De mentiroso a delator

Los careos, en los juicios y los procesos penales, se han convertido en una manera más o menos civilizada de insultarse, con un árbitro que es el presidente del tribunal.

Se trata de una práctica de confrontación de las versiones opuestas o contradictorias que mantienen los declarantes, sean testigos o acusados, que se viene utilizando desde que se inventó el derecho. Es un medio de prueba complementario que tuvo más sentido durante tiempos pasados —en los que el honor, la ética, la honradez y la verdad formaban parte de un código de los caballeros— que actualmente, cuando impera la cultura del éxito, en la que lo único que importa es vencer al rival como sea.

Ahora, el acusado tiene derecho a no decir la verdad y a no confesarse culpable, lo que en la práctica equivale a una licencia para mentir, y el tribunal ya lo tiene en cuenta. Pero los abogados saben que para salir airoso de un proceso, no vale mentir de cualquier manera, sino que es preciso ser creíble y los buenos bufetes enseñan a sus clientes lo que tienen que decir en cada momento.

En los careos no se decide quién de los dos oponentes dice la verdad. Lo único que se hace constar es cuál de los dos mostró mayor firmeza. Y firmeza, aunque suene a tautología, quiere decir firmeza. Es decir, los gritos en la mayoría de las ocasiones son mejores que los argumentos. Lamentable, pero cierto.

Por ello, los abogados no dudan en aconsejar a sus clientes en que si en pleno careo se ven atrapados por los argumentos del contrario repliquen con un contundente: “mientes”, lo que suele ser el inicio de la trifulca correspondiente, que tiene que parar el presidente del tribunal y acaba haciendo constar que ambos careados mostraron igual firmeza. Tablas, en el peor de los casos.

La semana pasada el juez José Castro, que instruye el caso Nóos, ha rechazado por el momento la celebración de un careo entre el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y su exsocio, Diego Torres, que, según consta en la causa, asumían una “dirección bicéfala” en el Instituto Nóos, del que el primero era presidente y el segundo, vicepresidente.

El juez estima que por el momento no se ha producido contradicción alguna, ya que Diego Torres se negó a declarar el pasado 11 de febrero hasta tanto no lo hubiera hecho Urdangarin. Este, en 40 folios de declaración, acusó a Torres de haberle robado fondos que le correspondían y achacó a su exsocio cualquier hecho o circunstancia por el que Urdangarin pudiera ser incriminado.

El juez no considera que las declaraciones prestadas por Torres ante la policía el 8 de noviembre de 2011 o la realizada en sede judicial el 11 de julio de ese mismo año puedan considerarse aptas para el contraste. La primera, porque para ser válida debería haberse prestado ante el juez y respetando el principio de contradicción, es decir, que hubieran podido preguntar todas las partes del proceso, y la segunda, porque los datos que obran en la causa en la actualidad son muchos más que entonces y Torres no respondió a aspectos por los que Urdangarin sí que fue preguntado. De modo que si Torres accede a declarar y se producen las previsibles contradicciones que no pueden ser aclaradas por otros medios, habrá vía libre para la celebración de ese careo, tan deseado por el público y por los medios de comunicación.

El caso es que, como acostumbran a recordar los jueces, si los acusados se ciñen a las instrucciones de sus letrados los careos no suelen servir para nada. Nadie se derrumba ni confiesa sus crímenes. Lo que sí puede ocurrir es que en el fragor de la disputa una ofuscación en uno de los acusados provoque un patinazo que resulte decisivo en la consideración de los jueces.

Así ocurrió el 9 de junio de 1998, cuando el Supremo, en el juicio por el secuestro de Segundo Marey por los GAL, acordó por sorpresa dos careos entre el exministro José Barrionuevo y el exdirector de la Seguridad del Estado Julián Sancristóbal, por un lado, y el ex secretario general de los socialistas de Bizkaia Ricardo García Damborenea, por el otro. Barrionuevo acusó de “mentiroso” a Sancristóbal y también a Damborenea, hasta que en el acaloramiento se equivocó y le llamó “delator”. Aunque todos tuvieron similar firmeza, la pifia del exministro le costó una condena de 10 años de cárcel, aunque luego solo estuviera tres meses en prisión. Decía Viola Spolin: “Hay que ir con mucho cuidado con las palabras, porque se convierten en jaulas”.