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El Ayuntamiento incumplió normas de seguridad al construir el Madrid Arena

El pabellón no se ideó para macrofiestas y carecía de salidas suficientes

El edil Pedro Calvo; la alcaldesa, Ana Botella; el vicealcalde, Miguel Ángel Villanueva, y el delegado de Seguridad, Antonio de Guindos.
El edil Pedro Calvo; la alcaldesa, Ana Botella; el vicealcalde, Miguel Ángel Villanueva, y el delegado de Seguridad, Antonio de Guindos.

El pabellón Madrid Arena se construyó a toda prisa y sin respetar las normas de seguridad vigentes. Adecuarlo luego a la legalidad fue imposible, o mejor dicho, demasiado caro, así que no se hizo. El Ayuntamiento prefirió renunciar a su venta. Eso sí, siguió alquilándolo, y abrió al máximo el abanico de eventos para añadir incluso fiestas multitudinarias, algo para lo que el recinto no estaba preparado. En la noche de Ánimas, los organizadores del concierto del pinchadiscos Steve Aoki llevaron al extremo esta cadena de imprudencias temerarias, colocando el escenario de forma que bloqueaba parte de las salidas de la pista. Aun así, el Ayuntamiento autorizó la fiesta y permitió meter casi 4.000 personas en la pista. El organizador rebasó en miles de asistentes ese aforo. Resultado: el colapso de uno de los estrechos vomitorios que quedaban en funcionamiento provocó la muerte por aplastamiento de cinco jóvenes.

Construido a toda prisa. El Madrid Arena se construyó sobre el antiguo Rocódromo, un auditorio al aire libre que languidecía. A final de 2001, el Gobierno local de José María Álvarez del Manzano (PP) decidió que sería sede de las pruebas de tenis de los Juegos Olímpicos de 2012, que la capital aspiraba a organizar, y comenzó a remodelarlo a toda prisa para usarlo ya para el Masters Series.

Con un presupuesto de 10,2 millones de euros, esa urgencia obligó a desarrollar por fases > el proyecto, de enorme complejidad. Los técnicos de Urbanismo contaron con ocho meses para cubrir la instalación para el Masters de Tenis. Luego levantaron la cubierta para hundir todo el recinto bajo tierra y volver a cubrirlo. Su forma semicircular se hizo circunferencia. Cuando Alberto Ruiz-Gallardón (PP) llegó a la alcaldía, en 2003, encontró la segunda fase en marcha, y decidió ampliar el proyecto; el presupuesto se disparó a 16 millones. De paso, le concedió el premio local de Urbanismo.

El torneo de tenis se celebró en octubre de 2003. En diciembre 2004 recuperó su función musical con una ópera; cuatro meses después albergó su primera feria.

Seguridad insuficiente. Casi siete años después, en marzo de 2010, técnicos de Urbanismo elaboraron un informe que señalaba las deficiencias de seguridad del pabellón. El Ayuntamiento pretendía venderlo, pero necesitaba que se le concediese la licencia de funcionamiento; lo llevaba intentando sin éxito desde 2007, precisamente por esas deficiencias. Renunció pues a venderlo, pero siguió alquilándolo; para eso no necesitaba licencia, aunque sí cumplir “los mismos requisitos”. Del informe de 2010 se desprende que no los cumplía y que el Ayuntamiento lo sabía. Tras la tragedia, la concejal de Urbanismo, Paz González, dijo que esas deficiencias solo lo eran respecto al Código Técnico de Edificación de 2006, que al entrar en vigor después de su construcción no era de obligado cumplimiento. Sin embargo, algunos de esos fallos de seguridad incumplen también la norma vigente cuando se levantó.

El informe de 2010 indica que “no resulta fácilmente accesible para los coches de bomberos”. “El ámbito de accesibilidad solo es posible en un sector del círculo de aproximadamente una quinta parte de la fachada, al estar las otras cuatro quintas partes enterradas y tampoco ser accesibles por gálibo o resistencia del suelo, motivo por el que incumple” el Código Técnico de Edificación.

Se referían los técnicos a la norma de 2010, que fija la separación máxima del vehículo de bomberos a la fachada de edificios como este en 23 metros. La norma básica de la edificación sobre protección contra incendios de 1996, la vigente cuando se hizo el pabellón, fijaba esa distancia en 10 metros. Es decir, era más restrictiva aún. Por tanto, no solo incumplía la de 2010, también la de 1996.

El informe señalaba además que los pasillos de evacuación alrededor de la pista debían tener “al menos otro acceso más, opuesto y alejado, con evacuación directa al exterior”. La norma de 2010 determina que, cuando hay solo una salida por planta, el recorrido de evacuación no puede exceder los 25 metros; si hay más de una salida, son 50. En la norma de 1996 figuraban las mismas distancias. Por eso, se debería haber construido otra salida adicional.

Los técnicos añaden que “los espacios bajo graderías deben tener sistemas reglamentarios de detección de incendios; los del techo son insuficientes al estar a mucha altura, y no cumplen las condiciones de la norma UNE/EN 23.007 y el Real Decreto 1942/1993 por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”. La normativa citada data de los años 90, es decir, es previa a la construcción del pabellón y por tanto debería haberse cumplido.

No se pensó para fiestas. En su informe, los técnicos definían lo que se puede hacer en la pista: partidos, ferias y espectáculos. En este último caso, con la mitad ocupada por gradas y 8.649 personas sentadas. En una feria, cabrían en la pista 925 personas que podrían escapar en caso de emergencia por siete vomitorios de tres metros de ancho y un portón de evacuación de nueve. En un partido, en la pista solo estarían los jugadores. Sin embargo, en una macrofiesta sin gradas, esas vías de emergencia debían servir para evacuar a 3.700 personas. El plan de seguridad, que contempla vaciar el recinto en 2,5 minutos, no estaba pensado para eso.

Se cegaron salidas. El Ayuntamiento permitió a los organizadores meter a 3.680 personas en la pista, calculando que, en caso de emergencia, podrían escapar por esos ocho vomitorios y el portón. Pero no pensó en el flujo normal durante la fiesta de personas que quisieran entrar o salir de la pista. Permitió que el escenario se colocara de forma que bloqueara uno de los vomitorios. Eso dejaba ya solo siete. Los organizadores taparon dos ubicados junto a las plataformas de las gogós. Quedaban cinco. En un momento de la noche, los controladores cegaron uno más. Quedaban cuatro.

Pero además, abrieron el portón de emergencia, no para dejar salir sino para dejar entrar. Las personas que querían abandonar la pista disponían así de cuatro vomitorios de tres metros de ancho. Eso, unido a un aforo que podría superar las 17.000 personas, ubicadas la mayoría en la pista, cerró el círculo de la tragedia.

Las explicaciones de cinco concejales

La comisión de investigación de la tragedia del Madrid Arena en el Ayuntamiento concluirá hoy con toda probabilidad sus trabajos con la comparecencia, entre otros, del delegado de Seguridad, Antonio de Guindos, y de su número dos, la edil Fátima Núñez; de la concejal de Urbanismo, Paz González; y del vicealcalde, Miguel Ángel Villanueva.

También dará explicaciones el concejal Pedro Calvo, que dimitió como delegado de Economía tras ser imputado por el juez como responsable político de la empresa municipal que gestiona el pabellón. En los próximos días, la comisión elaborará sus conclusiones, pactadas o con votos particulares de la oposición, que serán llevadas al Pleno municipal dentro de dos semanas.

El líder municipal socialista, Jaime Lissavetzky, espera que Guindos y Núñez expliquen por qué se improvisó el dispositivo preventivo del Samur para la fiesta, y cuál fue la responsabilidad de la Policía Municipal sobre los botellones que se celebraron en los alrededores. De Villanueva, Lissavetzky critica su rueda de prensa del día después de la tragedia, en la que no cuestionó los datos de aforo suministrados por los organizadores.

Tanto Lissavetzy como el líder municipal de UPyD, David Ortega, preguntarán a Paz González sobre el informe de Urbanismo de 2010, y por qué no se adoptaron medidas para remediar las deficiencias de seguridad que señalaba.

Respecto a Calvo, cree Lissavetzy que su dimisión no agota las responsabilidades políticas del Ayuntamiento, y apunta a la alcaldesa, Ana Botella (PP).