B, presumiblemente ya prescrito.
Antes de llegar a ese paso, la fiscalía quiere cumplir su calendario de actuaciones. Hoy mismo los fiscales del caso tomarán declaración oficial al exdiputado popular Jorge Trías Sagnier, que confirmó, en un artículo y una entrevista en EL PAÍS, la existencia de sobresueldos opacos. También se ha citado hoy al propio Bárcenas, el extesorero que anotó pagos periódicos a dirigentes del PP entre 1990 y 2008 en un manuscrito cuya grafía han autentificado varios expertos y que él niega. La fiscalía tiene prevista la citación de su veterano antecesor, Álvaro Lapuerta, de 85 años, el histórico responsable de las finanzas del PP. Lapuerta también ha negado esos pagos. Todos esos testimonios, junto con el libro contable de Bárcenas, serán cruzados con dos bases de datos oficiales: los datos dados por el PP a Hacienda y al Tribunal de Cuentas desde 2000 y hasta de años anteriores.
La fiscalía ya prevé que tanto Trías como Bárcenas y Lapuerta se ratifiquen en sus posiciones. El primero, para confirmar que conoció esos papeles de Bárcenas con los ingresos y pagos. Y los dos segundos, para negarlo. Por eso se concede relevancia a la información que puedan aportar los empresarios anotados como donantes, aunque muchos de ellos han negado los hechos y tres (Alfonso García Pozuelo, Pablo Crespo y Sedesa) están ya imputados en distintas ramas del caso Gürtel.
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