Comer en la cárcel resta como renta en la pensión de invalidez

Miguel Ángel recibía una pensión por invalidez, por una minusvalía de más del 65%, de 301,55 euros al mes. Pero su ingreso en prisión rebajó esa pensión hasta los 147,71 euros ya que la Junta de Andalucía estimó que la manutención con la que contaba en la cárcel se tenía que considerar como renta que se había de restar a la cantidad que percibía en concepto de pensión.

El Tribunal Constitucional ha avalado la decisión de la Junta de Andalucía, que también fue respaldada por el Tribunal Supremo, que consideró que la resta de los 2.062,25 euros anuales que Miguel Ángel vio restados de su pensión por invalidez era legal. La decisión fue adoptada por el pleno del Supremo, pero con siete votos en contra de los quince magistrados.

Actualmente, la Junta ya no reduce la manutención en las cárceles de las pensiones por invalidez después de atender, hace un par de años, una queja del Defensor del Pueblo andaluz en este sentido. Sin embargo, no ocurre lo mismo en todas las autonomías.

El abogado del pensionista consideró ante el Constitucional que se había vulnerado su derecho a la igualdad porque las personas privadas de libertad han de gozar de todos los derechos fundamentales “entre los cuales debe entenderse la manutención”. El letrado sostuvo que el hecho de que “se descuente los gastos de prisión y no se haga lo mismo en centros hospitalarios o de acogida es evidentemente discriminatorio”.

Según Valentín Aguilar, el abogado que llevó el caso dentro de una campaña Pro Derechos Humanos desarrollada en Andalucía, una cosa es cómo se llama y otra “lo que realmente ha pasado, que es que este señor ha de pagar por comer en la cárcel”, por lo que acudirán al tribunal de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Aún así considera que la crisis ha tenido algo que ver. "No eran buenos tiempos para que el Constitucional viera el caso", alega.

Aguilar ha explicado que, además, en cada centro penitenciario se hace una valoración del coste de manutención de los presos, por lo que no a todos se les resta lo mismo. Cuanto más pequeño, más caro.

El Tribunal Constitucional ha rechazado los argumentos del letrado alegando, entre otras cosas, que las diferencias de trato a las que apeló no fueron acreditadas.