Condena de 12 años para un etarra que iba a montar un laboratorio de explosivos

La Audiencia Nacional ha condenado a 12 años y dos meses de cárcel al etarra Faustino Marcos Álvarez, detenido en febrero de 2010 en un tren en la estación de Portbou (Girona) con un revólver y más de 5.000 euros, ya que intentaba entrar en España con el objetivo de instalar un laboratorio de fabricación de explosivos. El taller de explosivos iba a situarse en Cataluña, según el auto del juez Fernando Grande-Marlaska que decretó su ingreso en prisión provisional en 2010.

Así lo ha acordado la sección primera de la sala de lo penal de este tribunal en una sentencia del 10 de febrero notificada hoy en la que condena a Marcos Álvarez por los delitos de pertenencia a organización terrorista, tenencia de armas o municiones con finalidad terrorista y uno continuado de falsificación de documentos oficiales.

La resolución declara probado que en 2009 ETA ordenó al acusado "montar un laboratorio para la fabricación de explosivos" para lo que le recibió órdenes de "pasar a España" y le fue entregado un revólver, munición, dinero y documentación. Álvarez no tenía antecedentes penales.

De esa forma, prosigue la sala, el 15 de febrero de 2010 el etarra cogió en París un tren Talgo con destino a Cartagena y sobre las diez de la mañana fue interceptado por la policía en la estación de Portbou portando el revólver, 5.377,80, tres DNI falsos, dos cartas de identidad francesa falsas, seis cartuchos, un ordenador, un disco duro externo y varias memorias USB.

Los magistrados destacan que el arma intervenida estaba "en perfecto estado" de conservación y su funcionamiento operativo era "correcto" y subrayan que en el material informático se hallaron manuales sobre la fabricación de explosivos y uso de armas "editados" por ETA, además de programas de encriptación.

"De todos estos hechos, la tenencia de un revólver sin ningún tipo de licencia y guía, la posesión de documentación falsa de identidad, francesa y española, y de los manuales antes descritos (...), se infiere racionalmente que el acusado pertenece a la organización terrorista ETA y había entrado en España con la finalidad de instalar un laboratorio de fabricación de explosivos, y de ahí la importante cantidad de dinero que le fue incautada", dice.

Además, el tribunal, presidido por Javier Martínez Lázaro e integrado por los magistrados Julio de Diego y Enrique López, recalca que "prescindiendo de las declaraciones autoinculpatorias" del acusado prestadas ante la policía tras su detención, existe "prueba de cargo bastante capaz" de acreditar los hechos.

En ese sentido, detalla la sentencia, no constan denuncias por irregularidades que hubiesen podido practicarse durante la detención de Marcos Álvarez y la sala admite que dichas declaraciones se prestaron "sin vulneración de derechos".