El juzgado de Palma retrasa a abril la subasta del palacete de Matas

El juzgado de primera instancia número 10 de Palma ha fijado para el 25 de abril la subasta pública de las tres fincas con las que el expresidente de Baleares, Jaume Matas, garantizó el préstamo que el Banco de Valencia le concedió para hacer frente a la fianza penal de tres millones que le fue impuesta en el marco del caso Palma Arena. Esto supone un retraso de tres meses respecto a lo previsto inicialmente.

A finales de enero la entidad bancaria solicitó que se fijara nueva fecha para la puja, después de que una semana antes el juzgado suspendiese la subasta que había fijada a petición de la propia entidad financiera, que en la actualidad se encuentra intervenida por el Banco de España. El Banco de Valencia presentó un nuevo escrito para solicitar la celebración, tal y como informaron fuentes jurídicas a Europa Press.

El principal imputado de esta causa no ha abonado los más de cuatro millones que adeuda a la entidad bancaria a raíz del préstamo, de forma que el juzgado deberá sacar a subasta no sólo la vivienda principal que Matas posee en el casco antiguo de Palma, sino también un inmueble que el expresidente del PP balear tiene en La Rambla y un local ubicado en la calle Sant Miquel.

El banco presentó en mayo del año pasado una demanda de ejecución hipotecaria por la que reclamaba al exjefe del Ejecutivo autonómico, en un plazo de 30 días, los tres millones de euros correspondientes al préstamo, a los que se suman más de un millón de euros por los intereses del crédito y los gastos procesales generados desde entonces.

El procedimiento no va únicamente dirigido contra Matas sino también contra su mujer, Maite Areal, por ser copropietaria del palacete, así como contra la madre del expresidente, cotitular del inmueble de Sant Miquel. Una vez los bienes patrimoniales salgan a subasta, cualquier ciudadano podrá pujar por ellos aunque en caso de que mediante este proceso no se alcance la cantidad adeudada, la entidad bancaria podría quedarse con los inmuebles en propiedad para su posterior venta.

En marzo de 2010, tras tomarle declaración durante dos días, el juez Castro impuso a Matas la fianza de tres millones de euros en el marco del caso Palma Arena, una de cuyas principales líneas de investigación se centra en el lujoso tren de vida llevado por el encausado cuando era máximo dirigente de la Comunidad Autónoma y que, de acuerdo a las pesquisas, no se corresponde con los ingresos que obtenía como presidente.

Los investigadores apuntan de esta forma a la relación de los elevados gastos de Matas con la presunta malversación de aproximadamente 50 millones de euros durante la ejecución del velódromo palmesano (2005-2007). Unos hechos que niega de forma tajante el expresidente, quien durante su declaración manifestó que parte del dinero que obtenía mensualmente por el alquiler del local de Sant Miquel no lo declaraba, justificando así que pagase en negro parte de los 400.000 euros que se gastó en reformar el palacete y negando haber rehabilitado la vivienda con fondos públicos.

Sobre Matas pesa además una petición de ocho años y medio de prisión en el marco de la primera pieza del caso que ha ido a juicio -la número 2-, relacionada con la contratación presuntamente irregular del periodista Antonio Alemany como redactor de los discursos del expresidente, así como con las subvenciones públicas que de forma fraudulenta habría recibido del Ejecutivo balear.