Uribetxebarria se somete a las pruebas que le exige Prisiones para su libertad

La huelga de hambre del preso de ETA Iosu Uribetxebarria Bolinaga, enfermo de cáncer que pide su excarcelación, unida a la manifestación convocada por el entorno abertzale y a las huelgas de hambre iniciadas ayer por 13 presos de Sevilla II, corría el riesgo de convertirse en un largo quebradero de cabeza para el Ministerio del Interior y en una situación potencialmente desestabilizadora. Ayer logró reconducirse un poco, con el anuncio del preso de que se prestaba a que le realizaran un TAC y una punción en el pulmón, aunque seguía sin comer —sí aceptaba líquidos y suero—. La decisión era una tregua parcial en el pulso con el Gobierno —posterior a que Instituciones Penitenciarias abriera la puerta a una posible liberación— y la única vía que permitía una salida para todos.

El jueves, la situación era imposible: el preso, condenado por secuestrar al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara en 1996, no aceptaba someterse a pruebas médicas y Prisiones aseguraba que no podría evaluar su caso ni la gravedad de su enfermedad —para considerar su excarcelación, algo que permite el artículo 92 del Código Penal en los supuestos de enfermedad muy grave e incurable— sin un parte médico que determinara con exactitud cómo se encontraba. Mientras tanto, el entorno abertzale anunciaba todo tipo de protestas. Entre ellas, huelgas de hambre que iniciarían a partir de ese día una treintena de presos en cárceles españolas y francesas —y que comenzaron a confirmarse ayer— y cinco miembros de la organización Herrira. Después de llevar meses exigiendo la libertad de 14 presos enfermos de distinta gravedad, algunos leves, había surgido un caso más claro que los demás: un enfermo de cáncer de riñón desde 2005 a quien se le había reproducido el tumor y extendido al pulmón y al cerebro.

Interior había dado un paso. Frente a la postura inicial de la semana pasada —cuando este recluso fue trasladado desde el hospital de referencia de la prisión de León a Euskadi, al hospital Donostia de San Sebastián, pero insistiendo en que no se iba a proceder a la liberación—, el jueves por la noche, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias lanzaba un nuevo mensaje: si colaboraba y realmente estaba tan grave, quizá podría ser liberado.

El cambio de opinión era sencillo para el Gobierno —que argumenta que lo único que hace es acogerse estrictamente a la legalidad y que los presos deben someterse al Estado de derecho— y permitía desbloquear la situación. La última palabra, finalmente, la tendrán los médicos. Parece probable —y así se desprende de las conversaciones mantenidas durante estos días entre el Gobierno central, el Ejecutivo vasco y de estos con el diputado general de Gipuzkoa, Martín Garitano, que se ha involucrado personalmente en el asunto— que con ese diagnóstico final se proceda a la excarcelación del preso. Después de todo, ayer parecía que habían triunfado las tesis más posibilistas tanto dentro del Gobierno como de la izquierda abertzale, aunque el conflicto está aún por ver el desenlace definitivo.

Garitano, la máxima autoridad institucional de Bildu, se reunió durante una hora en el hospital con Uribetxebarria. A la salida hizo las declaraciones esperadas: “[Uribetxebarria] demanda, como demandamos nosotros y la inmensa mayoría de la sociedad vasca, ser puesto en libertad en cumplimiento de la legalidad vigente”. No dio ninguna pista sobre si el preso iba a continuar o no con la huelga de hambre ni sobre su conversación con él. El hospital Donostia emitió el primer parte médico en el que señaló que el recluso “permanece estable estando a la espera de la realización y resultados posteriores de las pruebas diagnósticas necesarias para evaluar su situación de enfermedad”. Bajo los focos, nada nuevo.

El diputado general de Gipuzkoa solo manifestó su confianza en que se inicien lo antes posible “los trámites penitenciarios para que pueda afrontar este dificilísimo trance desde su casa, que es lo que dice la ley”. Además, por la mañana había anunciado que la Diputación había iniciado una serie de contactos con el Gobierno vasco y español, aunque no quiso ofrecer más detalles.

Los familiares de Uribetxebarria se reunieron con Garitano y también con el Ararteko, el defensor del pueblo vasco, para pedir la puesta en libertad inmediata del recluso y, de paso, el final de la dispersión de presos.

El próximo lunes le serán practicadas a Uribetxebarria las pruebas para hacer una evaluación que pueda ser utilizada por Interior para tomar una decisión. Hasta entonces, el preso tendrá que decidir si continúa o no con la huelga de hambre. Su decisión será un signo de lo que puede pasar en el futuro.