PSOE y PP, ni con Dívar ni con Benítez

Quienes aventuraron que el PSOE era la mano que mecía la cuna del caso Dívar, se equivocaron de plano. Los socialistas han vivido con malestar e incomodidad todo lo relacionado con la denuncia del vocal del Consejo General del Poder Judicial, José Manuel Gómez Benítez, contra el presidente del órgano de gobierno de los jueces y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar. La Fiscalía ha dado carpetazo a las denuncias de Gómez Benítez, contra su presidente por sus reiterados viajes a Marbella en fines de semana, a cargo del Consejo, sin una justificación profesional sólida y, PSOE y PP han hecho lo mismo con las peticiones de comparecencia de Dívar que ha formulado Izquierda Plural de la mano del diputado Gaspar Llamazares. Este volverá a la carga pero el pacto PP y PSOE en torno a Dívar se mantiene pétreo. El magistrado Dívar fue nombrado presidente del Supremo y del CGPJ a propuesta del presidente del gobierno socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, para alborozo del PP, entonces en la oposición. Zapatero solo se fijó en el perfil ponderado y profesional de Dívar y dejó de lado su conservadurismo, para desconcierto de muchos dirigentes de su partido.

El desarrollo del conflicto ha molestado tanto a PP como a PSOE. El Gobierno se ha aferrado en público al archivo del fiscal para dar el caso por cerrado, aunque en privado miembros del Ejecutivo reconocen su malestar por la naturaleza de los hechos denunciados, aunque no sean delito. La crisis económica lo llena todo; la petición de esfuerzos a los ciudadanos no tiene fin, el descrédito de las instituciones va en aumento, y ahora salta que el despilfarro llega al gobierno de los jueces. La actitud de Dívar al rechazar cualquier explicación “ a la prensa “, acompañada de su afirmación sobre la inutilidad de que se pidiera su dimisión, no ha facilitado al Gobierno, y al PSOE, su rechazo a admitir las peticiones de comparecencia de Dívar presentadas por Izquierda Plural. “Nos hubiera facilitado su defensa una actitud más discreta y algo más humilde”, señalan fuentes gubernamentales.

Menos mal que al salir tan mal parado el denunciante, el catedrático Gómez Benítez, que cosechó dentro del Consejo más peticiones de dimisión que Dívar, las actitudes un alto altivas del denunciado, han quedado un tanto mitigadas. Gómez Benítez enojó a sus compañeros al llevar los hechos a la Fiscalía sin dar cuentas del asunto al Consejo. Pronto se vio que el PSOE no iba a ponerse junto a él; más bien se puso de lado. Para los socialistas ahora en el timón de mando, encabezados por Alfredo Pérez Rubalcaba, Dívar fue el candidato del gobierno socialista y, además, su relevo podría dar lugar al nombramiento de un candidato sin los perfiles ponderados del actual presidente del Supremo. Se apuesta por la estabilidad de la institución, se asegura. De nuevo, el PSOE arrostra el coste de no ser beligerante con un asunto que sí ha creado un malestar notable en buena parte de la sociedad. “Hay comportamientos con los que no puedo estar de acuerdo y no me refiero a los de Gómez Benítez”. Con esta frase Rubalcaba ha ido lo más lejos que podía; nada de pedir la dimisión de Dívar ni tampoco apoyar las peticiones de comparecencia en el Congreso para que explique sus gastos. El PSOE se ha limitado a pedir “un ejercicio de transparencia al Poder Judicial”. También lo desea el Gobierno a sabiendas de que el caso sigue intacto de cara a la opinión pública y si ha sido archivado judicialmente se debe a que las normas del Consejo eximen a sus vocales de la necesidad de explicar la razón de sus gastos. Solo tienen que entregar las facturas. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha rehuido en lo posible este asunto y se ha limitado a señalar que la Intervención General del Estado audita las cuentas de todos los órganos del Estado.

Esta es la vía que le queda a Izquierda Plural y la va a utilizar. Gaspar Llamazares va a pedir la comparecencia del presidente del Tribunal de Cuentas para que explique cómo auditan los gastos del Consejo General del Poder Judicial. Por insistir que no quede pero PP y PSOE ya tienen decidido blindar a Carlos Dívar. Sí les hubiera gustado que en vez de romperse el propio Consejo hubiera establecido su propio código y levantar la opacidad de sus gastos. Aún confían en que rindan ese servicio. De momento, PP y PSOE cierran el asunto con declaraciones de intenciones de buena voluntad. “Pedimos un ejercicio de transparencia al CGPJ para que casos como este no vuelven a suceder”. Esta es la tesis de Alfredo Pérez Rubalcaba.