González: “Se archivó el caso de los espías y ahora cambian las declaraciones”

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, se ha desvinculado del caso de los espías en una entrevista en la cadena SER: “Se archivó el caso dos veces y ahora cambian las declaraciones”, ha dicho para desautorizar al agente de la guardia civil que ha confesado los hechos y que le ha señalado a él como instigador. González ha insistido en el argumento del archivo judicial del caso, pero ha olvidado recordar que la Audiencia Provincial ha reabierto la causa también dos veces arguyendo que "de lo actuado aparecen indicios suficientes de la comisión de un delito de malversación de caudales públicos".

Este periódico hizo pública ayer la declaración del agente que confesó a la juez el espionaje político en la Comunidad de Madrid, e Ignacio González está directamente implicado, según las acusaciones. “Gamón y Castaño [director y subdirector general de Seguridad] nos trasladan a principios de 2008 de forma verbal tanto a los tres policías como a los tres guardias civiles [fichados como asesores de seguridad] una relación de personas a las que denominan objetivos, de los cuales el vicepresidente D. Ignacio González [hoy presidente autonómico] tiene especial interés en conocer sus actuaciones y movimientos”, señala el guardia civil José Oreja en el escrito firmado que su abogado, Ramón González Bosch, remitió al juzgado este pasado 8 de enero.

"El Guardia Civil dice que a él le decían que el vicepresidente [el propio González en aquella época] tenía interés, no que a él se lo dijera el vicepresidente", se ha escudado en la SER el que fue durante años número dos de Aguirre. Ha puesto énfasis, así, en que él, directa y personalmente, no ordenó nada al agente.

El alcalde Fuenlabrada, Manuel Robles (PSOE), ha mostrado su "indignación" después de que EL PAÍS hiciera público que él había sido uno de los espiados. "Se trata de un caso muy grave de espionaje, utilizando métodos ilegales, a responsables regionales, alcaldes y funcionarios dirigido por el entonces director de Seguridad, Sergio Gamón, que es el padre de una concejala del PP en Fuenlabrada", ha señalado en un comunicado en su página de Facebook. "El parentesco del exdirector de Seguridad con la concejala del principal partido de la oposición en Fuenlabrada, pudo llevar a incluir en el caso de los seguimientos ilegales al alcalde socialista de la ciudad, para así favorecer la estrategia del PP de acoso al Gobierno municipal".

Tanto Robles como el exalcalde de Getafe, Pedro Castro, esperan a que el partido socialista de Madrid tenga acceso a esta documentación del caso para personarse en la causa.

El líder del PSOE en Madrid, Tomás Gómez, ha asegurado que “es muy grave” lo que se ha conocido sobre el espionaje en la comunidad de Madrid y que hay “responsabilidades penales y judiciales”. Supone, ha dicho, que el presidente de la Comunidad, Ignacio González, “ha utilizado dinero público para espiar a miembros de su partido y del PSOE”. Si se confirmara, Gómez pedirá que González dimita de su cargo.

La consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, también se ha pronunciado sobre el caso del espionaje: "La justicia de momento nos ha dado la razón”. Preguntada sobre si el presidente regional, Ignacio González, debe dimitir tras los nuevos datos que señalan su supuesto interés por seguir a Alberto Ruiz Gallardón, Figar considera que “bajo ningún concepto. “Lo que ha declarado” el guardia civil José Oreja “carece de credibilidad”, ha asegurado, informa Pilar Álvarez.

Gómez ha recordado en el Congreso que el PSOE está personado en el caso en los juzgados y allí “se pondrán las cosas en su sitio” y, además, exigirán las responsabilidades políticas porque entre los espiados hay alcaldes socialistas.

El presidente de la Comunidad de Madrid también ha defendido el fichaje del exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Juan José Güemes, por una empresa que asume el servicio de análisis clínicos que él privatizó cuando estaba en el Gobierno madrileño: "Güemes lleva tres años fuera de la Consejería". Además, ha añadido: "Me parece muy bien aprovechar la experiencia de la Administración para la empresa privada".

González tiene aún abierto el frente sanitario en las calles de la capital. El domingo salió a la calle la segunda marea blanca del año, donde miles de trabajadores de la sanidad pública y ciudadanos protestaron contra la privatización de seis hospitales y varios centros de salud. El presidente de Madrid aprobó también el euro por receta, que entró en vigor el pasado uno de enero, en contra dell Gobierno de Mariano Rajoy, que ha recurrido la medida ante el Tribunal Constitucional por considerar que invade competencias exclusivas del Estado. González defiende su iniciativa: "Es legítima".