El Gobierno mantendrá el núcleo de la reforma pese a la protesta masiva

Despido más barato. La reforma laboral abarata el despido por tres vías. Primera: la indemnización por despido improcedente del contrato indefinido ordinario se rebaja de 45 días por año trabajado a 33 días (y un máximo de 24 mensualidades en lugar de 42). Segunda: el despido procedente por causas económicas (20 días de indemnización), cuya extensión ya había facilitado el PSOE en 2010, se facilita aún más: las empresas podrán usar esa modalidad de despido, la más barata, alegando nueve meses seguidos de caída de ingresos. Y tercera: se crea un nuevo contrato, con un periodo de prueba de un año (ahora es de seis meses) durante el cual se puede despedir sin indemnización.

Bajada unilateral de los salarios. Según el decreto ley, el empresario podrá rebajar los sueldos (y jornada) de los trabajadores de forma unilateral, ponga lo que ponga en sus contratos, con el único límite del suelo de salario que fije el convenio colectivo. Bastará con que el empresario avise con 15 días de antelación y alegue razones económicas, técnicas o de "competitividad". Si el trabajador se niega, podrá ser despedido con una indemnización de 20 días por año.

ERE sin permiso administrativo. Los despidos colectivos a través de expedientes de regulación de empleo (ERE) no requerirán ya el permiso del Gobierno central o autónomo. Eso recortará los plazos y reducirá el margen de los sindicatos para negociar mejores condiciones. Además, la prórroga de los convenios vencidos se limita a un máximo de dos años; a partir de ese plazo, regirá el sectorial.

Con el aval de las manifestaciones masivas contra la reforma laboral, UGT y CC OO exigían al Gobierno que los cambios vayan más allá de las “modificaciones técnicas” de las que habla la ministra de Empleo, Fátima Báñez. Lo van a tener difícil. Gobierno, sindicatos y empresarios ya han empezado a reunirse, pero solo para aclarar los puntos en los que el decreto ley, ya en vigor, resulta confuso. Es decir, para hacer arreglos “técnicos” en el texto legal.

"Me hubiera gustado recibir una llamada del Gobierno para abrir negociaciones. No es el caso", se quejó el secretario general de CC OO, Ignacio Fernández Toxo. Tanto él como Cándido Méndez, líder de UGT, advirtieron a Mariano Rajoy de que sería mejor que transformara en profundidad la reforma laboral durante el trámite parlamentario a rectificar después de una potencial huelga general, como ya hizo el PP en 2002. Méndez incluso pidió al Ejecutivo que deje sin vigor el decreto: "Si no se va a notar su efecto en meses, no tiene sentido que se tramite por la vía del decreto ley".

Sobre la posibilidad de que no hayan convocado todavía una huelga por estar débiles ante la sociedad y que busquen el apoyo de otras organizaciones cívicas —este lunes ambos estuvieron en la presentación de una plataforma cívica de defensa de los servicios públicos—, Méndez dijo: “El día de ayer demostró que conectamos con la sociedad”. “No buscamos el amparo de nadie para hacer lo que tengamos que hacer”, rechazó Toxo.

En las citas técnicas que ha habido hasta el momento, las centrales han exigido al Gobierno que respete el pacto salarial que firmaron con los sindicatos y los empresarios que marcaba límites a los cambios legislativos en la negociación colectiva, explican fuentes sindicales. La respuesta del Ministerio de Empleo ha sido que la reforma ha respetado el pacto; por tanto, se deduce la negativa a aceptar cambios en este punto.

Por su parte, José Luis Feito, presidente de la comisión económica de CEOE, reclamó ayer que se endurezcan las condiciones para cobrar la prestación por desempleo, algo que la reforma laboral no ha modificado. El dirigente patronal reclamó que los parados no puedan rechazar ofertas de empleo, se ajusten o no a su perfil laboral y alcance geográfico. "Es inconcebible", clamó Feito. En su opinión, tendrían que estar obligados a aceptar cualquier oferta: "Como si es en Laponia".