El fiscal de Madrid rechazó investigar los trenes del 11-M hace solo dos meses

El sindicato ultraderechista Manos Limpias, que se personó como acusación popular en la causa abierta contra el exjefe de los Tedax Jesús Sánchez Manzano por una supuesta ocultación de pruebas en relación con el atentado del 11-M, reclamó hace tres meses en un escrito dirigido a la juez Coro Cillán, que instruía el caso, que se investigara el destino dado a los trenes donde explotaron las diez bombas.

La juez, a la que la Audiencia Provincial de Madrid ha archivado ahora la causa por tratarse de cosa juzgada, aceptó la petición de Manos Limpias y ordenó distintas diligencias para conocer qué había pasado con los vagones, llegando incluso a citar a Miguel Corsini, que era presidente de Renfe cuando ocurrió el atentado, y a otros directivos de la compañía pública. La teoría de los que fomentan distintos bulos sobre el 11-M para atribuir la masacre a policías, guardias civiles, servicios de espionaje extranjeros y también al CNI, considera que se ordenó un rápido desguace de los trenes donde explotaron las bombas para eliminar pruebas que acreditasen sus teorías conspirativas. Algo que ahora se ha acreditado como falso.

Antes de ordenar esas diligencias para conocer el destino de los vagones donde explotaron las bombas, la juez Coro Cillán pidió opinión a la fiscalía, que rechazó en un escrito fechado el pasado 27 de diciembre de 2011 que se investigase el destino de los trenes del 11-M.

Ahora, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, con la excusa de que la web Libertad Digital ha encontrado uno de los vagones donde hubo explosiones, olvidado en un cobertizo, ha ordenado abrir diligencias de investigación por si se hubiera cometido un delito de “obstrucción de la justicia”, aunque sin aclarar quién podría haberlo cometido.

El fiscal de Madrid, Conrado Alberto Saiz, que apoyó distintas diligencias practicadas por la juez Coro Cillán e incluso que siguiera investigándose el caso en el juzgado, rechazó en un escrito nuevas diligencias relacionadas con el destino de los trenes. “Admitir como objeto de este procedimiento el interés que dichos vagones podían tener para la investigación de la Audiencia Nacional no deja de ser una revisión de la instrucción judicial que, por otro lado, ya fue objeto de enjuiciamiento y sentencia firme”, escribió el fiscal, oponiéndose a las diligencias que solicitaba Manos Limpias. También citaba el fiscal el auto del Supremo de fecha 1 de diciembre de 2006 que desestimaba la querella criminal que la misma Manos Limpias formuló contra el juez Del Olmo y la fiscal Sánchez por la posible comisión de varios delitos contra la administración de justicia en relación con la destrucción de los vagones explosionados.

El Supremo señalaba: “A lo largo de las actuaciones obran los distintos y pormenorizados dictámenes periciales sobre los objetos encontrados en los restos de los vagones afectados por las explosiones, y sobre estos mismos, a fin de determinar la etiología, forma y características de las explosiones sufridas. En el tomo 145 del sumario obra un completísimo informe conjunto de expertos de Tedax y Guardia Civil sobre los restos de los vagones, planteándose incluso la posibilidad de reproducir la deflagración, lo que se desestima por cuestiones técnicas. La conservación y destino de los vagones en cuestión, una vez hechos en ellos todas las pericias que se estimaron necesarias, corresponde a su legítimo propietario (Renfe), que además cuenta con lugares apropiados para ello”.

El fiscal de Madrid, Conrado Alberto Saiz, concluye: “De esta forma, se trata de una cuestión que ya ha sido resuelta, con más o menos acierto, por el Alto Tribunal admitiendo que fueron destruidos por la propiedad, esto es, por Renfe, una vez terminados los informes periciales”.

Toda esa argumentación jurídica de la fiscalía ha quedado enterrada ahora por una noticia de Libertad Digital, donde se señala que uno de los vagones donde estallaron las bombas no fue desguazado, sino que sigue abandonado en un cobertizo.

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, en una de sus primeras decisiones al frente de esa institución, ha creído necesario ahora investigar si es cierto que ese vagón está almacenado en el cobertizo y pertenece a uno de los trenes que sufrió el ataque de los terroristas islámicos.

Cuando lo descubra, sabrá que sobre ese vagón, si es el mismo donde explotó la bomba, ya se hicieron por parte de dos policías y dos guardias civiles los estudios periciales “pormenorizados”, que forman parte del sumario del 11-M (véase infografía) y que fue valorado por los jueces de la Audiencia y del Supremo en la instrucción del caso.

Además podrá saber que las empresas fabricantes de los trenes CAF, Alshtom y Fainsa, fabricantes de los trenes y sus componentes, hicieron informes sobre resistencia de materiales a las explosiones una vez que los vagones fueron entregados a Renfe. Esos informes fueron remitidos a la Comisión de Investigación sobre el 11-M que se montó en el Congreso de los Diputados. Esos informes se hicieron cuando, según los teóricos de la conspiración, los trenes estaban ya destruidos. Y se elaboraron en el mismo lugar donde ahora se han encontrado los trenes.