Justicia a cualquier precio

La justicia obtenida a cualquier precio termina no siendo justicia. Lo afirma la sentencia del Tribunal Supremo que ha condenado al juez Baltasar Garzón a una pena de inhabilitación de 11 años y a su expulsión de la carrera judicial, y ciertamente muchos ciudadanos, en España y en Latinoamérica, pueden alimentar en estos momentos la misma convicción, aunque por motivos diferentes. Habrá que suponer que el Tribunal Supremo ha emitido su fallo sin que mediara animadversión personal ni enojo corporativo, pero lo cierto es que esta decisión ha acabado con uno de los pocos símbolos de la justicia en el que confiaba una parte notable de esos ciudadanos y que esa es una noticia pésima, con un precio muy alto.

No se trata de ignorar los graves hechos atribuidos a Garzón. Según la sentencia, el juez autorizó que se intervinieran las comunicaciones entre los imputados en una importante causa por corrupción y sus abogados, sin excepción alguna y sin mención expresa de su identidad, y lo hizo, afirma el Supremo, sin que existiera ni el menor indicio de que esos abogados estaban utilizando su condición de tales para la comisión de nuevos delitos. Su convicción de que los imputados continuaban ocultando su dinero, y su temor a ver cómo personajes poderosos y ricos conseguían escapar a la investigación, no es argumento suficiente para anular el secreto de las comunicaciones ni para deteriorar el derecho a la defensa.

Pero eso no es lo que se juzgaba realmente en el Supremo, sino si la decisión de Garzón podía ser explicada por una interpretación incorrecta de las normas del derecho. No, afirman los siete magistrados, no existe otra explicación que el empeño deliberado de actuar fuera de "los medios usualmente admitidos en derecho" ni otra razón que el anhelo del juez instructor de colocar el "proceso penal español al nivel de los sistemas totalitarios", un juicio de intenciones asombroso para tan alto tribunal.

Ahí, en la clara voluntad de apreciar prevaricación, es donde se abre un agujero por el que asoman muchas dudas: ¿esa misma decisión tomada por otro juez que no fuera Baltasar Garzón hubiera merecido valoración tan severa?, ¿qué sucede con los fiscales y con los otros jueces que compartieron su decisión?

Va a resultar muy difícil que los ciudadanos no asocien la condena de Garzón a su personalidad, a su historia y a su protagonismo internacional, insufrible para una parte importante de la corporación judicial, y que el descrédito que todo ello acarrea, dentro y fuera de España, no vaya a suponer un desgaste altísimo para la justicia española en su conjunto.

La expulsión de Garzón llega, además, en un momento de fuerte desánimo social. Los ciudadanos, aplastados por una crisis formidable, llevan meses conociendo casos de corrupción que no se traducen en delitos ni se sustancian en castigo alguno, personajes del mundo económico que reciben cantidades asombrosas por gestiones desastrosas, indultos llamativos para personas poderosas y dificultades sin cuento para acabar con el fraude fiscal, el desvío de fondos públicos y las trampas de todo tipo que no se podrían llevar a cabo sin ayuda de avispados asesores legales.

Todo ello, junto a noticias sobre algunos jueces corruptos que reciben castigos inexplicablemente ligeros por embolsarse dinero fácil. Nada de eso justifica, por supuesto, acabar con el derecho a la defensa (¿no debería revisarse el caso de los acusados de terrorismo?). Simplemente, resulta difícil aceptar que, entre tantas denuncias por prevaricación como se han presentado, solo haya habido un juez, Baltasar Garzón, que mereciera que le arranquen la toga. Queden tranquilos sus colegas del Supremo. Ya le han echado. Triunfó la justicia, a cualquier precio, deben pensar. Quede tranquilo Baltasar Garzón. Los ciudadanos no olvidaremos nunca la honda emoción que nos hizo sentir el 16 de octubre de 1998 cuando ordenó la detención del general Pinochet.