El Gobierno crea una comisión para estudiar cómo bajar los desahucios
El Ejecutivo pactará salidas a los desahucios con el PSOE pero aún no habla de reformas Santamaría anuncia la creación de un grupo de trabajo con Economía, Hacienda y Justicia
Los desahucios y en especial algunos dramas que los rodean, como los suicidios de la semana pasada, tienen muy preocupado al Gobierno. El Ejecutivo teme un estallido social y es consciente de que el asunto de los desahucios está generando una enorme alarma entre los ciudadanos, y más en un momento en que los bancos están siendo rescatados con 40.000 millones de euros de dinero europeo que España asume como deuda. El Ejecutivo ha decidido tomar cartas en el asunto, consciente de que el Código de Buena Conducta que los bancos firmaron hace apenas seis meses no está funcionando como se esperaba.
La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció este viernes que el Gobierno ha hecho lo que suele hacer cuando un asunto es complejo pero le interesa mostrar su interés por resolverlo: crear un grupo de trabajo. Sáenz de Santamaría no quiso adelantar ninguna de las propuestas sobre las que trabaja. La vicepresidenta asegura que quiere pactarlas con el PSOE, con quien se verá la semana que viene. Por eso, explica, aún no quiere detallar nada.
“El Consejo de Ministros ha estado analizando algunos datos y vamos a darle una vuelta de tuerca. Hemos constituido un equipo de trabajo que preside la vicepresidencia e incluye a varios ministerios como Economía o Justicia, entre otros, para analizar todas las posibilidades legales que tenemos. Tenemos la máxima voluntad de llegar a acuerdos en especial con el PSOE. Es un asunto de gran calado social, tenemos que encontrar las medidas más eficaces para poder paliar la situación que viven algunas personas que pierden su vivienda”, aseguró la vicepresidenta.
Después se le preguntó si el grupo de trabajo tiene fecha de finalización y si habrá medidas legales, esto es reformas de leyes. La vicepresidenta no puso fechas pero sí dijo que se trabaja para tener una solución “de carácter inmediato”. “No es una reforma que queramos aplazar”, remató. La urgencia se produce porque la situación se agrava con el recrudecimiento de la crisis, hay casi 500 desahucios al día. Sin embargo, el Gobierno no tiene tan claro eso de las reformas legales. Los socialistas, con los que quieren pactar, sí son tajantes en su propuesta de reformar varias leyes, a pesar de que ellos no lo hicieron mientras estaban en el Gobierno, algo que ahora admiten como un error. Pero el Ejecutivo lo quiere estudiar bien. Economía y Justicia se inclinan más bien por seguir en la línea de presionar a los bancos para que se autoregulen. Sobre todo a los que han recibido ayudas públicas.
El Ejecutivo explica que por cuestiones de seguridad jurídica es muy difícil hacer reformas retroactivas, esto es ir a cambiar las hipotecas ya constituidas. Y el problema real está ahí. Los socialistas plantean una moratoria. El Gobierno teme que la imagen internacional de España y la valoración de los bancos españoles se pueda hundir si se hace una reforma muy agresiva. De momento, se crea el grupo de trabajo, pero el Ejecutivo insiste: habrá decisiones en breve.
El PSOE hace campaña contra los desalojos en toda España
Es muy probable que haya algún acuerdo entre el PSOE y el Gobierno, y el resto de los grupos, sobre los desahucios, pero mientras empieza la negociación el PSOE quiere marcar territorio y que se sepa que el Grupo Parlamentario Socialista, y su presidente, Alfredo Pérez Rubalcaba, son los impulsores de un cambio legal en este asunto a través de una proposición de ley.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, han acordado celebrar la próxima semana una entrevista para abordar varios asuntos, este entre ellos. Sin más detalles. Por tanto, los socialistas se quedan con su proposición de ley, que contiene toda una batería de medidas, muchas de ellas coincidentes con otras presentadas por Izquierda Plural. Lo relevante es que el Gobierno ha tomado conciencia del drama de cientos de miles de ciudadanos, desahuciados ya (unos 400.000) o en vías de estarlo (en torno a 200.000).
A partir del lunes, los socialistas explicarán en todas las capitales de provincia su propuesta, que va más allá que la dación en pago (entregar la casa como liquidación de la deuda). El PSOE pretende que antes de llegar a entregar la casa haya una moratoria en el pago. La modificación consiste en ampliar el “umbral de exclusión”, permitiendo que estén incluidas aquellas familias que perciben rentas que no superen en dos veces y media el IPREM (Índice Público de Renta de Efectos Múltiples), unos 1.500 euros al mes, y limitar el pago por la hipoteca como máximo al 50% de los ingresos familiares.
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