Por un nuevo contrato social europeo

La Unión Europea está atravesando la más profunda crisis de su historia. Es financiera y económica, con graves consecuencias sociales. Pero es también una crisis política de la propia UE. La situación, de auténtica emergencia, se caracteriza por la aparición de problemas muy serios de financiación en varios Estados, que pueden producir una reacción en cadena y la recaída en una nueva recesión generalizada. Hace dos años hubiera sido impensable que tantas voces, algunas cualificadas, juzgaran que la ruptura del euro es una posibilidad. Dicha ruptura llevaría a la completa desnaturalización, si no a la destrucción, del propio proyecto europeo.

El giro político radical del Consejo Europeo, el 9 de mayo de 2010, se justificó para recobrar la confianza de los mercados financieros y permitir que sus agentes financiaran a los Estados europeos a tasas de interés razonables. Desde esa fecha, el Consejo, la Comisión y el BCE han promovido, o han impuesto, políticas de austeridad, basadas en el recorte del gasto público, y las llamadas “reformas estructurales” que han sido consagradas en el Plan de Gobernanza Económica y el Pacto por el Euro Plus. La próxima Cumbre del Consejo Europeo, del 9 de diciembre, iniciará el debate sobre una reforma del Tratado de Lisboa, para hacer de estas políticas el núcleo de un modo de gobierno económico reforzado de la zona euro.

Pero estas políticas han fracasado. En el terreno económico, la crisis de las deudas soberanas está más extendida y es mucho más aguda que antes, el crecimiento ha caído bruscamente en casi todos los Estados, y el desempleo ha aumentado allá donde los recortes presupuestarios han sido más fuertes. Las consecuencias sociales de la disminución de los salarios y las pensiones y de los recortes en los gastos de protección social, educación y salud son evidentes: más pobreza y desigualdad, aumento de la precariedad, y una fuerte erosión de la cohesión social. Al tiempo, se está debilitando la solidaridad entre las naciones.

Se promueve, desde las instituciones europeas, una erosión profunda del modelo social cuyos valores y principios son seña de identidad y elemento de vertebración de la UE. Se está quebrando el pacto social que, después de la II Guerra Mundial, permitió construir los Estados de bienestar europeos y el proyecto común que ha desembocado en la Unión Europea.

El sindicalismo europeo, agrupado en la Confederación Europea de Sindicatos (CES), ha rechazado con firmeza estas políticas y se ha movilizado contra ellas, en el ámbito europeo y en el de numerosos Estados. Por el momento no ha sido escuchado, a pesar de que los hechos están dando la razón a sus análisis y propuestas. Pese al profundo desencanto europeo de muchos trabajadores, seguimos diciendo que no hay otra solución que la profundización del proyecto europeo, pero con políticas muy distintas a las fracasadas e injustas que los actuales responsables políticos europeos nos están imponiendo. No es tiempo de Gobiernos de tecnócratas, sino de dar más terreno a la democracia social y política y a la participación ciudadana.

¿Qué proponemos para salir de esta crisis económica y política de la UE?

En primer lugar, acabar con los mecanismos de la especulación y asegurar la capacidad financiera de todos los Estados miembros, resolviendo de una vez la crisis de la financiación de los Estados. ¡Cómo es posible que Estados Unidos, con los principales indicadores peores que los del conjunto de la UE, y Japón, con una deuda pública del 225% de su PIB, pueda emitir sus bonos a 10 años a intereses inferiores al 2% y algunas naciones de la zona euro deban pagarlos al 7%! La respuesta es sencilla: porque no se actúa como una verdadera Unión. El solo anuncio creíble de una garantía absoluta de las deudas de los Estados pararía la especulación en los mercados. Los instrumentos de esa garantía son la emisión de eurobonos y la conversión del BCE en garante de último recurso.

La estabilidad de las finanzas públicas también preocupa, y mucho, al sindicalismo europeo. Pero los objetivos de reducción de los déficits y las deudas no se pueden alcanzar hundiendo las economías. El reto, posible, es alcanzarlos en plazos realistas al tiempo que se toman medidas, europeas y nacionales, para promover el crecimiento económico y la creación de empleo. Resulta asombroso que ante el alto riesgo de recaer en la recesión, los responsables políticos europeos sigan sin decir nada sobre crecimiento y empleo y los obvien en sus propuestas sobre reforzamiento de la gobernanza económica. La recuperación no va a venir de unas reformas estructurales cuyo núcleo duro son los recortes sociales, una concepción de la competitividad basada en la deflación de los costes laborales y el debilitamiento de la capacidad de negociación colectiva y la fuerza contractual de los sindicatos.

Basándonos en lo aprobado en el último Congreso de la Confederación Europea de Sindicatos (Atenas, mayo de 2011) pensamos que hoy, más que nunca, es necesaria una nueva política monetaria, económica y social, aplicada por un gobierno económico en el marco de una gobernanza económica fuerte de la zona euro, coordinada con la que se aplique junto con el reforzamiento de la gobernanza económica en la UE 27, pero con contenidos muy diferentes de los que nos proponen los Gobiernos. La política fiscal, empezando por los impuestos de sociedades y sobre las rentas del capital, debe ser común, en muchos aspectos, en la zona euro y estar armonizada en el conjunto de la UE. Necesitamos un tratamiento coherente de las dimensiones económicas, medioambientales y sociales del crecimiento. Junto con la industria, la energía y el medio ambiente, el gobierno de la economía europea debe dar prioridad a las políticas que promueven más empleo y de mejor calidad. Esto no es posible con un exiguo presupuesto inferior al que apenas representa el 1% del PIB. Es necesaria una institución financiera europea emisora de deuda, y no solo un Banco Central con la única función de controlar la inflación.

El Consejo Europeo del 9 de diciembre debería resolver lo inaplazable sobre deuda y crecimiento y establecer orientaciones claras en la perspectiva que proponemos. El movimiento sindical europeo no está defendiendo una posición de parte: creemos que al hablar así estamos defendiendo los intereses generales y contribuyendo a buscar soluciones a la gravísima crisis política de la UE. Los políticos europeos deberían ser conscientes de que no pueden marginar por más tiempo las opiniones y propuestas constructivas de quienes representamos el principal factor para la creación de la riqueza: el trabajo.

Es necesario establecer un nuevo contrato social y económico con la activa participación de los interlocutores sociales. Un nuevo contrato social europeo que sustituya al histórico, cuyos grandes capítulos deberían ser, entre otros: el empleo, los salarios —respetando la autonomía de los interlocutores sociales en la negociación colectiva—, las pensiones, la protección por desempleo, la educación y la salud.

El pacto fiscal, las políticas redistributivas de la riqueza y el derecho laboral y la negociación colectiva han sido los cimientos del más prolongado periodo de prosperidad y democracia en Europa. Fueron como el cemento que fraguó unas relaciones de trabajo modernas con una gran implicación de los trabajadores a través de sus organizaciones, en la vida de las empresas. Solo apoyándonos en estos valores y principios democráticos, que han definido el modelo social europeo, podremos salir antes y de manera más justa de la crisis, y garantizar la supervivencia, hoy gravemente amenazada, de la propia Unión Europea.

Exigimos que una futura revisión de los tratados se haga integrando una dimensión social de igual valor, y que se establezca una convención que prepare dicha modificación. Necesitamos una cláusula general de progreso social que promueva un “paquete plan de rescate social”, y vuelva a colocar a Europa en la vía del progreso social. Los derechos sociales fundamentales, en particular el que concierne a la negociación colectiva, deben ser respetados y fomentados en todas las medidas anticrisis. Frente a quienes quieren reformar los tratados solo para reforzar el Pacto de Estabilidad, pensamos que la modificación de los tratados, incluso limitada, no puede tener como únicos objetivos ejercer una presión constante sobre los presupuestos nacionales y reforzar la austeridad.

El progreso de la Unión Europea tiene que basarse en la cohesión social y la solidaridad en el interior de sus Estados y en la solidaridad y la cohesión política entre ellos. Para lograrlo, en estos momentos tan difíciles, hay que actuar en el ámbito común europeo y, también, reforzar el diálogo social, Por eso, realizamos estas propuestas, exigiendo que no se margine a los trabajadores en las soluciones y manifestando la voluntad de movilizarnos en el ámbito europeo para conseguirlo.

Firman este artículo: Ignacio Fernández Toxo, secretario general de CC OO; Cándido Méndez, secretario general de la UGT; Michael Sommer, presidente de la DGB (Alemania); Susanna Camusso, secretaria general de la CGIL (Italia); Bernard Thibault, secretario general de la CGT (Francia); François Cherèque, secretario general de la CFDT (Francia); Anne Demelenne, secretaria general de la FGTB (Bélgica), y Claude Rolin, secretario general de la CSC (Bélgica).