La firma de la familia Cotino cobró por un parking que no se hizo 336.000 euros

Había que construir un aparcamiento subterráneo y en altura de al menos 600 plazas para el hospital Doctor Peset, en Valencia, pero no se construyó, aunque la empresa adjudicataria cobró más de 336.000 euros. El concurso, al que se presentaron 17 ofertas, fue adjudicado en 2007 por la Consejería de Sanidad, a través de la Agència Valenciana de Salut, a la empresa Sedesa Concesiones, SLU, con un coste de 9,9 millones de euros. El parking, cuya explotación correspondía a la concesionaria por un periodo de 38 años, no llegó a ejecutarse. Sedesa Concesiones, firma del grupo empresarial que dirige Vicente Cotino, sobrino del actual presidente de las Cortes, Juan Cotino, solicitó en octubre de 2008 la resolución del contrato y pidió el “resarcimiento” de los costes, que evaluó en 336.380,05 euros. “No interesando a ninguna de las partes la continuación del indicado contrato de concesión de obra”, decía la empresa literalmente para justificar la rescisión, “de mutuo acuerdo se ha convenido la resolución del mismo”.

La Abogacía de la Generalitat, en un informe de diciembre de ese año, señaló que “ni en la propuesta de resolución ni en el expediente se ha hecho mención de la innecesariedad e inconveniencia del mantenimiento del vínculo contractual, tampoco se ha indicado la no concurrencia de otras causas de resolución imputables al contratista, ni se ha valorado, ni invocado, de forma expresa, el interés público”. La abogada de la Generalitat añadía: “Únicamente se han limitado a señalar que las obras no se han iniciado sin determinar la causa ni el porqué”.

De hecho, sólo en un informe posterior del Servicio de Mantenimiento, de febrero de 2009, en el que se basó la consejería, entonces dirigida por Manuel Cervera, para aceptar la rescisión, se apuntaba que “a pesar de que en un principio se estimaba plena disponibilidad de la totalidad de los terrenos, en la actualidad no es posible disponer de una parcela de 479,81 metros cuadrados necesaria para la construcción del aparcamiento subterráneo y en altura del hospital”. En el pliego de condiciones para la concesión, la Agència Valenciana de Salut, especificaba que el aparcamiento objeto de concurso afectaría “exclusivamente a terrenos de la Generalitat Valenciana, adscritos a la Consejería de Sanidad”.

La información está recogida en uno de los expedientes de contratación de Sedesa con la Generalitat a los que ha tenido acceso, tras haberlo solicitado reiteradamente, el diputado socialista Francesc Signes.

La Abogacía de la Generalitat también consideró que no se justificaban los costes que Sedesa exigió como resarcimiento por la anulación del contrato del aparcamiento del hospital Doctor Peset, unos costes que la Consejería de Sanidad acabó aceptando íntegramente. “Si bien es cierto que en la resolución por mutuo acuerdo los derechos de las partes”, señalaba en su informe, “se acomodarán a lo válidamente estipulado por las partes entre ellas (en este supuesto al parecer son las propuestas del contratista), no deja de ser más cierto que dicho acuerdo se debería establecer sobre los trabajos efectivamente ejecutados y que fueran de recibo, realizando la liquidación de los trabajos que el contratista hubiera eventualmente llevado a cabo, determinándose plenamente en el expediente”. La Abogacía de la Generalitat concluía que, “según lo indicado en la propuesta de resolución las obras no se han iniciado (sin indicarse por qué causa), por lo que salvo que se acredite otra cosa y no haya mediado culpa del contratista, sólo se deberán abonar los pagos de redacción del correspondiente proyecto”.

En la relación de gastos que la Generalitat pagó a Sedesa Concesiones por el aparcamiento no construido figuran el proyecto básico, que supuso un coste de 6.000 euros, y el de ejecución, que ascendió a 205.868,57 euros. A eso se añadieron otros costes, como licencias de obras, publicación en el diario oficial o garantías, además de salarios de un director técnico, un ayudante del director técnico, un técnico auxiliar, un director del proyecto, un asesor jurídico, un jefe de obra y un ayudante de jefe de obra.

“Parece evidente que ha existido en este caso un trato de favor”, asegura el diputado socialista Francesc Signes, que ha tenido acceso al expediente. “La consejería no sólo permite sin oposición la extinción del contrato sin establecer penalización alguna para la empresa adjudicataria, sino que llega a plegarse al abono injustificado legalmente de la totalidad de las indemnizaciones económicas exigidas, en un claro supuesto de connivencia no permitido por el ordenamiento jurídico vigente”.

Según Signes, que ha comenzado a revisar con detalle una cuarentena de expedientes de contratación del grupo Sedesa con la Generalitat en diversas áreas, seguramente la empresa se dio cuenta en 2008, una vez empezó a producir efectos la crisis económica, de que la explotación del aparcamiento (por la que debía pagar un canon de 75 euros anuales por plaza) no le generaría el margen de beneficio que había estimado. “Se benefició irregularmente a la concesionaria, reconociéndole un derecho a indemnización notoriamente superior al que, en aplicación de los criterios contenidos en el informe jurídico, hubiera podido tener derecho”, concluye.

En la relación de gastos que la Generalitat pagó a Sedesa Concesiones por el aparcamiento no construido figuran el proyecto básico, que supuso un coste de 6.000 euros, y el de ejecución, que ascendió a 205.868,57 euros. A eso se añadieron otros costes, como licencias de obras, publicación en el diario oficial o garantías, además de salarios de un director técnico, un ayudante del director técnico, un técnico auxiliar, un director del proyecto, un asesor jurídico, un jefe de obra y un ayudante de jefe de obra.

“Parece evidente que ha existido en este caso un trato de favor”, asegura el diputado socialista Francesc Signes, que ha tenido acceso al expediente. “La consejería no sólo permite sin oposición la extinción del contrato sin establecer penalización alguna para la empresa adjudicataria, sino que llega a plegarse al abono injustificado legalmente de la totalidad de las indemnizaciones económicas exigidas, en un claro supuesto de connivencia no permitido por el ordenamiento jurídico vigente”.

Según Signes, que ha comenzado a revisar con detalle una cuarentena de expedientes de contratación del grupo Sedesa con la Generalitat en diversas áreas, seguramente la empresa se dio cuenta en 2008, una vez empezó a producir efectos la crisis económica, de que la explotación del aparcamiento (por la que debía pagar un canon de 75 euros anuales por plaza) no le generaría el margen de beneficio que había estimado. “Se benefició irregularmente a la concesionaria, reconociéndole un derecho a indemnización notoriamente superior al que, en aplicación de los criterios contenidos en el informe jurídico, hubiera podido tener derecho”, concluye.