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El juez del 'caso Fabra' se niega a demorar los plazos para el juicio

El expresidente de la Diputación de Castellón presenta un nuevo recurso de nulidad

El escultor Juan Ripollés, con Fabra en la inauguración del aeropuerto de Castellón el año pasado.
El escultor Juan Ripollés, con Fabra en la inauguración del aeropuerto de Castellón el año pasado.

El titular del juzgado número 1 de Nules se ha negado a prolongar el plazo para que las partes del llamado caso Fabra remitan sus conclusiones. El juez quiere mandar ya el asunto a la Audiencia de Castellón, donde se fijará la fecha del juicio al expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra, acusado de tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal.

La acusación popular había pedido la paralización temporal del proceso hasta que la misma Audiencia resolviera un recurso sobre el que empezó a deliberar hace más de un mes. Sin embargo, el juez ha decidido seguir adelante con los plazos. Así, según sea el sentido de la decisión de la Audiencia, posteriormente, se ampliarán o no las conclusiones. El recurso planteado por la acusación hace referencia a una posible ampliación de los imputados.

En cualquier caso, la defensa de Fabra sigue con su estrategia de demora, tal como ha hecho durante los más de ocho años desde que se inició la investigación. La última muestra de ello ha sido el escrito que ha presentado ante el juzgado de Nules en el que pide la nulidad del auto por el que el juez decidió dar por acabada la instrucción y solicitar las conclusiones a las partes para remitir el caso a la Audiencia, que es donde se debe juzgar a Fabra. El juez adoptó esta decisión después de que el Tribunal Supremo ordenara que Carlos Fabra fuera juzgado por todos los delitos que se le imputaban, contra la decisión de Audiencia de Castellón de declarar prescritos cuatro de los cinco fraudes fiscales de los que estaba acusado.

De esta manera, Carlos Fabra será juzgado por tráfico de influencias, cohecho y cuatro delitos fiscales por defraudar, junto a su entonces esposa, 1,2 millones de euros a la Hacienda pública.