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Una de las consecuencias del éxito electoral de Amaiur es el reforzamiento de los sectores políticos de la izquierda abertzale a costa de los más militaristas, que quedan muy debilitados. A cambio, el frente soberanista se afirma como una de las cuatro patas del mapa político vasco, reforzando el frente nacionalista pero a la vez amenazando la hegemonía del PNV. Esto podría tener efectos desestabilizadores si Amaiur intentase forzar desde las instituciones los límites constitucionales y romper el consenso pese a todo existente en torno al marco autonómico.

El PNV se enfrentará pronto o tarde al dilema entre reconstruir con Amaiur el frente nacionalista de Lizarra (lo que solo podría ocurrir sobre la base del programa independentista), o apostar por la alianza con uno de los partidos constitucionalistas, PP o PSOE, con un programa autonomista. Tanto en las locales de mayo como ahora, al PNV le ha ido mejor en Bizkaia, con una política clásica autonomista, que en los otros dos territorios, con líderes y políticas más radicales.

La primera iniciativa de Amaiur ha sido ofrecer al PNV (y a NaBai) constituir un grupo parlamentario común para defender en Madrid “los derechos de Euskal Herria”, empezando por el derecho a decidir. Urkullu ha rechazado la envenenada invitación alegando que su partido no va a Madrid solo a defender los planteamientos identitarios, sino todo lo que afecte a los intereses de los vascos.

En declaraciones desde la cárcel publicadas ayer en el diario El Correo, Otegi no responde a la pregunta de si cree que la lucha armada ha servido para algo, pero sí reafirma que el compromiso de “ETA y la izquierda abertzale” de renuncia a la utilización de la violencia es “unilateral e independiente de cuál sea la actitud de los Estados”. A cambio, insiste en defender la validez de las reivindicaciones de la Conferencia de San Sebastián, que incluían la negociación de su propio programa soberanista. Pero ya sin la amenaza de volver a las bombas si sus propuestas no son atendidas.

Por ello, y a la vista de cómo han rodado las cosas en la práctica, resulta incoherente que Otegi fuera condenado a 10 años de cárcel por pertenencia a ETA justo en el momento en que se separaba de la banda mediante la propuesta por la que fue procesado (Bateragune), basada en la idea de que la violencia armada se había convertido en un lastre para la causa que defiende.