Los abogados de Ourense recurren las tasas judiciales

Los abogados van más allá de las pancartas y materializan sus amenazas. El Colegio de Abogados de Ourense se ha convertido en el primero en llevar la ley de tasas judiciales, impulsada por Alberto Ruiz-Gallardón, ante los tribunales. Así, piden que se suspenda su aplicación con carácter urgente como medida cautelar mientras se tramita un recurso contra la orden ministerial que desarrolla el tasazo.

La Audiencia Nacional deberá decidir si la norma que regula las tasas se ajusta a derecho. Los abogados recurren ante este órgano judicial porque carecen de legitimidad legal para llevar la reclamación ante el Tribunal Constitucional. A la espera de otras iniciativas, quieren que el juez de turno que tramite el recurso decida elevar una cuestión de inconstitucionalidad. Solo el presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, un número mínimo de 50 parlamentarios y las asambleas y ejecutivos autónomos pueden recurrir esa orden ante el Constitucional.

Valentín Blanco, uno de los letrados firmantes, recuerda que “el propio ministerio suspendió la aplicación del tasazo 25 días” a través de una orden enviada a los secretarios judiciales, por lo que su paralización no debería acarrear problemas ya que el Gobierno “acreditó que no existe urgencia o perturbación que impida la suspensión”.

En concreto, recurren el modelo de autoliquidación y el modelo de solicitud de devolución de la tasa. Los letrados destacan que su “afán recaudatorio” choca contra derechos constitucionales, y que es el único impuesto que solo puede ser tramitado telemáticamente, ya que los impresos únicamente están disponibles en la web de la Agencia Tributaria, lo que supone una “barrera infranqueable”.

El tasazo retira las exenciones que antes tenían las personas físicas en los ámbitos civil y contencioso. Y los abogados orensanos —al igual que todo el estamento judicial— consideran que “viola” y “menosprecia” el derecho a la tutela judicial efectiva proclamado en el artículo 24 de la Constitución. Explican que la no suspensión puede acarrear graves perjuicios “de imposible o difícil reparación”.

Insisten en que vulnera el Convenio Europeo de Derechos Humanos y que choca con la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que establece que deben perseguir “objetivos legítimos y ser proporcionadas”. Además, recuerdan casos “flagrantes”, como el de inmigrantes que carecen de identificación y que no podrán acceder a la Justicia española porque el tasazo “obliga a tener un NIF para cumplimentar el impreso del impuesto”. El órgano colegial anuncia que otros colectivos profesionales han manifestado su intención de adherirse al recurso registrado el pasado jueves en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia.