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La fiscalía pide permiso a Torres-Dulce para querellarse contra la juez Cillán

Entiende que pudo prevaricar al ordenar el precinto de la discoteca Moma

La juez Coro Cillán.
La juez Coro Cillán.

La Fiscalía de Madrid entiende que la juez Coro Cillán pudo cometer un delito al ordenar el precinto de la discoteca Moma de Madrid y ha pedido autorización al fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, para interponer una querella por prevaricación (dictar resoluciones injustas a sabiendas).

La Fiscalía madrileña tiene redactado el borrador de querella y se lo ha hecho llegar al fiscal general, que aún no se ha pronunciado sobre si debe o no interponerse esa querella. La fiscalía ha analizado las tres faltas graves que descubrió la Inspección del Consejo del Poder Judicial en la actuación de Cillán durante las diligencias que abrió sobre el conflicto desatado entre socios de la discoteca Moma, en el que, supuestamente, habría favorecido a un amigo íntimo tras haberse quedado el caso sin ser supuestamente la juez competente.

El borrador de querella ha sido elaborado por el teniente fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Carlos Ruiz de Alegría.

La fiscal declara que la juez le dijo: “Por mis santos cojones se precinta Moma”

Los hechos investigados se refieren a la actuación de Cillán cuando estaba de guardia al frente de su juzgado, el de Instrucción 43 de Madrid, y recibió una denuncia de un grupo de socios de la discoteca Moma, en la que se pedía el precinto del local ante el riesgo de que los otros socios ocultasen las cuentas. La juez, en contra el criterio de la fiscalía, accedió a precintar el local y, en lugar de enviar luego la denuncia al decanato para su reparto, siguió tramitándola, a pesar de que otro juzgado de Madrid ya entendía de ese asunto.

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce. ampliar foto
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce. EFE

Además, la juez cambió a los administradores y, entre otros, acabó nombrando supuestamente para ese cometido a un amigo suyo, para quien fijó una elevada minuta. La fiscalía ve la prevaricación en el hecho de que la juez se quedara la causa y no la enviara al juzgado que ya había intervenido en el conflicto y en el supuesto trato de favor dado a una parte de los socios de Moma en detrimento de los otros.

Los socios que se sintieron perjudicados por el precinto denunciaron a la juez ante el Consejo General del Poder Judicial, que decidió incoar un expediente por tres faltas graves. En vista de ellas, el Consejo decidió enviar sus pesquisas a la Fiscalía de Madrid por si los hechos eran constitutivos de delito y, por otro lado, nombró a un juez de la Sala de lo Social del Tribunal Superior, Mariano de Oro Pulido, para que interrogase a la juez y demás implicados e informase si el proceder de Cillán era merecedor de sanción en la vía disciplinaria administrativa.

Cillán se quedó la causa pese a que otro juzgado había intervenido antes

El citado juez del Tribunal Superior ha tomado declaración a la magistrada, que mantiene que actuó en conciencia, y a los funcionarios de su juzgado que estaban de guardia el día en que decidió quedarse el caso pese a que uno de los funcionarios, según consta en las diligencias de la Inspección del Consejo, le sugirió, sin éxito, enviar el asunto a reparto. Ella le dijo que no lo hiciese. Las normas de reparto de los juzgados de Madrid obligan a enviar al decanato para su reparto las causas que entren en la guardia, aun cuando en ellas se pidan medidas cautelares, como sucedió en el caso de la discoteca Moma.

La fiscal del juzgado, Soledad García, que estaba de guardia con Cillán el día del precinto, afirma que la noche en que se pidió la cinta adhesiva para acordonar el Moma, la juez fue a su despacho y le pidió opinión sobre si debía precintar el local. La respuesta de la fiscal a Cillán, asegura García, fue que no, porque antes era necesario comprobar la veracidad de la denuncia. “Por mis santos cojones se precinta Moma”, aseguró la fiscal al Consejo General del Poder Judicial que le comentó la juez Coro Cillán. Según el informe de los inspectores, la juez, además, fue vista cenando con personas relacionadas con la discoteca Moma tras precintarla.

Si Torres-Dulce diera luz verde a la querella por prevaricación, el expediente disciplinario que tramita ahora el Consejo quedaría en suspenso hasta que concluyera la vía penal.

El archivo de un bulo

EL PAÍS

Coro Cillán es la magistrada que, a instancias de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M y con la excusa de una querella presentada contra el exjefe de la Policía Científica Jesús Sánchez Manzano por una supuesta destrucción de pruebas, reabrió en 2009 el caso de los atentados de los trenes de Atocha, un asunto que ya sentenció el Tribunal Supremo en 2008 y que ella ha instruido durante casi dos años.

Las diligencias ordenadas por Cillán para averiguar si el jefe policial de los Tedax Jesús Sánchez Manzano ocultó y falseó pruebas de los explosivos de los trenes que costaron la vida a 191 personas, acabó convirtiéndose en una causa general donde investigar todos los bulos que los teóricos de la conspiración difundieron en su día y que fueron tumbados tanto por la Audiencia Nacional como por el Tribunal Supremo.

La juez Cillán llegó a citar a los directivos de Renfe cuando se produjeron los atentados para preguntarles el destino que dieron a los trenes donde explotaron las bombas; y también a un policía sancionado, que le contó la teoría de la implicación de servicios de espionaje extranjeros y del PSOE en los atentados del 11-M.

Cillán tuvo abierto el caso, ordenando diligencias que poco o nada tenían que ver con el querellado, hasta que la Audiencia Provincial de Madrid dictaminó por unanimidad de los magistrados a comienzos de año que lo que la juez investigaba (la supuesta desaparición de muestras de explosivos de los atentados) era cosa juzgada porque ya habían sido analizados los mismos hechos por otro juzgado de Madrid. El archivo ha sido recurrido. La Audiencia ni siquiera entraba en el fondo de una investigación que excedía la querella interpuesta y que ordenaba diligencias para analizar distintos bulos en relación con el 11-M, sobre los que ya existían pronunciamientos claros de otros tribunales de Justicia, entre ellos el propio Tribunal Supremo.

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