La juez Cillán puso 18.000 euros de sueldo a “un amigo”

El Informe de la Inspección del Consejo del Poder Judicial sobre la juez Coro Cillán que ha dado lugar a que se le abriera un expediente disciplinario por tres faltas muy graves y una grave describe serias irregularidades supuestamente cometidas por la magistrada en relación con la firma Moma 56 S.L. Entre ellas, adoptar decisiones judiciales que implicarían un “trato de favor” de Cillán hacia amigos suyos (uno de ellos, "íntimo"). El trato de favor habría sido otorgar la gestión y administración de tres locales de ocio de Madrid a sus amistades con la intención de forzar posteriormente su venta por 900.000 euros. La Fiscalía de Madrid investiga además, a petición del Consejo, si lo acontecido con esta discoteca en el juzgado de Cillán, el 43 de Madrid, constituye prevaricación.

En las minuciosas diligencias hechas por el Poder Judicial constan testimonios sobre almuerzos y reuniones extraprocesales de la juez con una de las partes del proceso para gestar supuestamen te el precinto y cambio de administradores del local en favor de sus amistades. Existían diferencias entre los socios de estos establecimientos y, ante de la intervención de Cillán, el Juzgado 38 de Madrid había archivado una denuncia entre ellos. La juez, en escritos al Consejo, niega haber mantenido tales reuniones y las relaciones de amistad que se le atribuyen con una de las partes. Los hechos que describe la Inspección del Consejo en su informe, al que ha tenido acceso este periódico, arrancan el pasado 21 de septiembre. Cillán —la juez que en la actualidad investiga si hubo encubrimiento y falso testimonio en los atentados del 11-M— estaba ese día de guardia. Y acogió una denuncia “por administración desleal” interpuesta por Alberto Vos en representación de Moma 56, S.L. El denunciado era Fernando Robes Ibarra, que en ese momento administraba Moma 56, que abarca una discoteca, un restaurante y una sala de fiestas. Vos creyó disponer de hechos nuevos y se fue al juzgado de guardia de Cillán. Como medida cautelar, pidió el precinto del local y de las oficinas, argumentando que Robes podía estar destruyendo cuentas.

La fiscal de guardia Soledad García se opuso al precinto. Sostuvo que, antes de adoptar una medida así, había que ver si era verdad lo que se decía en la denuncia. Cillán no le hizo caso y “sin audiencia de la parte denunciada, acordó el precinto del local y de las oficinas". Henry Joseph Feltenstein, abogado del denunciado, se presentó en el juzgado para pedir a Cillán que revocase la orden y explicarle que el asunto ya había sido resuelto por el juzgado 38. La juez citó al día siguiente a todas las partes, menos a la fiscal, para interrogarles.

El denunciado dice que Cillán otorgó un trato de favor al denunciante

Las normas de reparto de los juzgados de Madrid permiten al juez de guardia adoptar medidas cautelares (por ejemplo, un precinto). Si bien, hecho esto, debe remitir forzosamente el asunto “al Juzgado Decano para su reparto”. Cillán no lo hizo. Se quedó con las diligencias. Fue una “decisión explícita” suya, dicen los inspectores. Tras precintar el local, nombró “administrador judicial íntegro de Moma 56 a Pedro Rodríguez Fernández”, con el que mantiene “una relación de amistad” y al que puso un sueldo mensual "en concepto de honorarios de 18.000 euros”. Según los inspectores, lo hizo de "manera absolutamente inmotivada”. Días después, designó a otros dos administradores más, Juan Antonio Flores y Francisco Javier Caballero Dotres, también “sin motivación”. Finalmente, dejó solo como administrador "a Caballero Dotres”, con un sueldo de “2.500 euros mensuales”. Los inspectores sostienen que Dotres es “amigo o amigo íntimo” de la juez.

Además, añaden que las diligencias desarrolladas en este asunto por Cillán son “una sucesión de escritos, documentos y comparecencias, sin resolución efectiva de las cuestiones planteadas (…), que reflejan el escaso rigor en la instrucción”. Y consideran “anómalo” que mantuviera en su poder la causa en contra “de lo que disponen las normas de reparto” del Decanato y pese a que el asunto le había correspondido con anterioridad al Juzgado 38. También le reprochan que obviara en el proceso al fiscal, que se opuso al precinto del local.