Dívar renuncia a la indemnización compensatoria de 208.243 euros

La suma era para compensar los perjuicios ocasionados al acceder al cargo El CGPJ iba a debatir sobre si se pagaba o no el día 20

El expresidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial Carlos Dívar ha comunicado esta tarde al secretario general, Celso Rodríguez Padrón, que renunciaba a la pensión indemnizatoria que había reclamado tras tener que renunciar a sus cargos el pasado 21 de junio, por el asunto de sus 32 viajes de fin de semana a Puerto Banús y otros destinos turísticos. La indemnización, de acuerdo con la ley 74/ 1980, ascendía a 208.243 euros, ya que supone el 80% de su sueldo durante dos años.

La indemnización, de acuerdo con la ley 74/ 1980, suponía el 80% de su sueldo —130.000 euros al año— durante dos años, lo que cifraba el montante global en 208.243 euros.

El Consejo General del Poder Judicial debatió en el último pleno de julio la procedencia de conceder la indemnización, pero finalmente se aprobó, por 12 votos a favor, 8 en contra y una abstención, solicitar a Hacienda la dotación presupuestaria para hacer frente al gasto. Sin embargo, la decisión sobre si se le pagaba o no la cantidad reclamada iba a ser debatida y votada en el pleno del día 20 de este mes.

Dívar había llegado a la edad de jubilación el 31 de diciembre de 2011 y ya había reclamado una pensión por ese concepto. Al cesar en sus cargos, reclamó la pensión indemnizatoria, y al ser incompatible ambas percepciones, optó por la más cuantiosa, es decir, la indemnizatoria.

Fuentes del Consejo General del Poder Judicial comentaron ayer que era muy probable que debido a las circunstancias que atraviesa el país y las que originaron su dimisión, finalmente, los vocales no iban a conceder la indemnización a Dívar. Por ello, a la vista de que había una corta mayoría en contra de la prerrogativa, desde el consejo se habría aconsejado al expresidente que era preferible una renuncia a que le fuera denegada.

La decisión de Dívar supone un alivio para los vocales que ya no tendrán que pronunciarse sobre el tema y que seguían divididos sobre la legalidad de la pensión indemnizatoria, aunque la inmensa mayoría opinaban que nunca debería de haberla solicitado.

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