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LA FINANCIACIÓN ILEGAL QUE INVESTIGA EL TRIBUNAL SUPERIOR DE VALENCIA

La querella contra Gürtel ordenada por Cospedal apunta a la cúpula de Camps

El PP valenciano recuerda que la dirección nacional auditaba sus cuentas

La iniciativa pide actuar contra cooperadores o cómplices de El Bigotes

“Cuantas personas físicas o jurídicas que hayan participado en los hechos delictivos como autores (directos, cooperadores o inductores), cómplices y encubridores”. A todos ellos se dirige la querella que la dirección del PP ha ordenado presentar para personarse en la causa valenciana del caso Gürtel que, entre otras cosas, investiga la presunta financiación de los populares valencianos en la etapa de su anterior presidente, Francisco Camps. También se investigan los posibles delitos de prevaricación y cohecho por la contratación del pabellón de la Generalitat valenciana en Fitur durante cinco años consecutivos, de 2005 y 2009, por un importe total de cerca de cinco millones de euros a la filial de Gürtel en Valencia, Orange Market. Y la falsedad en la que pudieron incurrir varias empresas por presentar facturas falsas.

La presentación de la querella (trámite ineludible para que el PP forme parte de la causa) ha supuesto cierta tensión entre la dirección nacional y el partido en Valencia. Sin embargo, la orden de la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, fue clara y tajante al respecto, con la intención de frenar el “perjuicio irreparable a la buena imagen del partido”, tal como señala la querella. Mientras, el PP valenciano trata de quitarle hierro al asunto y califica de “normal” que haya sido la dirección nacional la que entre a formar parte de la causa “porque siempre ha sido así”, indican en referencia a que también se personaron en el tronco del caso Gürtel, en Madrid. Además, en Valencia apuntan que, en cualquier caso, si las cuentas del PP no son correctas, la responsabilidad última es de la dirección nacional porque era en Génova (sede de los populares) donde se auditaba toda la contabilidad.

La querella solo nombra explícitamente al líder de la trama, Francisco Correa, y a Álvaro Pérez, El Bigotes, aunque la hace extensiva a cómplices, colaboradores o inductores. En la causa judicial abierta en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia ya están imputados hasta una decena de cargos o excargos del PP valenciano, entre los que se encuentran cinco diputados y el extesorero del PP Luis Bárcenas, que también lo está en la causa inicial de Gürtel.

Tampoco hace mención el escrito del PP a las empresas a las que, supuestamente, la red corrupta endosó facturas por servicios realizados a la formación política y que acabaron pagando los empresarios. Pero su personación en la causa hace que también vaya contra ellas, contra Lubasa, Ortiz (también implicado en el caso Burgal), Facsa, Piaf, Pavimentos del Suroeste, Grupo Vallalba, Constructora de Hormigones Martínez e incluso Sedesa, el grupo empresarial propiedad de la familia del presidente de las Cortes valencianas, Juan Cotino.

El PP defiende su personación en la causa alegando que cualquier actividad en que se “acuda, invoque o presuma de cualquier influencia o relación con el PP para la consecución de actos ilícitos implica un perjuicio directo para la formación”. La investigación trata de averiguar, respecto a la financiación ilegal, si la deuda que el PP tenía con una de las empresas de la trama, Orange Market, por distintos servicios realizados en la campaña electoral de las autonómicas de 2007 y la de las generales de 2008, se abonó de forma opaca y a través de “donaciones de empresas” encubiertas en facturas falsas. Además, las pesquisas también se dirigen a destapar si hubo un trato preferente e ilegal a la misma empresa en la adjudicación de los cinco contratos para Fitur, entre 2005 y 2009, tiempo en el que, además, la empresa agasajó a varios miembros del PP valenciano con regalos destinados a lograr un trato de favor.

Pero el PP, en su querella, solo habla de esta formación política y de hecho lo hace a través de su representante del partido. Sostiene que Correa y El Bigotes “al parecer” utilizaron su relación con el PP, del que habían sido proveedores, “para aparentar una capacidad de influencia que favoreciera sus actividades empresariales y así cometer los delitos”.

También se refiere a las “supuestas ventajas” que pudieron obtener a través de sus “vinculaciones con personas relacionadas con distintas Administraciones públicas, procurando la obtención de un trato preferente en la adjudicación de servicios o concesiones” y al “agravio” al partido. Pero no menciona la defensa de la Administración, de las arcas públicas, en este caso las valencianas, que podrían ser afectadas, ya que una de las partes que se investiga es si las adjudicaciones se realizaron de forma ilegal.

El PP ya estaba personado en la causa principal de Gürtel, en Madrid, donde se investiga el grueso del caso. La personación le permite tener acceso al sumario de primera mano y estar al tanto de las diligencias que van ordenando los jueces. Sin embargo, al abrirse este procedimiento en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, el instructor, José Ceres, exigió que, para mantenerse como parte en esta ramificación, presentara una querella. La dirección nacional ha optado finalmente por hacerlo y argumenta que el PP “ha hecho un objetivo prioritario de su actividad el responder con el mayor rigor ante cualquier práctica corrupta o actividad delictiva que afecte a la formación política o a las personas que las componen”. Sin embargo, su actuación en la causa principal no ha sido tan recta, al menos, a juicio de la fiscalía y de la acusación popular, que representa a los socialistas, que se han quejado en reiteradas ocasiones de la actitud de bloqueo que el PP ha mantenido en la causa, con continuos recursos que, en muchas ocasiones, no han hecho más que interferir y obstaculizar la marcha del procedimiento, abierto en 2009.

Una de las ocasiones que provocó la queja de la fiscalía fue con el recurso a una resolución que ni siquiera impugnaron las defensas de los imputados. Y fue, precisamente, cuando el juez remitió un requerimiento a la Generalitat valenciana para que identificara a los responsables de los 17 departamentos que contrataron con empresas de la trama.

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