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El Gobierno mantendrá el núcleo de la reforma pese a la protesta masiva

El PSOE hará del rechazo a la normativa laboral su primera línea de oposición

El Gobierno mantendrá el núcleo de la reforma pese a la protesta masiva Ampliar foto

El Gobierno y el PP se sienten fuertes y respaldados para seguir adelante con la reforma laboral y no consideran suficientes las protestas convocadas el pasado domingo por los sindicatos como para hacer modificaciones sustanciales en el texto, que, aunque debe pasar por el Congreso, ya está en vigor. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, se mostró este lunes dispuesta a estudiar las propuestas que les lleguen, y el Grupo Parlamentario Popular inició la ronda de consultas con los agentes sociales para recabar su opinión. Pero la número dos del PP, Dolores de Cospedal, reforzada en sus poderes al frente del partido que gobierna con mayoría absoluta, advirtió: “El cuerpo de la reforma tiene que mantenerse en su espíritu”. Es decir, que solo habrá mínimos retoques. “Depende de lo que decida el Gobierno y de las conversaciones de la ministra, pero creo que el núcleo central de la reforma el Gobierno quiere mantenerlo inalterado porque es fundamental para ayudar a más de cinco millones de personas que no pueden trabajar”, añadió.

“El Gobierno no dará marcha atrás”, certificó el portavoz de CiU, Josep Antoni Duran, el único grupo que ya ha expresado su apoyo y el único con el que el Ejecutivo ha mantenido conversaciones antes de aprobar el decreto ley. PSOE e IU exigen que se escuche la petición de los manifestantes y se rectifique la reforma.

Los puntos calientes del decreto ley

Despido más barato. La reforma laboral abarata el despido por tres vías. Primera: la indemnización por despido improcedente del contrato indefinido ordinario se rebaja de 45 días por año trabajado a 33 días (y un máximo de 24 mensualidades en lugar de 42). Segunda: el despido procedente por causas económicas (20 días de indemnización), cuya extensión ya había facilitado el PSOE en 2010, se facilita aún más: las empresas podrán usar esa modalidad de despido, la más barata, alegando nueve meses seguidos de caída de ingresos. Y tercera: se crea un nuevo contrato, con un periodo de prueba de un año (ahora es de seis meses) durante el cual se puede despedir sin indemnización.

Bajada unilateral de los salarios. Según el decreto ley, el empresario podrá rebajar los sueldos (y jornada) de los trabajadores de forma unilateral, ponga lo que ponga en sus contratos, con el único límite del suelo de salario que fije el convenio colectivo. Bastará con que el empresario avise con 15 días de antelación y alegue razones económicas, técnicas o de “competitividad”. Si el trabajador se niega, podrá ser despedido con una indemnización de 20 días por año.

ERE sin permiso administrativo. Los despidos colectivos a través de expedientes de regulación de empleo (ERE) no requerirán ya el permiso del Gobierno central o autónomo. Eso recortará los plazos y reducirá el margen de los sindicatos para negociar mejores condiciones. Además, la prórroga de los convenios vencidos se limita a un máximo de dos años; a partir de ese plazo, regirá el sectorial.

El decreto ley, en vigor desde el pasado día 11, se convalidará el 8 de marzo en el Congreso con el apoyo seguro del PP y CiU e iniciará el trámite parlamentario como proyecto de ley hasta la primavera. Fuentes del Grupo Popular explican que se mantendrá el diálogo y la expectativa de suavizar el texto hasta las elecciones andaluzas y asturianas del 25 de marzo.

El Gobierno minimiza el apoyo ciudadano a las manifestaciones convocadas por los sindicatos —hubo cientos de miles de personas en cerca de 60 marchas por toda España—, contraponiéndolo a la mayoría absoluta que logró el PP hace tres meses. “El apoyo al Gobierno es infinitamente mayor que el que tuvieron las movilizaciones. La respuesta que vimos no era una respuesta mayoritaria ni muchísimo menos de la población española”, dijo Cospedal, dejando claro que las protestas no afectarán a la decisión del Ejecutivo. Mariano Rajoy ya expresó a otros mandatarios europeos su determinación de seguir adelante aunque le cueste “una huelga general”. En esa estrategia, Gobierno y PP arremetieron contra el PSOE por enviar a destacados representantes a las protestas.

Los socialistas van a presentar una enmienda a la totalidad con una “propuesta alternativa” al decreto del Gobierno, según reiteró este lunes la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano. No aclaró si ese texto alternativo reproducirá la reforma que José Luis Rodríguez Zapatero aprobó en 2010 —que también abarató el despido, aunque no tanto, y que le valió al PSOE una huelga general—.

Según Valenciano, la reforma es “una apisonadora” que “ha roto todos los consensos” y “liquida el marco de relaciones laborales”. “No va a traer empleo, traerá más angustia”, dijo. Y lo que hacen los populares apelando todo el tiempo a los cinco millones de parados es “intentar enfrentar” a los desempleados con los que tienen un trabajo y quieren mantenerlo. “El PP quiere unos contra otros, y todos contra los sindicatos”, resumió la vicesecretaria general tras la ejecutiva del partido. La política laboral centrará la primera gran línea de oposición de los socialistas, en plena campaña de las andaluzas y asturianas. Porque la reforma “pone en solfa” todo el sistema de relaciones laborales establecido desde la Transición, según afirmó el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba. Su número dos subrayó que “la mayoría absoluta no es un cheque en blanco” y pidió a Rajoy que “tome nota” de las manifestaciones, “cargadas de razones”, que “sirven para corregir lo que es ineficaz”. Zapatero mantuvo su reforma laboral tras la huelga general de 2010.

Los sindicatos exigen algo más que cambios técnicos

M. V. GÓMEZ, Madrid

Con el aval de las manifestaciones masivas contra la reforma laboral, UGT y CC OO exigían al Gobierno que los cambios vayan más allá de las “modificaciones técnicas” de las que habla la ministra de Empleo, Fátima Báñez. Lo van a tener difícil. Gobierno, sindicatos y empresarios ya han empezado a reunirse, pero solo para aclarar los puntos en los que el decreto ley, ya en vigor, resulta confuso. Es decir, para hacer arreglos “técnicos” en el texto legal.

“Me hubiera gustado recibir una llamada del Gobierno para abrir negociaciones. No es el caso”, se quejó el secretario general de CC OO, Ignacio Fernández Toxo. Tanto él como Cándido Méndez, líder de UGT, advirtieron a Mariano Rajoy de que sería mejor que transformara en profundidad la reforma laboral durante el trámite parlamentario a rectificar después de una potencial huelga general, como ya hizo el PP en 2002. Méndez incluso pidió al Ejecutivo que deje sin vigor el decreto: “Si no se va a notar su efecto en meses, no tiene sentido que se tramite por la vía del decreto ley”.

Sobre la posibilidad de que no hayan convocado todavía una huelga por estar débiles ante la sociedad y que busquen el apoyo de otras organizaciones cívicas —este lunes ambos estuvieron en la presentación de una plataforma cívica de defensa de los servicios públicos—, Méndez dijo: “El día de ayer demostró que conectamos con la sociedad”. “No buscamos el amparo de nadie para hacer lo que tengamos que hacer”, rechazó Toxo.

Negociación colectiva

En las citas técnicas que ha habido hasta el momento, las centrales han exigido al Gobierno que respete el pacto salarial que firmaron con los sindicatos y los empresarios que marcaba límites a los cambios legislativos en la negociación colectiva, explican fuentes sindicales. La respuesta del Ministerio de Empleo ha sido que la reforma ha respetado el pacto; por tanto, se deduce la negativa a aceptar cambios en este punto.

Por su parte, José Luis Feito, presidente de la comisión económica de CEOE, reclamó ayer que se endurezcan las condiciones para cobrar la prestación por desempleo, algo que la reforma laboral no ha modificado. El dirigente patronal reclamó que los parados no puedan rechazar ofertas de empleo, se ajusten o no a su perfil laboral y alcance geográfico. “Es inconcebible”, clamó Feito. En su opinión, tendrían que estar obligados a aceptar cualquier oferta: “Como si es en Laponia”.