Los gerentes sociales dicen que el decreto de desahucios traerá más exclusión social

Los profesionales de los servicios sociales han criticado duramente el decreto presentado por el Gobierno en el que se prevé una moratoria para los desahucios previstos si se dan determinadas circunstancias. “Ha sido un gravísimo error estratégico determinar una serie de situaciones de supuesta vulnerabilidad social. La realidad va a pasar por encima de ese decreto porque la casuística es infinita, no puede resumirse en un número de hijos, ni en la edad de estos, ni en tener o no tener a un dependiente en casa, ni siquiera en un nivel de renta”, ha asegurado Luis Barriga, de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

Barriga, que ha estudiado cómo se afrontan los desahucios en varios países europeos, está seguro de que “la realidad pasará por encima de este decreto, porque la casuística de situaciones de vulnerabilidad es infinita”. “Además, la creación del llamado fondo social de viviendas contribuirá a traer más exclusión: ¿qué viviendas se les van a proporcionar, en qué zonas? ¿lejos de sus barrios, de sus familias? Corremos el riesgo de tener miles de desplazados internos viviendo fuera de contexto. Ya hemos visto experiencias con los realojos. Es obvio que el departamento de Economía no entiende de dinámica social”, ha añadido.

La asociación a la que pertenece, de profesionales sociales, ya ofreció hace meses un proyecto integral para tratar estos problemas de vivienda que alcanzan a las familias con una deuda sobrevenida. Se presentó en el Congreso en febrero e iba dirigida a la comisión de Justicia. “En abril se nos indicó amablemente que nuestras alternativas se redirigían a la comisión de Economía”, explica. La Consejería de Familia de Castilla y León sí ha tenido en cuenta el asesoramiento de los profesionales de los servicios sociales para poner en marcha un servicio de apoyo integral a estas familias que, con las limitaciones propias en esta materia de las comunidades autónomas, se inició el 1 de noviembre.

“Es de un desconocimiento profundo en el ámbito social definir situaciones de vulnerabilidad para optar a determinadas ventajas, como las que, supuestamente, plantea este decreto, porque es de todos sabido que se pueden dar comportamientos artificiosos para acercarse a las medidas prefijadas. Condicionar la paralización de un desahucio al tamaño de la familia puede afectar a fenómenos de natalidad forzosa, por poner un ejemplo. O traer al abuelo dependiente a casa en lugar de ingresarlo en una residencia aun cuando la necesite. Y ya pueden esmerarse en cuidarlo, porque a la triste pérdida de un familiar podrían añadir el automatismo de terminar en la calle”. “Esto no se puede despachar con un listado de vulnerabilidades, hay que estudiarlo caso a caso no hay otra manera de hacerlo”.

Otro de los grandes errores que detectan estos profesionales es que la moratoria del desahucio se inicie en el momento del lanzamiento, es decir, cuando las personas deben abandonar la vivienda, cuando si se hubiera hecho en el momento de iniciarse los trámites (la ejecución) “estas familias podrían pensar en mejorar sus condiciones laborales para recuperar su casa”. “Del otro modo el efecto puede ser perverso: si encuentro trabajo y mejoro mi renta me quitarán la casa, podrían pensar los afectados”.

“Además, la renta no tiene en cuenta las unidades de consumo, tal cual se miden con indicadores internacionales, así que hay que estar obligatoriamente por debajo de 1.597 euros de renta tanto si se tienen dos como siete hijos. Y ya repugna a la razón pensar que una familia con un niño de dos años tiene más derecho a esta protección que una con un crío de cuatro años”, ha lamentado.

Barriga ha reconocido la labora desarrollada por las “plataformas, instituciones y colectivos solidarios que llevan años alertando y combatiendo estas injusticias” y ha insistido en que los profesionales de los servicios sociales siguen a disposición de los poderes públicos para tratar este problema, pero ha lamentado este decreto “con el que se pierde una nueva oportunidad para la necesaria reconciliación de la ciudadanía con las instituciones que están a su servicio”.