El juez de Nóos cuestiona la opacidad de los contratos de eventos deportivos

El juez José Castro, que instruye el caso Nóos, en el que está imputado Iñaki Urdangarin, yerno del Rey, por malversación, fraude y falsedad documental, ha expresado su malestar e incomprensión al descubrir que determinados contratos millonarios que firma la Administración Pública para la celebración de eventos deportivos tienen una cláusula de confidencialidad que impide conocer los detalles de ese gasto de dinero público.

Durante la investigación de los contratos adjudicados a dedo al Instituto Nóos, la entidad sin ánimo de lucro que dirigían Urdangarin y su socio Diego Torres, el juez Castro se ha topado con algunos dirigentes públicos de la Comunidad Valenciana que le han explicado en los interrogatorios cómo determinados contratos que firma la Administración son especialmente opacos porque así lo deciden los gestores políticos y los dueños de las empresas beneficiadas por esa relación.

En el interrogatorio que el juez José Castro hizo a Luis Lobón —responsable de proyectos con participación pública como Terra Mítica, el Aeropuerto de Castellón o la Ciudad de las Artes y las Ciencias—, el alto cargo valenciano se pronunció en estos términos: “Tengo cláusula de confidencialidad en muchos contratos de los que están bajo mi jurisdicción, que tienen que ver con actividades deportivas. Hay algunas cláusulas que me gustan y otras que no”.

El juez, que interrogó a Lobón en relación al convenio que permitió al Instituto Nóos cobrar cientos de miles de euros de las arcas de la Generalitat valenciana, cuestionó, tras esta declaración, que sea normal que en la contratación con la Administración Pública se acepte que haya aspectos que deban permanecer en secreto y de los que nadie más, a excepción de quienes intervienen en el contrato, pueda tener conocimiento.

“Tengo claúsula de de confidencialidad”, admite un alto cargo valenciano

Y Lobón siguió explicándose: “El contrato de Fórmula 1 o los que se hacían con la America´s Cup tenían cláusula de confidencialidad y era la condición que se nos puso y que se nos ha puesto; algo así como si lo quieres lo coges y si no lo dejas”. El juez Castro decidió imputar a Lobón en el mismo momento en que estaba declarando como testigo al considerar que no aclaraba suficientemente su participación en la adjudicación a dedo de contratos públicos a Urdangarin que la investigación consideraba delictivos.

No era la primera vez que en el curso de la instrucción del caso Nóos el juez Castro se topaba con el problema de la confidencialidad de contratos que habían sido firmados por la Administración Pública. Ya le ocurrió durante el interrogatorio de Isabel Villalonga, ex subsecretaria de Presidencia de la Generalitat valenciana y actual secretaria de la Delegación de Gobierno de la Comunidad Valenciana. Villalonga, que rechazó pagar la inmensa mayoría de facturas presentadas por el Instituto Nóos para la preparación de unos Juegos Europeos en Valencia que nunca llegaron a celebrarse y que ahorró al erario casi dos millones de euros, explicó que determinados contratos tenían cláusula de confidencialidad. El juez José Castro y el fiscal Pedro Horrach también expresaron su disgusto:

Fiscal. ¿Cuándo puede tener cláusula de confidencialidad?

Isabel Villalonga. Cuando lo adopten las partes.

F. ¿Y por qué se deja a la decisión de las partes el que hecho de que sea pública o no la forma en que se gasta el dinero público de turno?

I. V. No lo sé señor, no lo sé. En algunos casos, cuando se contrata con determinadas personas privadas o, por ejemplo, en los convenios con la Volvo [Ocean Race], hay contratos de adhesión. [...] No está regulado cuándo debe establecerse cláusulas de confidencialidad.

Juez. Es decir, ¿que el ciudadano normal y corriente no puede tener acceso a cómo se gasta y de qué forma el dinero público, si pagando 20 millones de euros al año por la Fórmula 1 o 40 o 50 para la Volvo?

I. V. Bueno, se puede tener conocimiento del importe, otra cosa es el acceso al contrato, a cada cláusula y a las prestaciones que establece, porque muchas veces lo que se protege es una propiedad industrial. Es que no hay normas, la ley de contratos no establece cuándo debe ser, no hay ninguna norma. Supongo que será decisión de las partes.