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Guía para no perderse entre trajes y cohechos

Después de tres días de juicio van encajando las piezas del complejo mecanismo utilizado para la apropiación ilegal de fondos públicos

Camps y Costa en el banquillo de los acusados.

Tres días después de que se iniciara el juicio a una etapa de Gobierno (2004-2008) en la Comunidad Valenciana, van encajando las piezas del complejo mecanismo utilizado para la apropiación ilegal de fondos públicos. Son las que siguen:

1.- Los jefes del PP valenciano (que manda en esa comunidad desde hace 18 años) y del Gobierno valenciano, se vestían en una tienda de ropa de Madrid por recomendación de quien era su amigo, Álvaro Pérez, El Bigotes.

2.- El Bigotes llegó a Valencia a finales de 2003 para dirigir una empresa de nueva creación llamada Orange Market, perteneciente al imperio de Francisco Correa, con negocios en numerosas administraciones gobernadas por el PP. Desde el primer día, El Bigotes hizo caja con Orange Market gracias a la generosidad del Gobierno valenciano (ocho millones de euros de facturación en cuatro años). Casi todas las consejerías del Gobierno del PP le adjudicaron contratos, la mayoría a dedo. Además, El Bigotes y su empresa organizaron en exclusiva todos los actos que celebraba el PP valenciano (varios millones de euros en facturación cada año).

La persona que vivía de los contratos que le adjudicaba el Gobierno valenciano y de los actos que le encargaba el PP valenciano, se hizo muy amigo del presidente valenciano y del secretario general del PP valenciano, a los que asesoraba sobre trajes y agasajaba con otros artículos exclusivos.

3.- Francisco Camps adquirió trajes en la tienda de Madrid que aconsejaba El Bigotes. Era austero en su vida -“racanillo”, según su abogado- pero no en su indumentaria. Compraba sus trajes habitualmente en El Corte Inglés a una media de 1.500 y 2.000 euros la pieza. Pero en Madrid (Milano o Forever Young) costaban la mitad y por eso se animó a seguir los consejos de El Bigotes, según explicó él mismo al juez. Cuenta que los pagó siempre en efectivo con dinero que la mujer sacaba de la caja de la farmacia que regenta en el centro de Valencia. En toda la causa (19.000 folios) no existe ni un solo testimonio de personal de la tienda de ropa que así lo acredite. Además, no guarda ninguna factura porque nunca las pide para que nadie piense que las carga al erario público. Aunque los establecimientos comerciales no necesitan que el cliente pida el recibo, pues lo emiten, se lo dan en mano o lo meten en la bolsa donde va la mercancía adquirida. Pero tampoco las tiendas guardan copia de los recibos emitidos a Camps.

4.- La tienda Forever Young guarda numerosos documentos (albaranes, hojas de pedido, certificados de pago, trasferencias bancarias) con la historia comercial del cliente Camps. Ninguno de esos documentos acredita que el ex presidente valenciano pagara sus trajes, sino todo lo contrario. Hay trasferencias bancarias y apuntes manuscritos de la propia tienda que probarían que esos trajes se pagaron con fondos de las empresas de la denominada red Gürtel.

5.- Con Ricardo Costa pasa lo mismo. Hay múltiples documentos de la tienda de ropa sobre varios trajes, pero el ex secretario general del PP valenciano asegura que solo compró uno y para acreditarlo muestra que sacó 1.000 euros de una cuenta corriente de su propiedad. Sus conversaciones con El Bigotes destapan una relación de compadreo muy especial.

6.- Una directiva de la trama, Isabel Jordan, fue el primer hilo que dirigió la investigación hacia la Comunidad Valenciana y Francisco Camps. En una conversación que le grabó un compañero, Jordan se quejaba de que la empresa que dirigía (Easy Concept, una firma de la red corrupta) tenía que asumir en sus cuentas el pago de regalos de trajes al ex presidente valenciano, Francisco Camps. Ella ha declarado ante el juez que lo dijo porque así se lo dijo quien llevaba las cuentas, Javier Nombela, otro trabajador de la trama, pero que no puede confirmarlo. La confirmación de eso que ella dijo sin tener las pruebas, solo la sospecha, llegó a través de la investigación judicial, que recabó los documentos y los testimonios que acreditan aquello que declaró en su día Jordan a un compañero que la grabó.

7.- Francisco Camps aseguró que su única relación con El Bigotes tenía que ver con los actos que organizaba para el PP de la Comunidad Valenciana. Las grabaciones escuchadas en el juicio demuestran cómo El Bigotes tenía poder e influencia en el Gobierno valenciano, al que le preparaba numerosos actos y le gestionaba entrevistas con distintas personas.

8.- Los acusados demostraron en sus años de negocio en la Comunidad Valenciana un criterio muy lucrativo para elegir a los corrompidos. Los que recibieron trajes, según la investigación judicial fueron:

- Rafael Betoret era jefe de gabinete de la consejería de Turismo del Gobierno valenciano. Tenía un cargo muy menor pero fue el que logró más trajes gratis. Su departamento fue el que más dinero adjudicó a la trama corrupta (más de la mitad de todo lo facturado en cuatro años). Desde que El Bigotes llegó a Valencia no hubo ninguna empresa distinta a la suya que hiciera para la Comunidad Autónoma el pabellón turístico con el que presumían en las distintas ferias.

- Ricardo Costa era jefe del PP valenciano, un cliente seguro con el que Orange Market facturaba varios millones de euros al año.

- Y Francisco Camps y Victor Campos eran presidente y vicepresidente del Gobierno autónomo.

9.- Los empresarios corruptos que supuestamente sobornaron a políticos se han sentado en el banquillo de los testigos, porque los jueces que instruyeron en Valencia esta causa saparada de la rama general del caso Gürtel, consideraron que no se podían sentar en el mismo banquillo de los juzgados por cohecho impropio. El Tribunal Superior de Justicia de Valencia celebra un juicio donde se sientan unos políticos por aceptar regalos. Y sin embargo, quienes pagaron esos regalos para sobornar a los políticos, acuden como testigos. Pero estos empresarios corruptos, obligados por la Ley a decir la verdad como testigos, han preferido guardar silencio para evitar que su testimonio pueda ser utilizado en su contra en los juicios que tienen pendientes por idéntico motivo en otros tribunales.

10.- Lo que olía a podrido antes de comenzar el juicio, sabe a podrido tres días después. Quedan algunas sesiones para que concluya la primera causa importante abierta a un presidente autonómico desde 1998, cuando el socialista Gabriel Urralburu, jefe del Ejecutivo navarro, fue condenado a 11 años de prisión y casi cinco millones de euros de multa por cohecho y fraude (cobró comisiones millonarias por adjudicar obras públicas a determinadas constructoras). A Camps, la acusación particular le pide tres años de cárcel y la fiscalía una multa de cinco meses y 15 días (41.250 euros).