Garzón alega ante el Constitucional que el Supremo vulneró su independencia

Los abogados del exjuez Baltasar Garzón han presentado hoy ante el Tribunal Constitucional un recurso de amparo, contra la sentencia del Tribunal Supremo que le condenó a 11 años de inhabilitación por las escuchas a los cabecillas de la trama Gürtel en prisión. El recurso, redactado por el despacho Amparo Legal y de más de 200 folios de extensión, alega que el tribunal que le condenó ha vulnerado manifiesta y gravísimamente los derechos fundamentales del exjuez y pone en peligro la independencia judicial que garantiza la Constitución.

En su recurso de amparo, Garzón sostiene que la sentencia del Tribunal Supremo es inconstitucional, en cuanto le condena por un delito que no existe en las leyes españolas, ya que la cuestión de las escuchas telefónicas está pendiente de una ley que las regule, ley que ha exigido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que todavía no existe. Por ese motivo, sostiene que el Tribunal Supremo le ha condenado por ir en contra de los criterios particulares de los magistrados que le han condenado, y que, en definitiva, el Supremo ha construido “a la medida” el delito de prevaricación por el que se le ha condenado. La sentencia del Supremo deja así una puerta abierta a que cualquier discrepancia jurídica seria de un juez con el Tribunal Supremo derive en un juicio y condena por prevaricación, lo que acabaría con la independencia judicial.

La demanda de amparo asegura que la sentencia del Tribunal Supremo es “arbitraria, irrazonable y manifiestamente injusta”, y frontalmente contraria al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 de la Constitución, ya que incurre en contradicciones internas insalvables y está impregnada de un decisionismo puramente subjetivo. Añade que el tribunal que le sentenció partió de un designio incriminador contra él, vulnerando la imparcialidad exigible a todo órgano jurisdiccional.

Garzón considera que la sentencia prejuzgó su culpabilidad a la luz de consideraciones ajenas al acto del juicio y de su lectura se desprende que el proceso ha sido por completo irrelevante. Agrega que la sentencia parece puesta de antemano, ya que prescinde de todas las pruebas.

Por último, defiende que el texto del Supremo vulnera la independencia judicial ya que la sentencia criminaliza un criterio judicial al negar las legítimas facultades de los jueces para interpretar las leyes aplicables mientras que no haya una legislación clara sobre estos temas.

Garzón fue condenado el pasado 10 de febrero a 11 años de inhabilitación por un delito de prevaricación judicial apreciado por unanimidad por un tribunal de siete magistrados de la Sala Penal del Supremo presidido por Joaquín Jiménez e integrado por el ponente, Miguel Colmenero, y los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Francisco Monterde, Manuel Marchena y Luciano Varela.