Sin soportes documentales que acrediten la contabilidad

El Instituto Nóos es una entidad sin ánimo de lucro con la que sus propietarios, como si se tratara de una ONG, convencieron a diversos Gobiernos para organizar eventos sobre turismo y deporte. El dinero que entraba en esa entidad sin ánimo de lucro para fines en teoría altruistas salía presuntamente con destino a empresas privadas con ánimo de lucro propiedad de Iñaki Urdangarin y su socio, Diego Torres. Así, ambos se enriquecieron con fondos públicos engañando supuestamente a las Administraciones que les otorgaron esas sumas.

Así lo creen tanto el juez instructor como el fiscal que investiga el caso en Palma de Mallorca. Para llegar a esa conclusión y acumular pruebas se encontraron con algún obstáculo mayor. En la sede de Nóos no hay soportes documentales de la contabilidad real, ni archivadores con los originales de las facturas recibidas o emitidas. Solo hay apuntes contables sobre la actividad del instituto y lo que se halló a partir del año 2009 en una gestoría externa del bufete Tejeiro, de la esposa y los hermanos de Diego Torres.

El juez reclamó en su día al Instituto Nóos que acreditara el hecho de “haber rendido cuentas de la inversión de los fondos recibidos para la ejecución de los referidos convenios”; y, en caso positivo, que aportara “las correspondientes justificaciones”. Pero la respuesta fue insuficiente, según la investigación. El fiscal anticorrupción de Baleares, Pedro Horrach, dirigió el 8 de noviembre de 2011 el registro en las oficinas de una red de sociedades vinculadas al Instituto Nóos en Barcelona.

Registros

El Cuerpo Nacional de Policía también registró en el marco de esta operación el domicilio de Diego Torres. Ese mismo día, los agentes recogieron de las sedes de la Consejería de Presidencia de la Generalitat Valenciana y de la Ciudad de las Artes y las Ciencias diversa documentación sobre los contratos firmados con el Instituto Nóos.

También cuenta la instrucción con la documentación oficial del Gobierno balear. En todos esos registros se basa la acusación que puede llevar al duque de Palma al banquillo de los acusados. La documentación incautada, aunque incompleta e insuficiente, sumó más indicios contra Urdangarin y su socio y destapó que las facturas justificaban gastos efectuados, en muchos casos, meses antes de haber firmado los contratos para organizar los eventos