La investigación del Madrid Arena apunta a Ayuntamiento, policía y promotor

La fiesta de la noche de Halloween en el pabellón municipal Madrid Arena fue un desbarajuste. Casi nadie hizo lo que debía, de ahí que la lista de imputados y testigos que tendrán que desfilar por el juzgado esté abocada a agigantarse en las próximas semanas. “Hubo una concurrencia masiva de culpas”, señalan fuentes de la investigación que desarrollan la policía, el juez Eduardo López Palop y la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que dirige Manuel Moix.

“Nadie quiso que hubiera muertes, pero aquella noche casi nadie cumplió con su deber, ni la empresa de vigilantes de Seguriber, ni la policía local, ni el organizador del espectáculo, ni el Samur...”, destacan los citados medios, que añaden: “Es incomprensible que en un espectáculo de esa envergadura, con unas 20.000 personas en una fiesta, no hubiera ambulancias preparadas dentro del recinto, ni que se hubiese habilitado un pasillo para, en caso de emergencia, como sucedió, las ambulancias pudieran entrar y salir”. “Tampoco se entiende la dejación del Samur, la inacción de la Policía Municipal ante el botellón que celebraron cientos de jóvenes en el exterior del pabellón, pero dentro del recinto. Aquello fue la ley de la selva”, definen los citados medios.

La propietaria del recinto es la sociedad municipal Madrid Espacios y Congresos, que presidía el entonces concejal de Economía Pedro Calvo, imputado por culpa in vigilando. Dentro de su responsabilidad, como máximo jefe de un recinto público, debió prever y, en su caso, evitar la masiva concurrencia de personas; ordenar los medios sanitarios precisos e imponer la seguridad adecuada para un evento de ese calibre.

Los citados medios ven también dejación en el concejal responsable de la Policía Municipal, Antonio de Guindos, otro de los que tendrán que desfilar ante el juez para explicar por qué los escasos agentes desplazados aquella noche al recinto no desbarataron el botellón que cientos de jóvenes, totalmente ebrios, celebraron a la intemperie pero dentro del parking del Madrid Arena. Incluso el vicealcalde de Madrid, Miguel Ángel Villanueva, tendrá que aclarar por qué no se evitó ese botellón, y su relación con el organizador del trágico evento, Miguel Ángel Flores.

La policía no ha concluido aún el informe que le encargó el juez López Palop sobre el aforo del recinto. Sigue examinando las grabaciones de las cámaras del recinto. No obstante, la estimación inicial es que Flores dejó entrar al doble de personas de las que podían albergar las instalaciones del Madrid Arena. La policía asegura en un informe que obra en el sumario que la causa de la estampida que desencadenó la muerte de cinco jóvenes por aplastamiento fue la constante entrada de jóvenes procedentes de la calle, que fueron canalizados a través de una pista de emergencias del pabellón hasta la “cota cero” (la pista central). Fue una irrupción desordenada, entre las dos y las tres de la madrugada, que se acentuó coincidiendo con el inicio de la actuación estelar del DJ Steve Aoki.

El padre de una de las cinco víctimas mortales ha aportado un informe al juzgado en el que, basándose en las grabaciones de las cámaras, subraya que, entre las dos y las tres de la madrugada, accedieron a la pista central, atestada de clientes, en torno a 3.000 jóvenes. Los ha contado uno a uno, según el informe. Todos estos datos, junto con el cómputo de las entradas vendidas, cerca de 17.000, lleva a la estimación inicial de que el Madrid Arena duplicó esa noche su aforo (unas 20.000 personas). Aunque el reparto de culpas es extenso, las pesquisas revelan, no obstante, que el principal responsable de la tragedia es el promotor. Flores se halla en libertad tras haber pagado una fianza de 200.000 euros. El sindicato Manos Limpias, cuyo portavoz es Miguel Bernard, ha remitido un escrito al juez pidiendo el ingreso en prisión provisional de Flores al entender que la fianza impuesta es muy baja para una persona que considera muy adinerada. Solo en la fiesta de Halloween pudo recaudar en torno a “700.000 euros”, ha calculado Manos Limpias. El juez le ha interrogado durante 10 horas (en dos ocasiones).

Fue la segunda vez cuando le impuso la fianza, tras haber ordenado horas antes su detención por riesgo de fuga. Flores pagó la fianza horas después de que se la decretara el juez. Y quedó en libertad, lo que ha enfadado a algunas partes del proceso. El juez decidió imponerle la fianza de 200.000 euros aun a pesar de que la fiscalía no solicitó ni fianza ni la adopción de ninguna medida cautelar seria contra él. Flores no acabó en la cárcel porque existe abundante jurisprudencia del Tribunal Constitucional que pone coto a la prisión preventiva. Y más cuando se trata de delitos, como los que se investigan aquí de homicidio por imprudencia, en los que no existe dolo. A la luz de lo instruido hasta el momento, la fiscalía no pedirá más de cinco o seis años de cárcel para Flores, lo que diluye todavía más la opción de la cárcel como medida cautelar. Según fuentes de la investigación, la doctrina del Constitucional es huir de la prisión provisional como pena anticipada. Solo deja imponer cárcel preventiva cuando exista riesgo de fuga, que el reo pueda destruir pruebas o bien reiterar el delito. La fijación del juzgado en este momento es que Flores no se fugue. Por ello, el juez le ha retirado el pasaporte, le obliga a presentarse en el juzgado dos veces al mes y la policía tiene orden de detenerle en cuanto pise un aeropuerto.