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Los estamentos judiciales arremeten en tromba contra las críticas a la condena

Gabriela Bravo considera "intolerables" las opiniones contra la sentencia

Fernández tilda de "inapropiadas" las manifestaciones de protesta en apoyo a Garzón

La portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo. Ampliar foto
La portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo. EFE

Los estamentos del Poder Judicial no admiten críticas. El rechazo a la condena de inhabilitación que el Tribunal Supremo ha impuesto al juez Baltasar Garzón por las escuchas del caso Gürtel ha motivado la reacción de los órganos de gobierno de la judicatura en defensa de la resolución de los jueces. La presidencia del Supremo y Consejo General del Poder Judicial ha manifestado, a través de un comunicado, que Sala de lo Penal que ha condenado al exmagistrado de la Audiencia Nacional ha actuado "en el legítimo ejercicio de sus competencias y con absoluta independencia e imparcialidad". 

En ese sentido, rechaza las acusaciones de indefensión de Garzón al considerar que el fallo, "dictado por unanimidad, pone fin a un proceso judicial trasparente y lleno de garantías, como viene haciendo en todos los asuntos de que conoce".  Por tanto, prosiguen los jueces, "son de todo punto inaceptables los ataques tanto personales como institucionales que cuestionan de manera frívola y carente de fundamento la actuación del Tribunal Supremo, deslegitimando la institución y desacreditando a sus componentes, a los que se atribuye otras intenciones más allá de la recta e imparcial aplicación de la ley, lo que constituye un grave atentado al Estado de derecho" .

El comunicado defiende también "la función primordial que un Poder Judicial independiente desempeña en el Estado democrático y de derecho para salvaguardar los derechos y libertades de los ciudadanos y para asegurar que la aplicación de la ley sea igual para todos".

Poco antes de la difusión de esta nota, la portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, había asegurado que se ha colocado al Tribunal Supremo en una situación "crítica" por las opiniones contra la sentencia que ha condenado al exjuez.

Bravo, que ha evitado valorar la decisión de los jueces, ha mostrado su "preocupación" por la imagen internacional de la justicia española que puede dar "la trascendencia mediática de esta sentencia" y ha arremetido contra las críticas. "Estamos a la cabeza de Europa como justicia garantista", ha defendido antes de agregar: "Entiendo  que parte de la ciudadanía no comparta la resolución, pero me parece intolerable que se les llame fascistas por eso".

La vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Margarita Robles ha afirmado que la sentencia del Tribunal Supremo condena al juez Baltasar Garzón a once años de inhabilitación es "jurídicamente impecable" y se ha producido en el marco de un procedimiento "con todas las garantías". Tras criticar las "descalificaciones inaceptables en un Estado de Derecho" que ha recibido el Supremo, ha indicado que, aunque "entristece" la situación de Garzón, "la ley es igual para todos".

También el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, ha asegurado tener "certeza" de que el juicio contra el juez Baltasar Garzón se ha producido "con todas las garantías" y sin que haya existido "indefensión". Además, ha reconocido que este caso es "un magnífico ejemplo de brecha social" entre la justicia "de las leyes" y la percepción de los ciudadanos. Lo mismo ha dicho el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Juan Martínez Moya, quien ha apuntado que "no se deben tolerar las descalificaciones" que se están produciendo contra la sentencia.

En términos parecidos se ha pronunciado también el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que ha calificado de "inapropiadas" las manifestaciones de apoyo al juez. Fernández ha añadido que de esta manera se ha pretendido influir sobre el Supremo.

"Aquí somos todos iguales ante la ley, aunque uno se llame Baltasar Garzón", ha recalcado el titular de Interior en una entrevista radiofónica antes de indicar que "respeta y acata" la resolución, sobre todo al tener en cuenta la institución que la ha dictado.

"Se ha pretendido influir sobre el Tribunal Supremo, porque se han producido manifestaciones que son inapropiadas; no deja de ser llamativo que el Consejo General del Poder Judicial haya tenido que salir en amparo de la independencia nada más y nada menos que de los magistrados del Supremo", ha afirmado.