Los presos de ETA debaten una nueva propuesta distinta a la de Nanclares

Los presos de ETA han abierto un debate para “adecuarse a la nueva situación” de cese definitivo de la violencia. El debate, que aún es incipiente, analiza el acceso a beneficios penitenciarios a cambio de un rechazo a la violencia y del reconocimiento del daño causado. “Se trata de buscar el difícil equilibrio entre una línea nueva, diferente a las posiciones tradicionales de rechazo a los beneficios que ETA mantenía en el pasado, pero sin asumir la vía Nanclares, que descartan por principio” según fuentes próximas a la izquierda abertzale.

La inmensa mayoría de los presos de la banda rechaza la vía Nanclares —la obtención gradual de acercamientos a Euskadi, permisos y semilibertades a cambio del repudio de sus delitos y el perdón a las víctimas—, a la que se han acogido 22 de los cerca de 550 reclusos que cumplen en España, alrededor del 4%. Fue promovida por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y asumida por el de Mariano Rajoy. Los miembros del colectivo fiel a la banda la consideran un intento de dividirlos. Además, la ven superada por el cese de ETA, con el que el País Vasco, dicen, “ha entrado en una nueva fase”.

El nuevo debate tiene como objetivo precisar lo que ya adelantaron en septiembre, cuando los presos suscribieron el Acuerdo de Gernika —que reconocía el daño causado por ETA— y plasmarlo en un documento. Se trata de analizar la obtención de beneficios en un contexto que entienden diferente, el derivado del final definitivo de la violencia etarra.

En palabras del dirigente de la izquierda abertzale, Joseba Permach, los presos tratan de adaptarse a la nueva situación porque “aquí todo el mundo tiene que ser consciente de la nueva coyuntura”. Permach se hace eco de las encuestas realizadas en Euskadi que defienden que el Gobierno tome medidas para la reinserción de los presos pero exigiendo el reconocimiento del daño causado.

Los internos quieren avanzar hacia posiciones más pragmáticas, pero soslayando la vía Nanclares, por la que apuesta Rajoy. Esta vía también encuentra obstáculos en la derecha más radical y algunos representantes de las víctimas del terrorismo. El derecho legal de estas a ser oídas antes de que a sus victimarios se les conceda la libertad condicioal perjudica esta vía. “Una vez que se entera la Asociación de Víctimas del Terrorismo, lo hace público y los que se oponen a cualquier movimiento lo utilizan contra el Gobierno”, señalan fuentes próximas al Ejecutivo.

El Código Penal exige desde 2003 que los terroristas que pretendan acceder a beneficios repudien sus delitos, abandonen la violencia y pidan expresamente perdón a las víctimas. Algunos de los internos de la vía Nanclares que han cumplido esos requisitos han alcanzado la semilibertad (vía el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario). Dos de ellos se encuentran en tercer grado y uno de estos últimos, Fernando de Luis Astarloa, está a punto de lograr la libertad condicional. La ley también exige la colaboración con la Justicia, algo que no se ha reclamado a estos internos debido a su prolongada estancia en prisión y su desconexión con la banda.

Mientras, el proceso de normalización mira a los tribunales. El 29 de marzo, el Supremo debatirá si excarcela al líder de la izquierda abertzale Arnaldo Otegi, encarcelado por el caso Bateragune. Todo apunta a que, en abril, el Constitucional decida sobre la legalización de Sortu y la revisión de la doctrina Parot, que afecta a 58 presos de ETA imponiéndoles el cumplimiento íntegro de 30 años. El PP vasco, el PSOE y el PNV coinciden en que si Otegi queda en libertad, Sortu resulta legal y se revisa la doctrina Parot los argumentos victimistas de la izquierda abertzale perderían credibilidad. El temor de estos partidos es que los radicales sigan creciendo tras su éxito en las municipales y generales con esos argumentos. Las elecciones vascas se celebrarán en menos de un año.

La estrategia de la izquierda abertzale pasa por dos fases. La primera, lograr la excarcelación de enfermos, el acercamiento a cárceles vascas y la salida de los que han cumplido tres cuartos de condena. La segunda, a largo plazo, impulsar reformas legales para abordar los casos de los demás presos. Y eso requiere contacto con el Gobierno. Para lograrlo, esperan un buen resultado en las elecciones vascas de 2013. Porque saben que ese contacto provocaría un rechazo político y social.