Benítez a Dívar: “Diga lo que diga el fiscal, tanto viaje no es ético ni estético”

Carlos Dívar, presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Supremo, viajó durante los últimos cuatro años al menos en 20 ocasiones a Puerto Banús (Marbella), consumiendo dinero público no solo para su estancia y manutención sino para los siete escoltas que le siguieron en fines de semana que se alargaron en algunas ocasiones hasta seis días. La Fiscalía General del Estado considera que Dívar, que no justificó el motivo de muchos de sus viajes ni la causa de los gastos protocolarios que hizo, no malversó fondos públicos y ha archivado la denuncia que puso el vocal del Consejo, José Manuel Gómez Benítez, catedrático de Derecho Penal.

El incidente motivó una reunión de urgencia tras el archivo de la Fiscalía. Dívar convocó el pasado lunes a los 20 vocales. No estuvieron todos: faltaron Félix Azón, Ramón Camp, Antonio Monserrat y Margarita Uría. La cuestión a tratar era la denuncia contra Dívar, su archivo por la fiscalía, y el uso de fondos públicos por parte del presidente.

Lo que sigue es la reconstrucción de esa cita basada en el relato de algunos de los miembros del Poder Judicial que participaron en la reunión.

Carlos Dívar, presidente del Consejo. Me enteré por EL PAÍS de la denuncia. El vocal no me avisó, aunque no tengo ninguna animadversión hacia él. Creo que cuando se pertenece a un órgano colegiado, lo mínimo, por lealtad, es llevar a pleno este asunto, que me ha supuesto un quebranto personal e institucional. Doy traslado del decreto del fiscal para que lo estudien. Y estoy dispuesto a explicar lo que deseéis en el próximo pleno [del 31 de mayo]. Tengo que desmentir que yo haya pedido la relación de gastos de todos los vocales del Consejo. Creo que estamos dando una imagen poco transparente en materia de gastos y hay que ajustarse más para actuar con más transparencia. Yo apoyé la propuesta de Gómez [Benítez] de austeridad.

José Manuel Gómez Benítez (vocal y denunciante). Yo tampoco guardo animadversión al presidente, propondré al pleno que en los desplazamientos se haga constar la actividad y las personas que provocan los actos protocolarios. Yo también voy a trabajar por la transparencia. Dicho esto, diga lo que diga la fiscalía, tanto viaje a Marbella no tienen justificación ni ética ni estética desde el punto de vista legal, y debilita la imagen del Consejo y del Supremo y nuestra legitimidad. La decisión de presentar la denuncia es que había una nota anónima que luego se retiró del expediente.

Gemma Gallego. ¿Y después del archivo, José Manuel, qué piensas hacer, vas a dimitir?

Margarita Robles. Nos ha convocado para informar y no nos ha informado de nada, solo se ha limitado a hacer valoraciones. La fiscalía tenía dudas sobre sus viajes, en el decreto de archivo hay dudas. Y además, esos 20 viajes no le han gustado a la opinión pública. Desde un punto de vista ético y político no se entiende. Son unos viajes que hasta la propia fiscalía dice que tiene dudas.

Carlos Dívar. La fiscalía ha sido clara y contundente. Y los gastos están justificados, aunque esa verdad no se la pueda imponer a otros. Yo no he tenido relación con la fiscalía para nada.

Fernando de Rosa (vicepresidente). No es necesario esperar al día 31 de mayo [fecha del pleno al que se remitió el presidente para explicar sus viajes] para hablar de este asunto, debe hacerse antes.

Pío Aguirre. No es muy respetuoso haber obviado al pleno del Consejo e interponer una denuncia directa ante la Fiscalía sin un debate previo en el pleno.

José Manuel Gómez Benítez. Es que no me fío del pleno.

Dívar salió de la reunión sin despejar si adelantaría la fecha para dar las explicaciones que le pedían algunos vocales. Pero momentos más tarde, su jefe de gabinete, Eduardo Menéndez, pidió al secretario general del Consejo, Celso Rodríguez, que trasladase a todos los vocales que el presidente había decidido convocar un pleno extraordinario el jueves 24 de mayo con un tema único, sus viajes.

Todos los consejeros saben cómo empezará el pleno del Poder Judicial del jueves (con su presidente muy tocado y la imagen de la institución por los suelos), pero no vislumbran su final. “Hay una gran preocupación”, señala un vocal. Les queda algo más de un año de mandato y no quieren que este Consejo sea recordado “como el Consejo de la corrupción”, coinciden en señalar otros. “Individual y colectivamente se han hecho muchas cosas positivas y sería injusto que caigamos todos en el mismo saco”, reflexionan.

En el asunto de los larguísimos viajes de Dívar no ha habido políticas de grupo, conservadores o progresistas. En medio del escándalo, de ambos lados han salido voces críticas hacía Benítez, por su deslealtad e individualismo, y contra Dívar, partidarias, al menos en privado, de que dimitiera. Pero ha habido miedo de forzarle a dimitir. Saben que el cese de Dívar habría desatado una caza de brujas hurgando facturas de unos y otros.

Y con vistas al pleno de mañana no hay, de momento, una posición común. Solo hay consensos de corrillos que pasan por modificar cuantas normas sean precisas (por ejemplo, el acuerdo plenario de 1996 que permite al presidente y consejeros no tener que dar explicaciones de sus viajes) para evitar episodios parecidos y aumentar la transparencia del Consejo.