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ANÁLISIS

Promesas, promesas

La revisión del concordato es, de momento, un compromiso etéreo

Se entiende como posible respuesta a los “retrocesos” del Ejecutivo de Rajoy

“Vivimos en un país laico y cada vez seremos más laicos", proclamó Rodríguez Zapatero poco antes de llegar a la presidencia del Gobierno, en 2004. La palabra “laico” ya estaba en el discurso con que ganó a José Bono la secretaría general del PSOE, en julio de 2000. Pero el tiempo pasó y el Ejecutivo socialista no sólo no avanzó hacia la laicidad del Estado, sino que produjo un severo retroceso. Ocurrió en 2007, al final de su primera legislatura, con la revisión muy al alza (y sin contrapartidas) del sistema de financiación de la Iglesia católica mediante el IRPF de los españoles. Ahora, su sustituto, Pérez Rubalcaba anuncia que el PSOE “se replanteará seriamente la revisión del acuerdo con la Santa Sede”, que concede esos beneficios económicos, entre otros muchos. “¡Seriamente!”, enfatizó el nuevo líder socialista. Es un compromiso etéreo, solo como posible respuesta a los “retrocesos” del Ejecutivo Rajoy.

El caballo de batalla sigue siendo el llamado “Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos”, de 1979, por el que la Iglesia católica (y sólo ella entre todas las religiones presentes en España), recibe dinero de Hacienda para pagar los salarios de obispos y sacerdotes. Este año serán algo más de 252 millones de euros. Además, el Estado paga los salarios de decenas de miles de profesores de catolicismo en las escuelas públicas y privadas, y de cientos de capellanes castrenses, hospitalarios y penitenciarios. También subvenciona la conservación del ingente patrimonio arquitectónico eclesiástico, los centros religiosos de enseñanza concertados y otras muchas actividades de la jerarquía católica, por una cantidad total que se acerca a los 10.000 millones de euros.

“El Estado se compromete a colaborar con la Iglesia católica en la consecución de su adecuado sostenimiento económico, con respeto absoluto del principio de libertad religiosa”, dice el artículo segundo de ese concordato, firmado en Roma por el cardenal Villot y el ministro Marcelino Oreja, miembro relevante de la Asociación de Propagandistas Católicos (ACdP). Los ingresos del episcopado por ese concepto “no estarán sujetos a los Impuestos sobre la Renta o sobre el gasto o consumo, según proceda”, añadía el acuerdo. Proclamaba, además, “la exención total y permanente” del resto de los impuestos sobre todas las actividades eclesiásticas católicas. Paraíso fiscal absoluto.

Pero el artículo concluía con esta cláusula, la quinta: “La Iglesia católica declara su propósito de lograr por si misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades. Cuando fuera conseguido este propósito, ambas partes se pondrán de acuerdo para sustituir los sistemas de colaboración financiera expresada en los párrafos anteriores de este artículo, por otros campos y formas de colaboración económica entre la Iglesia Católica y el Estado”.

Pese a las décadas trascurridas, ningún Gobierno exigió el cumplimiento de ese apartado, conscientes del fracaso del mal llamado “impuesto religioso”, es decir, del mecanismo previsto en el IRPF para concretar esa financiación antes de buscar fórmulas menos confesionales. Los presidentes Adolfo Suárez, Felipe González, Leopoldo Calvo Sotelo y José María Aznar, predecesores de Rodríguez Zapatero en la Moncloa, no aceptaron la revisión. Simplemente, dejaron correr el tiempo y que los prelados rumiasen sus decepciones, asumiendo así que dependían de la generosidad (o pasividad) del poder civil, vista la proverbial tacañería del católico español con sus pastores.

El Ejecutivo Zapatero dio muestras incluso de suprimir ese procedimiento de financiación, sin más. Lo dijo en 2005 su vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, poco antes de anunciar la promulgación de una ley de Libertad de Conciencia que garantizase la igualdad entre religiones, “sin privilegios”. "El dinero para la Iglesia tendrá que ir a menos. Los obispos tendrán que cumplir su compromiso de autofinanciarse. No hay ningún país de Europa donde la Iglesia católica esté mejor tratada que en España", sostuvo De la Vega en noviembre de ese año.

Vana ilusión. No sólo no hubo la prometida ley de Libertad de Conciencia, sino que dos años más tarde de esas palabras, el Ejecutivo Zapatero cedía a los prelados el privilegio económico que Gobiernos de derechas les habían negado una y otra vez. Fue en enero de 2007, mediante un simple "canje de notas" entre el ministro de Asuntos Exteriores, entonces Miguel Ángel Moratinos, y el nuncio (embajador) del Estado vaticano en Madrid, el arzobispo portugués Manuel Monteiro.

El nuevo sistema elevó nada menos que el 34% el coeficiente del IRPF que recibe el episcopado por deseo de los fieles que ponen la equis en la casilla correspondiente (hasta el 0,7% de la cuota). Además, elevó a carácter "estable" el nuevo modelo. El Gobierno libraba así a la jerarquía de una de sus promesas incumplidas: la de autofinanciarse, el solemne compromiso del acuerdo económico de 1979, sustituto del Concordato franquista de 1953.

Ahora, el nuevo líder socialista amenaza con revisar esos acuerdos si el PP sigue adelante con las contrarreformas. Es promesa poco creíble, con los precedentes del reciente pasado. El Gobierno Zapatero, del que Pérez Rubalcaba fue ministro largo tiempo y poderoso vicepresidente el año pasado, no sólo hizo retroceder la laicidad del Estado en materia económica, sino que renunció también a cumplir la promesa de legislar sobre la “muerte digna” (vergonzoso eufemismo de la palabra eutanasia), y tampoco se esforzó lo suficiente para implantar la asignatura de Educación para la Ciudadanía. ¿Por qué no se cumplieron esas promesas? Se dijo que para acallar las críticas episcopales. Pese a todo, los obispos no pararon de acusar al Ejecutivo Zapatero de “laicismo radical”, incluso de persecución a lo católico. El papa Benedicto XVI se unió al coro episcopal durante sus viajes a España, reafirmando que ese “furibundo laicismo” del Ejecutivo socialista le recordaba las turbulencias de la II República, de cuyo desenlace sangriento fue cómplice la Iglesia católica apoyando desde el principio el criminal golpe de Estado y la larga dictadura del general Franco.