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Interior denunció la marcha del 25-S como un intento de tumbar el sistema

Pedraz renuncia a identificar a los manifestantes que financiaron la protesta

La policía dijo que los promotores querían derrocar el Gobierno y abrir un proceso constituyente

El juez rechazó el pasado jueves hacerse cargo de los 35 detenidos en la protesta

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La investigación abierta por Santiago Pedraz contra los organizadores de la marcha del 25-S bajo el lema Rodea el Congreso languidece. El juez de la Audiencia Nacional anuló este miércoles una orden suya, dada el pasado 19 de septiembre —seis días antes de la manifestación—, para que Triodos Bank y Caixabank entregaran a la policía los nombres de los titulares de las dos cuentas corrientes que abrieron los promotores de la protesta para pagar los viajes en autobús de los manifestantes a Madrid. Una vez comprobado el desarrollo de la manifestación, Pedraz considera que esos datos ya no son necesarios para su causa, iniciada por un atestado policial que avisaba de la preparación de una rebelión. El juez ha ordenado a ambas entidades que no faciliten esos datos.

La decisión del juez de dar la orden que ahora anula se basa en la denuncia presentada por la policía el 14 de agosto. En ella, la brigada de Investigación Tecnológica de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) avisaba al juez de que “en diversos sitios de Internet” se estaba promoviendo “una concentración ante el Congreso para el martes 25 de septiembre con el fin de permanecer allí de manera indefinida hasta conseguir (...) la dimisión del Gobierno y la apertura de un proceso constituyente”. El escrito de los agentes avisaba además de que 35.618 personas habían anunciado que participarían y que otras 21.202 se lo estaban pensando, mientras que la invitación a la protesta había sido cursada a 557.630 personas. El informe advertía de que, “mediante consulta a la comisaría del Congreso”, habían comprobado que, el día de la convocatoria (el 25-S) el pleno de la Cámara estaría reunido, por lo que creían que sus promotores podían estar planeando un delito contra las Instituciones del Estado. Un intento de tumbar el sistema democrático.

Los convocantes aseguran que esos fines se incluyeron en la convocatoria inicial, pero luego se modificaron en sucesivas asambleas que se celebraron posteriormente. El abogado de uno de los imputados, Antonio Segura, recuerda además que cada una de estas reuniones se retransmitió vía streaming por la red, así que no existía ninguna conjura antisistema, y que, al final, fue la Delegación del Gobierno en Madrid la que autorizó la manifestación.

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz.
El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz.

Es el contexto de esa conspiración para alterar el orden constitucional anunciada por la policía en el que Pedraz cita a declarar como imputados por un delito contra las Instituciones del Estado a ocho promotores. Sus nombres salieron de una lista de 35 que acudieron a la manifestación convocada por UGT y CC OO el pasado 15 de septiembre en Madrid bajo una pancarta en la que se leía Ocupa el Congreso. Allí fue donde la policía los identificó. Esa supuesta amenaza al Congreso fue lo que también provocó que el juez se dirigiera a Facebook para intentar averiguar la identidad de los organizadores y pidiera a Caixabank y a Triodos los nombres de los titulares de las cuentas y de las personas que ingresaron cantidades en ellas.

Pero tras celebración de la marcha, en la que el pleno de la Cámara no fue interrumpido, la actitud del juez cambió. Pedraz rechazó el pasado jueves la intención de Interior de llevarle a los 35 detenidos tras las cargas policiales al considerar que los delitos que indicaba el atestado —atentado y desórdenes públicos, entre otros— no eran competencia de la Audiencia. En el informe policial no aparecía el delito contra las Instituciones del Estado que el Gobierno sí veía.

Al final, los 35 imputados declararon en el juzgado de Instrucción 8 de Madrid. Su titular, Rosario Espinosa, dejó a todos libres salvo a uno —al que envió a prisión eludible con fianza de 1.000 euros— pero en el auto genérico que entregó a cada uno sí apreciaba el delito contra el Estado que no veía Pedraz. El lunes, sin haber investigado las conductas individuales de cada uno —el que encarceló por ejemplo, fue detenido en un bar de Atocha, a kilómetro y medio del Congreso— se inhibió a favor de su compañero de la Audiencia.

Pedraz aún no ha decidido si se quedará con esos arrestados, pero, el pasado lunes, ordenó analizar el Diario de Sesiones de la Cámara para comprobar si el trabajo de los diputados fue alterado por la protesta. Esta mañana tomará declaración a los ocho promotores a los que había imputado. Sus abogados han pedido el archivo de la causa.