Díaz Ferrán pactó cobrar 100.000 euros al mes por dar Marsans al liquidador

El acuerdo al que Gerardo Díaz Ferrán y su socio Gonzalo Pascual, ya fallecido, habían llegado con el liquidador Ángel de Cabo era sencillo y lucrativo: los dos primeros traspasaban el grupo empresarial Marsans y todos sus bienes a De Cabo y este les pagaba 100.000 euros al mes, hasta sumar ocho millones para cada uno. Los empresarios eludían a sus acreedores y el liquidador se hacía rico. Ese era el acuerdo. El problema es que De Cabo, que más que a gestionar empresas se dedicaba a enriquecerse (él mismo y todos los que lo rodeaban) y, según el juez, acabó quedándose con todo.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco explica el mecanismo de alzamiento de bienes en el auto en el que determina la prisión eludible bajo fianza de 30 millones para Díaz Ferrán. El magistrado escribe que para evitar a sus 10.000 acreedores, Díaz Ferrán y sus socios querían aparentar insolvencia patrimonial. Para ello ambos habrían traspasado "el grupo empresarial, sus derechos y también el patrimonio personal y familiar" a De Cabo.

El acuerdo "pactado con cada propietario de Marsans" consistía en "pagarles cien mil euros mensuales hasta alcanzar la suma de ocho millones de euros", respectivamente. El juez escribe que mientras que Díaz Ferrán habría ido recibiendo las mensualidades acordadas, directa o indirectamente por parte de De Cabo, "Pascual Arias no habría recibido ningún pago de los estipulados hasta el momento de su fallecimiento". Para recibir el dinero, el expresidente de la CEOE visitaba "la sede de Ascendía en Valencia cada dos o tres semanas".

Lo que viene a decir el juez es que De Cabo, con su red de empresas y testaferros, se había hecho con el control de todo. "Sirva como ejemplo que tanto bienes muebles como inmuebles del Grupo Marsans así como patrimonio familiar de sus dueños se encontraría en la actualidad en posesión de De Cabo y su entorno", relata Velasco.

El juez relata que desde la operación contra Nueva Rumasa, la red de De Cabo se había centrado en justificar los movimientos de fondos que se habían producido tras la entrada en el Grupo Marsans, para lo cual se habría montado un plan para confeccionar "contratos simulados y otros negocios jurídicos" para colocar los activos en el exterior. Para mover todo ese dinero, se habrían constituido sociedades en varios países, tales como Chipre, Suiza, Lienchtenstein, Malta y Hong-Kong, "todos ellos jurisdicciones de riesgo".

De Cabo, desde luego, pagaba bien la complicidad de los suyos. Iván Manuel Losada, una de las personas de su máxima confianza, que controlaba Teinver y era también el administrador de Marsans, tenía un salario bruto de medio millón de euros "más un 5% de beneficios": También  Susana Mora, la mujer en cuya casa fue localizado un millón de euros en billetes usados de todas las cantidades, gozaba de la confianza plena de De Cabo. Ella era la encargada de guardar "la documentación comprometida, dinero o cheques bancarios" que la mujer ocultaba "en su domicilio, en el trastero del mismo y hasta en su vehículo particular".