Confidentes de los informes anónimos se declaran españolistas y antiindependencia

Algunas de las acusaciones más graves sobre la corrupción de políticos de CiU que se detallan en informes policiales anónimos distribuidos a distintos medios de comunicación, y que no han sido confirmadas por ninguna investigación judicial, tienen como fuente de información a confidentes que se declaran contra la independencia de Cataluña y que se sienten españoles.

Así lo escriben los policías que elaboraron, entre septiembre y octubre de este año, cinco informes anónimos sobre el análisis de situación del caso Palau, la trama de corrupción descubierta en la institución cultural donde están imputados dos extesoreros de Convergència y que ha destapado el supuesto cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de obras por parte del Gobierno de CiU.

Los informes policiales anónimos acabaron publicados en dos periódicos (El Mundo y La Gaceta) en plena campaña electoral catalana, donde se dirimía si Artur Mas, presidente de la Generalitat de Cataluña, podría lograr la mayoría sólida que reclamaba al electorado para emprender el proceso independentista.

En el informe fechado el 10 de septiembre de 2012 se da cuenta de una serie de confidencias sobre conductas delictivas que hacen sindicalistas de los Mossos “que se sienten catalanes, pero también españoles”, según detalla el documento.

Estos supuestos sindicalistas de los Mossos contaron a los policías que sus jefes políticos estaban inmersos en distintos casos de grave corrupción, de los que tenían pruebas que supuestamente aportarían si la causa judicial pasara de Cataluña a Madrid.

Según otra “fuente muy solvente de CiU”, señalan los informes anónimos, “que no quiere la independencia aunque se siente nacionalista”, el expresidente Jordi Pujol convocó una reunión para fijar la estrategia con la que pretendía detener la investigación del caso Palau.

Los análisis de los policías anónimos entran en contradicciones respecto a este asunto en la misma página del informe. Cuando están informando sobre las estrategias para evitar la investigación del caso Palau, citando a fuentes de la propia CiU, señalan que el Gobierno catalán pagó subvenciones millonarias a una fundación en la que estaba el juez encargado del caso Palau, para de esta manera intentar desactivarlo.

La cabeza de Puig

Sin embargo, dos párrafos después, se señala que el expresidente Jordi Pujol “pidió la cabeza de Puig [consejero de Interior del Gobierno catalán]” al enterarse de que el juez había pedido colaboración para investigar el caso a la “policía española”. El juez y el fiscal del caso entendieron que para seguir el rastro de decenas de cheques por sucursales bancarias de toda España era conveniente asignarle la investigación de una unidad policial nacional, y por eso le encargó el trabajo a la UDEF.

Cuando los policías anónimos detallan, en función de nuevas confidencias, que los dirigentes del Gobierno catalán han cobrado comisiones ilegales de “casi todos los laboratorios farmacéuticos”, aclaran: “Menos los Gallardo, que se sienten españoles”.

La difusión de estos informes y otros parecidos que, según sus propios autores, no han llegado a ninguna autoridad judicial porque alguien “los ha hecho desaparecer”, no ha provocado de momento ninguna reacción en el Ministerio del Interior, departamento dentro del cual se están elaborando esos trabajos.

CiU, ERC y PSOE han anunciado que pedirán explicaciones en el Congreso de los Diputados al máximo responsable de la Policía y al ministro.

Portavoces del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y del director general de la Policía, Ignacio Cosidó, aseguraron ayer a este periódico que ambos dirigentes declinaban pronunciarse sobre los informes anónimos mientras duren las investigaciones internas y hasta que vayan al Congreso.

El Ministerio del Interior abrió una investigación hace casi dos meses para averiguar la procedencia de otro informe anónimo, este con membrete de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal pero sin firma, que sugería la existencia de cuentas en Suiza a nombre de Artur Mas.

La Unidad de Asuntos Internos aún no ha encontrado al autor o autores de ese informe. El jefe de la UDEF, el departamento cuyo membrete aparecía en el documento, declaró al juez del caso Palau que el texto no lo había elaborado ningún agente de su unidad.

Pese a ello, Asuntos Internos intentó justificar el contenido del informe en investigaciones preliminares y en datos incluidos en el sumario abierto del caso.

El jefe policial de Asuntos Internos protagonizó uno de los episodios más irregulares de todo este proceso cuando visitó en Barcelona al fiscal anticorrupción del caso Palau para pedirle que le encomendara la investigación de la trama y sugerirle que debía apoyar una orden de registro de la sede de Convergència y otra del domicilio del extesorero de este partido.

El fiscal anticorrupción se negó a apoyar esas solicitudes por encontrarlas improcedentes y sin base alguna para actuar. El jefe de Asuntos Internos, encargado de investigar casos de corrupción policial, no política, visitó al fiscal anticorrupción catalán en vísperas del comienzo de la campaña electoral en Cataluña. Lo hizo seis meses después de que la UDEF entregase los últimos trabajos que le habían pedido los responsables de la instrucción del caso Palau y sin llevar a la reunión ni un solo indicio o prueba nueva para abrir otras vías de investigación. El fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, consideró “irregular” esa petición.