El compromiso de Rajoy

Mariano Rajoy trata de ser coherente con su decisión de otorgar un valor político al cese definitivo de ETA, anunciado el 20 de octubre. Una decisión que comparte con el PP vasco de Antonio Basagoiti. Pero ha decidido hacerlo a su manera. Rajoy y su ministro del Interior, Jorge Fernández, que no da un paso en política antiterrorista sin el permiso del presidente del Gobierno, pretenden avanzar de modo discreto y apoyándose en la legalidad en la consolidación del proceso final de ETA, evitando cualquier tipo de anuncio espectacular sobre dicho proceso.

En este sentido, la excarcelación de presos enfermos de ETA será, casi con toda probabilidad, el primer paso que dará el Gobierno en la utilización de la política penitenciaria para la consolidación del final de la banda. Una continuidad, a su vez, de la política que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero desarrolló en sus últimos meses. Previamente, Rajoy ha dado otros dos pasos: el reconocimiento del cese definitivo de ETA —plasmado, más allá de las palabras, en la reducción drástica de escoltas— y su oposición a la ilegalización de Amaiur propuesta por UPyD.

Rajoy está convencido, y en esa convicción juegan un papel clave Basagoiti y el PP vasco, de que el Gobierno no puede quedarse inmóvil, una vez confirmado que el cese de ETA es definitivo, sin pagar un costo político en Euskadi. Todas las encuestas sobre la situación política de Euskadi coinciden en que una mayoría de vascos apuesta por que el Gobierno estimule la política de reinserción de los presos de ETA para consolidar el final del terrorismo con la disolución de la banda.

Y Rajoy pretende hacerlo, pero siguiendo la política de pasos cortos; porque quiere fijar su ritmo y que no sean otros, particularmente la izquierda abertzale, quienes le escriban el guión del final de la historia. Y lo quiere hacer con la ley y sin publicidad para no centrar el debate político en una de las principales reivindicaciones de la izquierda abertzale.

Con la discreción como procedimiento, la estrategia de Rajoy persigue dos objetivos. Uno, soslayar las presiones de la derecha más radical y de algunos familiares de víctimas del terrorismo muy politizados. El otro, restar argumentos a la izquierda abertzale, que tratará de apelar al victimismo como elemento movilizador, apoyándose en el “inmovilismo” del Gobierno respecto a los presos de ETA.

En este sentido, la pretensión del Gobierno y la del PP vasco es ofrecer, para las próximas elecciones vascas, un balance importante que le permita desmontar la tesis del inmovilismo.

En esta política, el Gobierno de Rajoy y el PP vasco cuentan, en lo fundamental, con la complicidad del PSE, su socio en Euskadi, y del PNV. El PNV, al que Rajoy ha elegido como interlocutor preferente en política antiterrorista, ha ofrecido un amplio margen de confianza a la política del Gobierno ante el final de ETA y le va a dar la cobertura política que necesita, tanto en Madrid —como se comprobó con la resolución del Congreso que hace un mes rechazó la ilegalización de Amaiur y reclamó a ETA su disolución— como en Euskadi. Todo apunta, en este sentido, a que el próximo 30 de marzo el Parlamento vasco constituirá una ponencia de los principales partidos legales que, con sus precisiones, servirá de refuerzo a la política de consolidación del fin de ETA que el Gobierno trata, con muchas dificultades, de llevar adelante.