Hacia la gestión pactada del fin de ETA

Además de su insistencia en que cumplirá el objetivo de déficit, el único gesto resolutivo de Mariano Rajoy, en su entrevista televisada del lunes, fue cuando expresó su firme voluntad de que el preso etarra Iosu Uribetxeberria no muriera en la cárcel, tras informar a la audiencia de que solo pesaba 47 kilos, como muestra notoria de su estado terminal.

Rajoy, animado por el PP vasco, ha decidido seguir los dictados de la jurisprudencia en esta materia, que no son otros que evitar que los presos con enfermedades terminales se mueran en las cárceles por muy repugnantes que sean los crímenes que han cometido. Con ello se pone de manifiesto la superioridad del Estado de derecho sobre el comportamiento de las organizaciones terroristas; y que la democracia es mucho más grande y generosa que quienes la han combatido. Con esta orientación han funcionado las instituciones democráticas en España desde la Transición.

Con su comportamiento, Rajoy, pese a las horas tan bajas que está pasando por su gestión de la crisis económica, ha dejado muy claro el terreno de juego y ha desafiado a quienes interpretan el final del terrorismo en clave de venganza, desde el sector más radical de su partido, encabezado por Jaime Mayor y Esperanza Aguirre, hasta algunos grupos de presión sociales y mediáticos.

Aunque con esta resolución Rajoy ha fijado la línea de separación con este sector, las distancias ya se venían marcando, meses atrás, desde que el Gobierno decidió acatar la decisión del Tribunal Constitucional de legalizar a la izquierda abertzale y se opuso, en marzo, en el Congreso, a la propuesta de UPyD de ilegalizarla. Cada vez está más claro que la beligerancia exhibida por la derecha radical en el caso Bolinaga, más allá de la repugnancia que provoca para muchas víctimas del terrorismo el personaje de Uribetxeberria, de la que se aprovecha, radica en su impotencia por la legalización de la izquierda abertzale.

La derecha radical, que interpreta que la legalización de la izquierda independentista supone nada menos que ETA se ha colado en las instituciones, pretende, como contrapartida, evitar cualquier tipo de interpretación abierta de la ley en el tratamiento de los presos etarras.

Pero su planteamiento es erróneo desde el principio. Así, ignora que para que Sortu haya sido legal ha tenido que reconocer, en sus estatutos, el rechazo expreso a la violencia de ETA. Es decir, ha tenido que admitir por escrito la derrota de ETA, con lo que difícilmente se sostiene que la banda terrorista se ha colado en las instituciones. También ignora que ETA declaró el cese definitivo de la violencia hace ya casi un año.

Eso no lo ignoran ni el Gobierno central ni tres de los principales partidos vascos: PNV, PSE y PP. La dinámica posterior a las elecciones vascas del 21-O apunta a un acuerdo en la gestión del final de ETA entre todos ellos. Ni siquiera el riesgo de emulación soberanista que puede provocar en el nacionalismo vasco la situación en Cataluña alterará la gestión del final de ETA. Iñigo Urkullu no es Ibarretxe. No vincula el fin de ETA a una mayor soberanía para Euskadi como creía el exlehendakari.