Rubalcaba transmite al PSC que se opone al derecho a decidir de Cataluña

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, transmitió ayer al PSC su clara posición respecto al proceso soberanista en Cataluña: el partido socialista no puede estar de acuerdo con el derecho a decidir que esgrime Artur Mas y debe oponerse a todos los pasos que se den en ese sentido. Fue en el seno de la Ejecutiva del PSOE, a puerta cerrada, después de que los representantes del PSC (José Zaragoza y Esperanza Esteve) explicaran con detalle las dificultades del momento político que se vive en Cataluña.

Rubalcaba expresó su comprensión al PSC y explicó que la prioridad del partido en este momento, por encima del proceso soberanista y de las disputas internas, debe estar en hacer oposición sobre el modelo de crecimiento, el empleo y la política de la derecha. En esta posición recibió el apoyo de varios asistentes, sin que ninguno objetara su análisis. El líder socialista les explicó también que el camino del PSOE y del PSC debe ser la definición del modelo territorial que estará terminado este año en un Consejo Territorial que se celebrará a finales de junio o principios de julio y que concretará la reforma federal de la Constitución que defenderán.

Esa definición del modelo está dentro de lo que el secretario de Organización del PSOE, Óscar López, denominó luego como el “gran proceso de redefinición” del partido, “el mayor proceso de debate y renovación política programática que haya hecho nunca un partido en este país”.

Ese proceso se iniciará con la recopilación de propuestas e ideas de militantes y simpatizantes, que se desarrollarán en cinco convenciones sobre Europa, crecimiento económico y modelo productivo, fiscalidad, reformas democráticas e institucionales y Estado de Bienestar. Se celebrará uno cada mes, entre febrero y junio, una vez que el Comité Federal apruebe este sábado el calendario que aplaza hasta el segundo semestre de 2014 le celebración de primarias para elegir al candidato socialista a las elecciones generales previstas para 2015.

Toda esa renovación ideológica terminará de cerrarse en octubre de 2013 en una gran convención política.

Entre tanto, en la Ejecutiva socialista se impulsaron ayer actuaciones para oponerse radicalmente a medidas del Gobierno del PP como la privatización de la gestión sanitaria en Madrid o la reforma de la ley de Educación. Por ejemplo, el PSOE tiene previsto celebrar a principios del próximo febrero en Madrid un acto con cientos de docentes para mostrar su rechazo a la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, conocida como Ley Wert.

Desde hace una semana los socialistas mantienen una campaña para exigir al Gobierno la renovación de los 400 euros para los parados de larga duración y hoy mismo Rubalcaba y la portavoz en la Cámara Baja del PSOE, Soraya Rodríguez, se reunirán en el Congreso con los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, respectivamente.

En la rueda de prensa posterior a la Ejecutiva, el número tres del PSOE desautorizó al líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, que había anunciado un recurso de inconstitucionalidad contra el llamado euro por receta de la Comunidad de Madrid.

Gómez hizo este anuncio en diciembre dando por hecho que el Grupo Socialista del Senado presentaría el recurso, pero Oscar López matizó ayer que aún se está estudiando esta posibilidad. El PSOE explicó que no se recurrió la misma decisión en Cataluña, como sí ha hecho el Ejecutivo, y que desde la oposición nunca se presentan recursos por invasión de competencias. La medida tendría efectos en medidas sobre medicamentos del Gobierno socialista de Andalucía y el propio Marcelino Iglesias, portavoz en el Senado, ironizó dentro de la Ejecutiva sobre el hecho de que Gómez anunciara el recurso sin su autorización.

Según los socialistas madrileños, es posible el recurso porque “se rompe la equidad ya que los ciudadanos de Madrid tendrán que pagar más por los medicamentos que cualquier otro ciudadano de otra comunidad y el precio es legislación básica y competencia exclusiva del Estado”.