Gasto autonómico

El Estado, a través del organismo institucional de coordinación entre las Administraciones públicas, podrá intervenir para evitar que el desbordamiento de los déficits de las comunidades autónomas comprometa los compromisos de equilibrio presupuestario asumidos por el Gobierno de España ante la Unión Europea. Es lo que se deduce de las explicaciones genéricas de la vicepresidenta tras el Consejo de Ministros de ayer. No quedó del todo claro cómo se efectuará esa intervención, aunque parece descartado que pueda ser mediante una fiscalización preventiva por parte del Gobierno de los presupuestos de las autonomías.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) es el marco previsto para intentar un consenso sobre cómo compaginar el principio autonómico con el problema real de que quien responde ante la UE de los incumplimientos en materia de déficit es el Gobierno central. Una aproximación intentada hace meses por el anterior Gobierno fracasó: se trataba de que las comunidades fijaran un techo de gasto, de la misma manera que viene haciéndolo el Gobierno de España desde 2002.

La diferencia es que ahora, tras la reforma del artículo 135 de la Constitución, existe un mandato del más alto rango que obliga a todas las Administraciones públicas a “adecuar sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria” y a no incurrir “en un déficit estructural” que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la UE para sus Estados miembros.

La ley de la que habló Guindos es la que desarrolla ese precepto constitucional. Un control estatal previo de cada presupuesto no parece posible sin afectar al reparto constitucional de competencias entre el Estado y las autonomías, pero sí el compromiso de cada una de ellas de establecer un tope máximo de gasto, como adelantó la vicepresidenta.

La cuestión más peliaguda que debe resolver la ley es cómo verificar a tiempo el cumplimiento de ese compromiso y, si cabe, establecer sanciones. Sáenz de Santamaría dijo ayer que la sanción sería el último recurso. Una sentencia del Constitucional de julio pasado, anterior a la reforma constitucional, plantea la posibilidad de que el Estado imponga a las comunidades incumplidoras la obligación de elaborar un plan de corrección cuya idoneidad deberá ser comprobada por el CPFF. La capacidad de intervención que la sentencia reconoce al Estado habrá de producirse en ese marco.