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ETA da luz verde a sus presos para pedir los beneficios previstos en la ley

El colectivo de reclusos anuncia solicitudes individuales y dice que las “respalda”

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ETA y su colectivo oficial de presos querían una solución conjunta para los reclusos de la banda. El Gobierno, el Partido Popular —que según las encuestas será el elegido para ocupar La Moncloa tras las elecciones del próximo domingo— y la Audiencia Nacional insistían en que cualquier beneficio tendrá que solicitarse según lo que disponen las leyes, y las normas penitenciarias se basan en el tratamiento individualizado de cada interno, sea o no terrorista. No hay más opciones. La pregunta, después del comunicado de ETA del pasado 20 de octubre anunciando el “cese definitivo de la actividad armada”, era si empezarían los presos de la banda a solicitar, uno a uno, los derechos que puedan corresponderles. Y la respuesta llegó ayer.

El comunicado del colectivo de reclusos (EPPK en sus siglas en euskera) publicado en el diario Gara anunció que en los próximos días comenzarán a presentarse peticiones individuales de beneficios. Aunque lo siguen llamando “reivindicación colectiva” —dicen que forma parte de una estrategia concertada—, abren la puerta a una especie de vía individualizadamente conjunta. Todo un cambio para un colectivo que durante décadas se ha negado a que sus miembros soliciten los beneficios previstos en la ley.

Hasta ahora la banda no autorizaba que se solicitaran ventajas penitenciarias

Que los pidan no quiere decir que se concedan en todos los casos. A partir de ahora se tendrá que verificar que cada preso que lo solicita cumple con los requisitos para las progresiones de grado, los permisos, o las libertades condicionales. Si no están de acuerdo con las decisiones que adopte la administración penitenciaria, podrán recurrir al juzgado de vigilancia de la Audiencia Nacional. En todo caso, el comunicado parece indicar a los presos que hay vía libre para pedir las condiciones más ventajosas posibles.

El colectivo sigue hablando del objetivo de la amnistía total, pero plantea en el comunicado unos “primeros pasos” de los Estados español y francés: “Respetar los derechos de los reclusos, liberar a los enfermos graves, dejar libres a aquellos que tendríamos que estar en libertad condicional y acabar con ese castigo político que es la cadena perpetua [en referencia a los 61 reclusos a los que se les ha aplicado la doctrina Parot]”. Nada nuevo. La novedad radica en lo que sigue: “El Colectivo de Presos Políticos Vascos quiere poner en práctica estas reivindicaciones. En ese sentido, los miembros del colectivo que están en estas situaciones van a hacer peticiones de libertad en los próximos días”. Y añade: “El Colectivo de Presos Políticos Vascos respalda públicamente esta decisión”.

A pesar de todo, siguen hablando de “reivindicación colectiva”

Es un discurso muy distinto al que mantuvo el colectivo en el documento en el que se adhería al Acuerdo de Gernika, hecho público el pasado septiembre. Allí criticaba “la perversa política de beneficios personales” que les ofrecía “el sistema carcelario construido por España y Francia”, con la intención de destruir su “carácter tanto político como humano”.

Los reclusos de la banda no han accedido históricamente a permisos, segundos grados y libertades condicionales porque las directrices de ETA así lo imponían. Su actitud en prisión ha sido la de llevar a cabo plantes y protestas diversas concertadas, el mismo día y a la misma hora, que han provocado que 377 de los 559 presos de la banda recluidos en cárceles españolas estén clasificados en primer grado —régimen cerrado—, sin posibilidad de acceder a ningún beneficio penitenciario. Los que se han apartado de las órdenes de la banda han sufrido en muchos casos la expulsión de ETA y del colectivo, y el rechazo del entorno hacia sus familias.

Se van a presentar peticiones de libertad en los próximos días

Esto es lo que, según parece, va a cambiar en los próximos días. El colectivo oficial de presos plantea cuatro puntos en el comunicado, en el que pide también, sin citar el nombre del partido, el voto para Amaiur. En primer lugar, habla de la liberación de los enfermos graves. En realidad, es algo que se viene haciendo ya en aplicación de la ley. Once presos con enfermedades graves han salido de prisión en los últimos años, la mayoría controlados con pulseras electrónicas. Fuentes penitenciarias aseguran que no hay más reclusos de extrema gravedad, aunque podrán examinarse nuevas peticiones si las hay.

El segundo punto es la libertad condicional. Es una pretensión de momento imposible para casi todos, ya que para ello es necesario que el recluso esté clasificado en tercer grado y solo hay dos en esta situación. Por lo tanto, tendrán que ir paso a paso, lo que probablemente —y siguiendo el principio jurídico quien pide lo más pide lo menos— tengan en mente hacer. Tendrán que solicitar pasar del primer al segundo grado, y de este al tercero.

Aún casi ninguno cumple los requisitos de la libertad condicional

Después, deberán cumplir los requisitos que establece el Código Penal para la libertad condicional: tener cumplidas tres cuartas partes de la condena; haber abandonado los fines y medios terroristas (lo que podría considerarse verificado tras el último comunicado de ETA); y haber colaborado con las autoridades. El Código Penal dice que estos dos últimos requisitos “podrán acreditarse” con, entre otros, la petición de perdón a las víctimas. El juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis de Castro, que controla las condenas de los 559 presos de la banda, afirma que el perdón será necesario en todo caso. Habrá que esperar a los escritos de los presos para ver qué ocurre con este requisito.

Finalmente, el colectivo pide el traslado de los reclusos al País Vasco y la derogación de la doctrina Parot. Lo primero es una decisión gubernamental que se puede tomar en cualquier momento si se considera que el nuevo escenario hace innecesaria la dispersión —en principio, los presos deben cumplir su pena en el lugar más cercano a su domicilio, criterio que se modificó por la lucha antiterrorista—. Lo segundo depende del Tribunal Constitucional.

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