Los informes anónimos contra políticos catalanes recogen casos de hace 20 años

Los informes policiales anónimos, supuestamente elaborados con la excusa de seguir la evolución del caso Palau (una trama de corrupción para supuestamente financiar a Convergència Democràtica de Catalunya con comisiones ilegales por adjudicación de obras públicas), abordan delitos y escándalos cometidos por políticos nacionalistas catalanes desde 1990.

Muchas de las acusaciones no verificadas que aparecen en esos informes, que circulan por las redacciones de medios de comunicación en las últimas semanas, coincidiendo con el desafío soberanista de Artur Mas y las recientes elecciones catalanas, no tienen, por tanto, ninguna relación con el caso Palau, pese a que vienen bajo el encabezamiento "Sumario Palau, análisis de situación".

En los cinco informes anónimos a los que ha tenido acceso EL PAÍS —hay un sexto informe, con membrete de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) pero también sin firma, que fue difundido por el sindicato SUP— y que han sido publicados antes parcialmente por otros medios, se buscan culpables de supuestos casos de corrupción que trascendieron hace años, como el cierre de la multinacional Lear (2002) en Cataluña con un supuesto beneficio para una consultora de un hijo de Jordi Pujol; o la venta en 1995 de unos terrenos en Tarragona en la que estuvo implicado un familiar de Lluís Prenafeta, ex secretario general de Presidencia de la Generalitat con Jordi Pujol; o las supuestas denuncias de empresarios que decían pagar, hace 20 años, comisiones al expresidente catalán; o el supuesto pago de sobornos millonarios a favor de dirigentes de Convergència por "todos" los laboratorios farmacéuticos extranjeros y españoles, “menos los Gallardo, que también se sienten españoles”, según dice textualmente el informe, o la recalificación de terrenos en la zona Franca de Barcelona en 1992 con supuestos pagos multimillonarios a los dirigentes del Gobierno catalán. Asimismo, los autores de los informes implican en supuestas prácticas corruptas a empresarios, políticos que dejaron la vida pública hace 20 años, periodistas, jueces y fiscales.

En uno de sus últimos informes confunden el nombre de una empresa (escriben Hispania cuando quieren decir Constructora Hispánica, que pagaba comisiones ilegales a la red Gürtel para conseguir obras en ayuntamientos gobernados por el PP), para contar una historia que pretende implicar de nuevo a los Pujol y, de paso, a un dirigente socialista. En tres años de investigación judicial, los jueces de Madrid —Tribunal Superior y Audiencia Nacional— no han encontrado un solo indicio de que en la venta de la empresa Constructora Hispánica a un grupo catalán (Grupo Monje) se pagaran comisiones ilegales a políticos de esa comunidad. En los informes policiales aparece esa supuesta vinculación, pero sin señalar en qué se basa una acusación tan grave.

En su particular investigación, los agentes aseguran que fueron a ver a la cárcel a Hervé Falciani, el extrabajador del banco HSBC que sacó los datos de cientos de miles de cuentas que escondían el fraude fiscal de sus titulares, entre ellos al menos 1.800 depósitos de españoles. Los informes aseguran que cuatro policías visitaron a Falciani en la cárcel y este les prometió que les daría nombres de políticos españoles, entre ellos catalanes, con cuentas en Suiza. Los policías sostienen en su informe que el conocimiento de la lista Falciani podría dar a las arcas de la Hacienda Pública Española más de 100.000 millones de euros, mucho más que todo el déficit acumulado por España este año, que rondará los 70.000 millones de euros.

Sin embargo, la investigación de ese caso en España destapó que la información de Falciani hablaba solo de 1.500 depósitos de españoles por un valor total de 8.000 millones de euros. La agencia tributaria ya identificó a 659 propietarios de esas cuentas que regularizaron su situación pagando 220 millones de euros.

Ninguna de las supuestas averiguaciones de los policías anónimos que apuntan a la existencia de nuevos delitos graves de dirigentes nacionalistas catalanes, tal y como establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ha sido puestas a disposición judicial. Los redactores de los informes se quejan y avisan de que hay que dejar “constancia fehaciente” de sus denuncias escritas “para que no desaparezcan como otros documentos ya emitidos que aún no han tenido respuesta”.

Algunos de los trabajos que hacen los agentes se enmarcan en sumarios abiertos —caso Palau o caso ITV—pero los jueces y fiscales que llevan esos casos ignoran que haya policías que estén investigando cosas que ellos no han ordenado.

El Gobierno de Artur Mas, y el principal partido de la coalición CiU que manda en Cataluña, está siendo investigado en dos sumarios –caso Palau y caso ITV- que acumulan numerosas pruebas de gravísima corrupción: la concesión de obras públicas a una determinada constructora a cambio de comisiones ilegales para financiar a Convergencia o el amaño de un concurso para beneficiar a amigos de Oriol Pujol, el segundo dirigente de más peso en Convergencia, con la complicidad de distintos departamentos de la Generalitat.