Kontrol 34 se desvincula de lo ocurrido en el Madrid Arena

La empresa Kontrol 34, pese a aparecer en los papeles del Ayuntamiento de Madrid como contratada para el control de los accesos y el aforo en la fiesta del Madrid Arena, no tuvo "nada que ver" con la realización y ejecución del macroevento de Halloween en el que murieron cuatro jóvenes. Así lo ha asegurado esta mañana ante el juez el propietario de Kontrol 34, Carlos Manzanares Rodríguez, quien ha reiterado la versión que defiende desde el primer día: que únicamente hizo de intermediario para la contratación de "trabajadores auxiliares" que "no realizaban labores de seguridad".

Manzanares continúa imputado y ha quedado en libertad tras declarar durante unas dos horas ante el instructor de la causa, el titular del Juzgado de Instrucción número 51, Eduardo Rodríguez Palop. Ante los Juzgados de plaza de Castilla, el abogado de Manzanares, Oskar Zein, ha dado cuenta de lo declarado por su defendido. Zein ha indicado que la empresa de su defendido tiene negocios desde hace 10 años con la empresa organizadora de la fiesta, Diviertt, y que para la fiesta de Halloween únicamente "facilitó un listado de personas con el título de control de accesos, porque así se lo pidió Diviertt".

"De esta lista, la empresa elige unilateralmente, contrata a 63 personas y les da de alta como auxiliares, ni siquiera como controladores de accesos, porque no tiene esa competencia dentro del recinto, ya que toda la competencia de seguridad le corresponda a Seguriber, por la imposición directa de Madrid Espacios y Congresos", ha detallado Zein, que al igual que hizo ayer Diviertt, ha descargado toda la responsabilidad en Seguriber. Esta empresa está contratada por el Ayuntamiento para vigilar el recinto los 365 días del año y fue subcontratada por los organizadores para la fiesta. Elaboró el plan de seguridad del evento, validado por el Ayuntamiento, y en el que consta que 38 guardas vigilarían los alrededores del Madrid Arena, dentro ya del control de acceso pero fuera del pabellón. Seguriber asegura, en contra de lo dicho por Diviertt ayer y hoy por Kontrol 34, que los tornos de acceso y el control de acceso eran responsabilidad de Diviertt, puesto que en su contrato sólo constaba la vigilancia del exterior del recinto. Su representante legal también comparecerá como imputado, en una fecha aún por determinar.

El letrado de Manzanares ha incidido en que "Kontrol 34 no tiene nada que ver como empresa con la realización y ejecución de ese evento" y ha reiterado que la seguridad competía a Seguriber. Ha detallado que las personas contratadas por Seguriber trabajaron como camareros, dj o personal del ropero, para informar a los asistentes... Según su versión de los hechos, en ningún momento se comunicó a estos empleados, "que cobraban a seis euros la hora", tuvieran que vigilar el movimiento de público en los distintos niveles del pabellón.

En los papeles del Ayuntamiento figura en cambio que los 63 controladores, porteros de discoteca, debían vigilar los accesos, con la ayuda de otra empresa, Dato; y que el aforo dentro de los tres niveles del pabellón no se sobrepasara porque un exceso de gente bajara a la pista, donde sólo cabían 3.680 personas del total de 10.600 permitidas en el recinto. Manzanares Rodríguez se ha basado en el decreto 163/2008 de la Comunidad de Madrid, que regula la actividad de control de acceso a los espectáculos públicos y actividades recreativas. En concreto se ha referido al artículo 5 párrafo 2: "En ningún caso el personal de control de acceso puede asumir o ejercer las funciones de servicio de seguridad". Esas funciones de seguridad, le correspondían a los empleados de Seguriber.

Manzanares Rodríguez, a quien no se ha visto a la entrada del juzgado y que ha salido con casco y gafas para evitar ser reconocido, ha quedado en libertad con cargos y sin ninguna medida cautelar. Su comparecencia se ha producido un día después de la de Miguel Ángel Flores, gerente de Diviertt, a quien el juez impuso como medida cautelar acudir dos veces al mes al juzgado. Miguel Ángel Flores culpó de la tragedia a la Policía Municipal y al Ayuntamiento de Madrid. En concreto, a la sociedad pública Madrid  Espacios y Congresos, que según él era la encargada de la seguridad “interior y exterior” del recinto. “Mi empresa no tenía nada de competencia en cuestión del plan de seguridad, ni tiene alternativa para contratar otra empresa de seguridad distinta de la de Seguriber”, afirmó.

Flores, imputado en cuatro delitos de homicidio por imprudencia, opinó que la causa de la estampida fue un “botellón descontrolado” celebrado en un parking adyacente al pabellón. Según él, ese botellón, en el que participaban entre 3.000 y 4.000 personas debió ser vigilado por la Policía Local. Según su declaración ante el juez, estos jóvenes se colaron a las bravas en el recinto, por lo que dentro había entre 13.000 y 14.000 cuando se produjo la tragedia. Aseguró que se vendieron 9.650 entradas para un aforo máximo de 10.620.

Según un informe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Madrid elaborado el 1 de noviembre, el aparcamiento pegado al recinto municipal Madrid Arena fue habilitado la noche de la tragedia "como zona de botellón, cobrando un total de 10 euros por vehículo". En este documento se detalla que el responsable de Seguriber aseguró a dos agentes, que habían acudido a recoger documentación administrativa al complejo, que en dicho aparcamiento se cobraba por hacer botellón. Según dos miembros de la Policía Nacional y otro de la Local que asistieron, a título privado, al evento, las medidas de seguridad desplegadas “eran inexistentes”.