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Gallardón anuncia ahora justicia gratuita para las maltratadas

Las víctimas del terrorismo y las prostitutas explotadas tendrán ese derecho

El PP rechazó ayer mismo eximir de tasas a las víctimas de violencia machista

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado esta mañana en el Congreso que todas las víctimas de violencia machista o maltrato infantil, las del terrorismo y las de trata de mujeres (prostitución) tendrán derecho a la justicia gratuita con independencia de su nivel de renta. Eso quiere decir que estarán exentas de todo el coste judicial (tasas, abogado y procurador), aunque solo para aquellos pleitos que tengan que ver con su condición de víctima. Por ejemplo, una víctima del terrorismo tendrá justicia gratis para reclamar al Estado una indemnización impagada, o una mujer maltratada podrá divorciarse gratis, pero recurrir una multa de tráfico o demandar a un vecino o denunciar un robo les seguirá costando lo mismo que al resto de ciudadanos (salvo que, por nivel de renta, sí tuvieran ya derecho a justicia gratuita para eso también).

En un principio, Justicia incluyó igualmente en este grupo de nuevos beneficiarios a los discapacitados físicos y psíquicos. En realidad, según aclaró el ministerio más tarde, serán solo estos últimos, y únicamente en el caso de haber sufrido abusos sexuales o maltrato, los que tendrán acceso a la justicia gratuita.

Con este anuncio, el ministro de Justicia ha tratado de dar un golpe de efecto en su respuesta a una pregunta de la diputada socialista, Carmen Montón, que le había reprochado que las víctimas de violencia están obligadas a pagar las nuevas tasas judiciales en los procedimientos civiles (por ejemplo, divorciarse de su maltratador), porque el PP ha votado en contra de eximirles de ese pago. "Esta ley es machista y el machismo mata", había dicho la parlamentaria. Gallardón ha alegado en su respuesta que, aunque las mujeres víctimas de violencia sexista no pagaran tasas, seguirían pagando abogado y procurador. "Su petición es insuficiente e insolidaria", ha reprochado a Montón. Minutos después, ha anunciado la reforma legal que no solo eximirá a esas mujeres de tasas, sino también de abogado y procurador en esos casos de divorcio y otros. Eso será cuando la Ley de Justicia Gratuita esté aprobada, probablemente el mes que viene.

Gallardón, sin embargo, ha ignorado que su partido, el PP, había rechazado ayer mismo eximir a las maltratadas del pago de las tasas, y que tampoco él ni el ministerio que dirige hablaron de esta novedad anunciada hoy cuando la Ley de Tasas entró en vigor la semana pasada y la polémica estalló. El Observatorio de la Violencia de Género y las asociaciones de lucha contra la violencia machista habían alertado de que, aunque la denuncia por maltrato no paga tasas (porque toda la jurisdicción penal está exenta), las tasas en la jurisdicción civil podrían disuadir a muchas mujeres de divorciarse o reclamar una pensión, máxime cuando muchas de ellas dependen económicamente de su maltratador. Justicia no dijo entonces que pensaba eximir a las víctimas de violencia machista de esas tasas. Simplemente restó importancia a las críticas. A pesar de todo ello, hoy Gallardón ha presentado la reforma legislativa como una iniciativa propia y el ministerio rechaza que se trate de una rectificación.

El derecho a la justicia gratuita para víctimas de maltrato, del terrorismo y discapacitados psíquicos que hayan sufrido violencia es, además, algo que Justicia tenía que incorporar a la legislación porque le obliga una reciente directiva europea. Aunque la obligación era solo para la vía penal, y el ministerio lo va a extender también al ámbito civil, contencioso-administrativo y social (laboral), según ha explicado una portavoz del departamento, informa Fernando Garea.

Justicia no ha aclarado si, una vez que se acojan a la justicia gratuita, los beneficiarios tendrían que aceptar un abogado de oficio, renunciando a contratar uno propio, o podrían acogerse a medias: librarse de las tasas pero sin tener que asumir obligatoriamente el abogado de oficio. Eso está en estudio porque la Ley de Justicia Gratuita (la que incluirá la medida anunciada hoy por Gallardón) aún se está cerrando.

Una ley derogada, otra que no se aplica

La Ley de Tasas —que eleva las cuantías y se extiende por primera vez a toda la población, aunque no afecta al grueso de los pleitos: los penales— se publicó en el BOE el pasado 21 de noviembre y por tanto está en vigor; pero el Ministerio de Justicia ha ordenado que quede en suspenso mientras resuelve un problema formal: Hacienda no ha elaborado a tiempo el reglamento para gestionar el cobro de las tasas. De modo que la ley nueva no se aplica, y la antigua —por la que pagaban tasas solo las grandes empresas— ha quedado derogada. El resultado es que ahora mismo no se están cobrando tasas a nadie en ningún procedimiento, según confirma Justicia, que confía en poder resolver el desaguisado en “unas semanas”.

La nueva ley ha sido rechazada por jueces, fiscales, secretarios judiciales y abogados. Ayer, todas las asociaciones de jueces volvieron a pedir al ministerio que reconsidere las cuantías y restaron valor al anuncio de que las maltratadas y otros colectivos tendrán derecho a justicia gratuita. Es “positivo”, dijeron, pero “insuficiente”.

El ministro, Alberto Ruiz-Gallardón, insistió en que contra las tasas no ha habido una “reacción social”, sino “una reacción corporativa, como siempre que se establecen cambios en este país”. Y reiteró que el objetivo es reducir el atasco judicial disuadiendo a quienes abusan. Como ejemplo, leyó la cuña publicitaria de una empresa que promete ganar los recursos por multas de tráfico por la vía de prolongar el proceso con sucesivos recursos.

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