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EL ÚLTIMO RECURSO

El arte de hacerlo... como siempre

Dívar, que tuvo que renunciar a su cargo por sus viajes caribeños, pretende llevarse 208.243 euros

Dívar abandona el Consejo del Poder Judicial tras dimitir el 21 de junio.
Dívar abandona el Consejo del Poder Judicial tras dimitir el 21 de junio.

Menos mal que el Gobierno de Rajoy decidió recortar el sueldo de los funcionarios, suprimirles la paga de Navidad y subirnos a todos el IVA, porque de lo contrario igual Hacienda no tenía fondos suficientes para pagar los 208.243 euros de indemnización que el ex presidente del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial, Carlos Dívar, sin el menor atisbo de vergüenza o rubor, ha reclamado tras tener que renunciar a su cargo el 21 de junio pasado por el vidrioso asunto de los viajes.

Porque, por si no lo recuerdan, el 16 de junio un nutrido grupo de vocales comunicaron a Dívar que había perdido su confianza por haber cargado a los presupuestos del Consejo la mayor parte del desplazamiento, alojamiento y manutención de los 32 viajes de fines de semana caribeños (solo se trabaja de martes a jueves) que realizó a Puerto Banús y otros destinos turísticos durante tres años, así como los gastos protocolarios que incluían numerosas cenas para dos en restaurantes de lujo.

Sus compañeros, para no deteriorar más la imagen de la institución, le pusieron en la tesitura de dimitir o de ser expulsado. Y él, que había proclamado que nunca dimitiría, no tuvo más remedio que tomar la salida que le enseñaban, aunque con la convicción de que gastarse el dinero de los contribuyentes a cuerpo de rey era un derecho que le asistía.

Ahora, ya jubilado, considera que los españoles tenemos que seguir financiando sus actividades, algo así como el óbolo de San Carlos —el de San Pedro, obviamente es para el sostenimiento de la Santa Sede—, y ha reclamado una indemnización que equivale al 80% del sueldo que percibía durante dos años, es decir, 208.000 euros. Esta dádiva, prevista en una ley de 1980, tenía como finalidad compensar a los ministros y altos cargos por los perjuicios ocasionados al acceder al cargo o los derivados de las incompatibilidades que tenían que sufrir al volver a la actividad privada, ya que no podían ocuparse de asuntos que hubieran tratado durante su etapa oficial.

Pero de ninguna manera podía entenderse como una prebenda para los políticos frente al resto de la ciudadanía. Así lo declaró en 2000 una sentencia de la Sala de lo Contencioso del Supremo que señalaba: “Es evidente que la voluntad de los representantes de la soberanía popular era compensar a ciertos altos cargos, entre ellos los ministros, fijando un mecanismo indemnizatorio por los perjuicios derivados del ejercicio del cargo al dejar temporalmente sus anteriores actividades”.

Pero el legislador nunca pensó en engordar la buchaca de personas que se jubilaban o las que hubieran tenido que dimitir, y la sentencia mencionada recordaba que determinadas excepciones chocan frontalmente con el principio de igualdad. Por ello señalaba que las pensiones públicas de los altos cargos, “deben estar sometidas a las mismas normas limitativas a que están todas las pensiones que se satisfacen con fondos públicos, con la excepción de las derivadas de actos terroristas”.

Y Dívar no padeció perjuicio alguno ni al acceder al cargo ni al tener que dejarlo, por lo que la indemnización no le corresponde. Lo mismo, por cierto, que a los dos ex presidentes del Tribunal de Cuentas, Ubaldo Nieto de Alba o Manuel Núñez que también han reclamado su indemnización.

Pero el Consejo, lejos de rechazar el abuso de quien tuvo que dejar el cargo, por 12 votos a favor (Moliner, De Rosa, Bravo, Lastra, Espejel, Dorado, Carmona, Torres Vela, Uría, Camp, Monserrat y Fernández Carnicero), una abstención (Gemma Gallego) y ocho en contra (Robles, Gómez Benítez, Cruz, Almenar, Montalbán, Azón, Aguirre y Collado) decidieron pedir a Hacienda la dotación presupuestaria para hacer frente al pago.

En un momento de recortes brutal y cuando los políticos deberían derogar sus propias prerrogativas y los beneficios de la ley 74/80 para no afrentar a los ciudadanos, el Consejo provisiona fondos para indemnizar al personaje que más ha deteriorado el prestigio del organismo y de la justicia. Grandioso.

El pleno del CGPJ decidirá el día 21 si da el dinero a Dívar. Esperemos que al final los vocales no tengan que reproducir la célebre frase del que fuera primer ministro ruso Viktor Chernomyrdin: “Quisimos hacerlo de la mejor manera posible y nos salió como siempre”.