La Unión Progresista de Fiscales rechaza el archivo del ‘caso Dívar’

La Unión Progresista de Fiscales, que agrupa al sector progresista de la carrera fiscal, ha criticado duramente el decreto de archivo del caso Dívar realizado por el teniente fiscal del Supremo, Juan José Martín Casallo, al tiempo que expresó su "preocupación y alarma" por tal decisión.

En un comunicado, señala que el decreto de archivo "refleja bien a las claras que los hechos denunciados, objetivamente merecedores de investigación, no han sido en absoluto investigados". Agrega que a lo único que se han "limitado las diligencias practicadas por la Fiscalía es a recabar documentación fragmentaria e incompleta, para acudir después a valoraciones confusas de los hechos" y cita expresamente "esa suerte de equiparación entre la no exigencia de indicación del motivo de un viaje y la naturaleza del motivo mismo". También critica que Casallo haya hecho "interpretaciones excesivamente formalistas, incompletas y apresuradas del Código Penal", pasando por alto los elementos del artículo 433 del Código Penal, por ejemplo.

La UPF destaca que "con independencia de la relevancia penal que los hechos, si fueran debidamente investigados, pudieran o no tener finalmente, el decreto de archivo refleja y confirma que el CGPJ funciona en un régimen de secretismo, relajación presupuestaria y ausencia del mínimo control interventor que resultan inaceptables en una administración pública democrática". Los fiscales progresistas consideran "escandaloso" que el pleno del Consejo rechazase la propuesta del vocal Gómez Benítez para que se consigne en la justificación del gasto "la concreta actividad relacionada con el cargo y las funciones motivadoras de los desplazamientos, evitando así que se endosen al presupuesto del CGPJ público gastos de naturaleza privada, sin que ello se detecte y corrija".

Por último, la UPF concluye que "se consolida, pues, la escandalosa sospecha de que la práctica del CGPJ se aleja de los elementales principios de transparencia, austeridad y contención en el gasto que deben presidir siempre la actuación de todos los servidores públicos y máxime la de quienes, como el Sr. Dívar, encarnan las más altas instituciones del Estado, de cuyo prestigio y ejemplaridad son responsables".

Los fiscales progresistas entienden que Dívar debe ser removido de su cargo, puesto que fue nombrado Presidente del CGPJ a propuesta del Pleno en un ejercicio independiente de responsabilidad por los vocales que lo integran, y por tanto, deben ser ellos quienes, "en el ejercicio igualmente independiente de su responsabilidad, vienen obligados a reparar en la medida de lo posible el daño institucional ya consumado".