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El pirata informático que delató a miles de evasores se resiste a su extradición

Hervé Falciani, el programador que robó y facilitó miles de ficheros de evasores fiscales, se niega a ser entregado a Suiza

Hervé Falciani en Niza, Francia, en julio de 2010. Ampliar foto
Hervé Falciani en Niza, Francia, en julio de 2010.

Para Suiza es un criminal que puso en peligro el estricto secreto bancario que rige en ese país. Pero Francia —y también España,  entre otros países— utilizaron su información para actuar contra miles de supuestos evasores de impuestos. El francoitaliano Hervé Falciani, de 40 años, exempleado del banco HSBC en Ginebra, pirateó en su entidad 130.000 ficheros informáticos con cuentas de clientes, entre ellos miles de supuestos defraudadores, y los entregó a la fiscalía francesa. Gracias a esos datos, ese país logró recuperar unos 1.200 millones defraudados, según Le Monde.

Tras su detención en Barcelona el 1 de julio, la Audiencia Nacional ha empezado su proceso de extradición a Suiza. Falciani, que declaró ayer ante el juez Eloy Velasco, rechazó ser entregado a ese país, donde le espera un juicio por espionaje económico y revelación de secretos que podría costarle hasta siete años de cárcel.

Falciani, informático de profesión, obtuvo esos ficheros mientras trabajó en HSBC entre 2001 y 2008. El francoitaliano trató de venderlos sin éxito a un banco libanés en 2007. Después se los ofreció a varios servicios secretos europeos. En diciembre de 2008, la justicia suiza abrió un proceso contra él por el supuesto robo de datos, pero Falciani huyó al sur de Francia.

Un mes después, un juez suizo pidió a Francia que entrara en el domicilio de Falciani y se hiciera con sus ordenadores. París ordenó el registro, pero se negó a entregárselos y, pese a las airadas protestas de Berna, la hacienda gala inició investigaciones contra 3.000 supuestos evasores de ese país que aparecían en ellos.

París envió los datos pirateados a otros países, entre ellos a España. En ellos aparecía una cuenta del padre del presidente del Santander, Emilio Botín, lo que obligó a su familia a abonar a Hacienda unos 200 millones. El asunto llegó a la Audiencia, donde se imputó al banquero un delito fiscal. Pero el juez Fernando Andreu lo archivó tras comprobar que sus deudas se habían regularizado.

Ahora, el hombre que facilitó esos datos se enfrenta a ese mismo tribunal, que tendrá que decidir si es un pirata, como mantiene Suiza, o uno de los más eficaces delatores de evasores fiscales.