Transparencia Internacional alerta de falta de compromiso contra la corrupción

Promover un gran pacto nacional de lucha contra la corrupción entre Gobierno, partidos, ONG, sindicatos, asociaciones empresariales y medios de comunicación. Esa es la primera recomendación que el informe de Transparencia Internacional hace a España en su balance anual. En él, nos sitúa al nivel de Grecia y Portugal, como claros casos de cómo “la ineficacia, los abusos y la corrupción no están suficientemente controlados o sancionados”. Y no es la única comparación: “En Grecia, Irlanda, Italia, Rumania y España, el 80,8% cree que los partidos políticos son corruptos o extremadamente corruptos”, indica el documento.

El gran pacto nacional propuesto por Transparencia debería priorizar la adecuada implantación de las normas existentes y generar otras que “refuercen las sanciones, aseguren la independencia de los órganos encargados de la lucha contra la corrupción y el control del Gobierno, y coordine las actuaciones”.

El informe anual internacional que Transparencia hace sobre 25 países europeos deja a España en un lugar preocupante: “La ineficiencia, ineficacia, despilfarro y corruptelas no están suficientemente controladas, ni sancionadas. Es muy destacable la ausencia de preocupación por la educación de la ciudadanía frente al problema de la corrupción”, señala el informe.

El documento es consecuencia de la revisión de las instituciones relevantes en el terreno de la corrupción y del vínculo entre ellas. Así, indica que la rendición de cuentas es el principal problema del legislativo español. “El poder ejecutivo tiene un problema importante de transparencia”, señala sobre el Gobierno. Y mantiene que con mayorías absolutas existe un “control bastante efectivo del sistema interno”, aunque “otra cosa es el control de la realidad externa, que, como se ve con la crisis económica actual, hace al Gobierno depender enormemente de los mercados internacionales”.

Sobre el poder judicial, Transparencia Internacional destaca su in0dependencia, pero incide en que “el órgano de control de los jueces está fuertemente politizado y los miembros de los Tribunales superiores se nombran con una relativa influencia política. Por ello, existe un cierto incentivo, para los jueces que quieran llegar a los puestos superiores de sistema, de subordinar su plena independencia a ciertos compromisos políticos”. Pero el informe también aporta una solución, aunque “no es sencilla”. “Tal vez el nombramiento de sus miembros por sorteo entre magistrados calificados y entre 10 abogados y juristas de reconocido prestigio, con una entrevista selectiva pública posterior en el Congreso y Senado para estos últimos, fuera una solución a plantearse”.

La organización internacional advierte de la poca implicación de la sociedad contra la corrupción

Pese a que los cambios para el nombramiento del presidente de RTVE no han podido ser valorados en este informe, Transparencia Internacional ya apelaba a la promoción de “la independencia informativa de las televisiones públicas”. La mejora de la normativa de financiación de partidos es otra de las recomendaciones que hace este colectivo dedicado a la lucha contra la corrupción.

Sin embargo, no toda la responsabilidad recae en los poderes y el sector público. El informe analiza también la sociedad civil y sostiene que “todo ello se desarrolla en un marco de cultura cívica caracterizado por la desconfianza institucional y la baja implicación cívica”. “Una sociedad civil que desconfía tiene muchas más dificultades para agregarse y demandar cambios, con lo que la esperanza de un fuerte apoyo efectivo de la sociedad civil al cambio institucional no es previsible, aun cuando en las encuestas lo vea favorablemente”, concluye sobre una sociedad civil que califica de “débil, por lo que su capacidad de controlar al Gobierno y de influir en la políticas públicas es reducido”.